Uno de los sectores sociales que más viene sufriendo altos grados de represión en Venezuela es la clase trabajadora, la más castigada en todos los sentidos en la catástrofe económica y social que se arrastra en el país por años. Pero se trata de la menos visibilizada, siendo uno de los sectores más vejados, que no solo son sometidos por un Gobierno infame sino por todo el arco del gran empresariado nacional, tanto ligados al oficialismo como a la oposición de los partidos patronales. Incluso en las “redes sociales”, es común ver a un amplio sector que, siendo partidario de la derecha, bien acorde a su reaccionario pensamiento, ante la dura represión a trabajadores de empresas públicas suele usar expresiones del tipo “se lo merecen” por haber apoyado antes o ser aún base del chavismo.

Pero justamente, los que suelen ocupar las páginas centrales en los medios son los de la oposición de derecha cuando sufren represión estatal o ven coartadas sus libertades, pues son los que cuentan con todo un aparataje para hacerse ver y sentir, así como los gobiernos que les son afín para visibilizarlos. Es que hay una cuestión de clase que cruza también toda esta situación, donde la represión, la violación de derechos sociales, económicos, políticos, de organización y humanos pesan doblemente sobre los hombros de la clase obrera y los grandes sectores populares [1].

El Estado cuenta con cuerpos armados para imponer por la fuerza sus intereses, que más allá de los diferentes regímenes, son hacer valer el poder del capital sobre el trabajo, con su fuerza pública organizada para la esclavización social –máquina del despotismo de clase–. Maduro se vanagloria de esa violencia estatal y del monopolio de la fuerza militar sobre el pueblo cuando elogia el accionar asesino de organismos como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), además de la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, y otros órganos represivos existentes.

Afirmemos de entrada que este elogio a los militares no es un atributo del oficialismo, desde la oposición patronal de derecha, nos hemos cansando de escuchar los llamados a las Fuerzas Armadas para que, pongan “orden” en la situación imperante, es decir, que le den un golpe de Estado a Maduro. Incluso con aclamaciones a sectores de los represivos organismos de inteligencia cuando éstos se dan vuelta, aún suena en la memoria la frase de Lilian Tintori y de todo el arco derechista sobre el “SEBIN bueno” sobre el ex jefe de este organismo que se sumó los planes de Trump/Guaidó, así como los elogios a aquellos que se dieron vuelta el 30 de marzo del 2019 en la intentona golpista. Sobre la continuidad en la historia nacional del aparato represivo en los diferentes regímenes, hemos desarrollado un extenso artículo titulado: Aparato represivo y las libertades democráticas en Venezuela, un recuento histórico.

Es que la catástrofe económica y social que atravesamos no ha acontecido sin su correspondiente incremento en la violencia de Estado, con un Gobierno que se ha sostenido cada vez más en los aparatos represivos. La represión a las protestas, el surgimiento de políticas de “terrorismo de Estado” contra los trabajadores y los más pobres, y una mayor arbitrariedad y descomposición del aparato represivo, son rasgos sobresalientes y distintivos de esta etapa del régimen chavista bajo el Gobierno de Maduro. Es claro que las políticas antiobreras y antipopulares del Gobierno en curso no se pueden imponer más que a través del ejercicio de la violencia estatal, política y social, los mecanismos de consenso de las épocas de bonanza son cosas del pasado.

Si con la bonanza petrolera primaba el consenso, es decir, esa capacidad de mediación y arbitraje, aunque sin dejar de estar presente la coerción, ahora sin esas viejas condiciones y haciendo frente a una catástrofe encaran la ingrata administración de la crisis a través de brutales ajustes, con la imposición de planes verdaderamente antiobreros y antipopulares. De allí que, con la explosión de la catástrofe, la faz represiva de los mecanismos de control pasó a primer plano para hacer que la pagara el pueblo trabajador.

Podemos decir, que hasta el momento la violencia contra el pueblo trabajador se ha ejecutado en dos niveles. Una represión que es masiva, y está dirigida a los sectores sociales más pobres, en clave de criminalización de la pobreza, sobre todo con la utilización de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y antes vía la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), sectores que reciben en su vida diaria el peso y las consecuencias nefastas del paquetazo de Maduro y los empresarios; pero golpeando también en las acciones callejeras de los trabajadores impidiéndoles incluso marchar por la vía pública como forma de protesta. Y otra represión más selectiva, que se eleva a niveles escandalosos por los grados de impunidad, implicando brutales ataques a la libertad sindical y a las libertades democráticas contra activistas obreros, dirigentes sindicales, que resisten y se encuentran, sobre todo, en el ámbito de las empresas del Estado.

El Gobierno de Maduro, para beneficio de su burocracia estatal y los capitalistas, arrebata literalmente la sangre de la clase trabajadora con sus salarios inexistentes y liquidación de conquistas elementales. Es un desangramiento sin parangón llevando a los trabajadores a una situación de mano de obra esclava, vida miserable e inconsistente como no se ha visto en el continente donde obreros mueren por no poderse comprar una medicina o no tener una atención médica acorde. Las denuncias de esta situación son continuas, como vienen haciendo los trabajadores petroleros en sus protestas, y que ponen de relieve la tragedia social de la clase trabajadora.

Burocracia, negocios, poder y los aparatos represivos de Estado

A su plan devastador contra el pueblo y de entreguismo, el Gobierno viene avanzando en su plan de transformación del poder estatal, destinado a eliminar la resistencia de los obreros, e incluso supresión total de todos sus derechos, ya que la presión de la clase obrera, aunque distorsionada y debilitada, aún está presente, y Maduro lo sabe. No en vano es toda esa animosidad contra los trabajadores que protestan porque ya no soportan más la situación de calamidades imperante. De allí ese poder de aparato militar y policial que desarrolla y que es brutal, que acompaña como sombra al cuerpo su bonapartismo (un poder estatal apoyado en la camarilla militar) autoritario y represivo con características directamente cuasi-dictatoriales.

Es claro que durante años el chavismo, bajo el período de Chávez, se ocupó de “estatizar” y controlar al movimiento obrero, logrando encuadramiento que, sin embargo, no prescindía de reprimir a aquellos trabajadores, activistas o dirigentes sindicales que llevaran adelante alguna política independiente con respecto al Gobierno, no aceptando bajo ninguna circunstancia el emerger corrientes de trabajadores fuera de su control, aun cuando los trabajadores se reivindicaran como chavistas. Cuestión que hemos desarrollado ampliamente en otros artículos. Lo que ha ocurrido bajo Maduro es que, en la medida en que la catástrofe económica se ha agravado, y la necesidad de imponer medidas cada vez más antiobreras y antipopulares, esta coerción y disciplinamiento por la fuerza pasó a ocupar su centro, como parte de la política para bloquear o neutralizar cualquier brote de descontento obrero y popular. La fuerza de la burocracia estatal se exacerba con el fortalecimiento, junto con las medidas represivas, de la organización burocrática militar y policial del aparato estatal.

Es que la burocracia estatal desarrollada bajo el chavismo descansa sobre intereses materiales, lo que la hace más represiva y anti-obrera en la medida en que defender tales intereses priman en función de su auto-conservación y su sobrevida. Desde el poder ellos perpetúan y consolidan los órganos de la coerción y la represión para mantener el control estatal y asegurar sus intereses materiales, no solo contra las pretensiones “destituyentes” o directamente golpistas de la oposición de derecha y el gobierno estadounidense, sino también contra el descontento obrero y popular.

Las particularidades del Estado venezolano, petrolero y rentista hasta la médula, con un histórico peso importante de la propiedad pública en empresas o áreas claves de la economía, cuestión que se reforzó bajo el chavismo, ha ido permitiendo el desarrollo de esa peculiaridad de la burocracia estatal que penetra y se asienta en las grandes empresas estatales y por esa vía con el conglomerado privado. A lo que se suma la gran presencia en dicha burocracia de los que detentan el monopolio de las armas, la fuerza y la violencia, los militares, tanto en la estructura gubernamental como en sus ramificaciones del Estado justo allí donde se genera renta.

Los mandos de la alta oficialidad militar no solo poseen poder de mando en la estructura jerárquico-militar como en cualquier Fuerza Armada, sino que detentan sobre todo poder de decisión en los asuntos centrales de Estado y de Gobierno, en la economía y en la política. Estamos frente a un Gobierno cívico-militar, donde las distintas facciones de poder, tanto las de origen civil como militar reclaman dirigir los destinos políticos del país y pujan internamente, pero en función de sus intereses materiales que le son propios, de allí que la cuestión de soberanía se diluye en medio de la severa crisis y la degradación del chavismo, travistiéndose en entreguismo en la medida que va siendo funcional a dichos intereses materiales de esta burocracia.

De allí también la corrupción campante que, al decir de Marx, “en medio del soborno se convierten todos los puestos del ejército y de la máquina de gobierno”: el saqueo de la caja del Estado por parte de esta burocracia genera lazos directos con grupos de poder económico, sean los asociados a altos funcionarios o no.

Mientras el curso de la situación les es más adversa a estos gobernantes, más implacables se vuelven contra los trabajadores que los cuestionan. La saña antiobrera y antipopular adquiere entonces su proporcionalidad directa a estos corpóreos intereses, con sus políticas de gran control social en las barriadas populares de los grandes conglomerados urbanos, así como la militarización de las grandes empresas estatales o la presencia ostensiva en las unidades productivas donde opera la represión selectiva. Se establece y se extiende también en garantizar a los grandes grupos empresariales y capitalistas de toda índole para mantener sus ganancias voraces, con el auxilio represivo cuando lo necesitan, o con la eliminación de leyes laborales o conquistas obreras con las que los trabajadores se defendían a la hora de negociar la relación obrera-patronal, por ejemplo, una convención colectiva en esa especie de “guerra de guerrillas” entre los trabajadores y los patronos.

Demoliendo así esta burocracia todo aquello que se consideraba garantizado por su intangibilidad: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales”, “Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”, rezan los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Trabajo que los trabajadores esgrimen ante la anulación por decreto de sus derechos, por parte de la misma burocracia que en el pasado reciente se vanagloriaba esa constitución y de esa ley el trabajo.

Pero el aumento represivo en la catástrofe, y dejando de lado todo su palabrerío, va de la mano también de la decisión del Gobierno de salir a rescatar al empresariado. La dolarización creciente de la economía no es sino uno de los más grandes subsidios que da el Gobierno a los capitalistas locales y también extranjeros para que optimicen sus ganancias con el supuesto fin de que “reactiven” la economía. A ello se suman los grandes incentivos con la eliminación de regulaciones y la exoneración de impuestos de todo tipo a las importaciones y exportaciones para las grandes empresas, así como todos los beneficios para las llamadas “inversiones” extranjeras, con sus extravagantes garantías, que no son sino el eufemismo que se usa para aprovecharse del botín que significa el país en el marco del curso privatizador que lleva adelante el Gobierno. Como muestra están también los grandes pactos con gruesos sectores empresariales, como el realizado con el gran pulpo económico de Lorenzo Mendoza con su industria Polar y ramificaciones que le ha permitido potenciarse y extenderse.

La lista de subsidios indirectos como la desgravación y otras ventajas fiscales concedidas a las empresas son innumerables, donde los beneficios suplementarios realizados por economía de impuestos se elevan a millones de dólares a depender del calaje de la empresa. Pero también los subsidios directos, específicamente en el sector petrolero es grande, que no es sino toda esa seguridad de reservas comprobadas sin necesidad de realizar gastos de exploración con garantías de décadas de explotación, de activos instalados valorados en millones de dólares que pasan directamente al control de transnacionales –sean estadounidenses, rusas, francesas, españolas, chinas, etc.– sin haber tenido que realizar en décadas anteriores los “riesgos” de inversión, y que fueron ejecutados y llevados a cabo en base al gasto estatal.

Reducir los riesgos y garantizar sus ganancias a los “inversores” en el sector petrolero y demás empresas claves que generen renta (centralmente hidrocarburos) para eso está la garantía del Estado, de allí que el Gobierno tiene que avanzar en eliminar lo que los empresarios dan en llamar ¨costos laborales¨, es decir, los derechos laborales conquistados por los trabajadores durante años y años de lucha obrera. Maduro ya tiene todo un camino andado con la eliminación del salario a la nada así y la lisa eliminación de la legislación laboral, a partir de donde los empresarios pueden hacer sus cuentas y los cálculos de sus puntos de equilibrio en sus negocios.

Todo esto, insistimos, para garantizarse los intereses materiales que le son propios como grupos de poder, que detentan el poder estatal en vinculación directa con los negocios privados de grupos empresariales surgidos al calor del chavismo y que aún se les da en llamar “boliburguesía”, así como los que se han fortalecido o reciclado en las últimas décadas. Pero el temor latente de toda burocracia a la resistencia obrera está presente, por eso la hostilidad represiva en la que han venido avanzando desde el Estado y que es cada vez más violenta.

La doble represión y dobles cadenas sobre la clase obrera

La oposición patronal y de derecha se queja de la represión, pero lo hacen con una doble moral, pues toda su dirigencia no tiene ningún problema en recurrir a los militares y organismos represivos para sus tentativas golpistas como se observó durante el primer cuatrimestre del año pasado, incluso cuando unos altos mandos militares de la inteligencia se dieron vuelta llegaron a elogiar a estos represores disidentes. Sus empresarios son los que piden el auxilio de la represión estatal cuando en sus empresas los trabajadores reclaman por sus derechos, tal como se puede observar en los conflictos en el sector privado, y más aún cuando sus negocios están vinculados con empresas del Estado como en el sector petrolero, por ejemplo. La historia demuestra cómo el autoritarismo estatal tuvo siempre como objetivo a la clase trabajadora y el conjunto de los explotados.

En el país se vienen realizando las más grandes violaciones a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde la liquidación del salario, el derecho a la salud, que constituyen la violación al derecho humano más elemental, el derecho a vivir. En Venezuela no solo se han transgredido los derechos como conquistas obtenidas en décadas de lucha que se fueron plasmando en las contrataciones colectivas e incluso en las leyes laborales, sino que abiertamente se han eliminado. La denuncia a esta situación ha sido generalizada entre los que la sufren, la clase trabajadora, drama para toda la población asalariada del país, aunque con poca capacidad para la reversión por ahora, por la debilidad de sus fuerzas, el previo proceso de estatización y cooptación –que anuló a grandes sectores de los sindicatos como organizaciones de lucha–, la desmoralización de amplios sectores ante la transformación de “su” gobierno en su verdugo, y golpeados por el látigo de la hiperinflación, que también “disciplina”. Una clase que, aun así, da pelea.

La represión que se concentra en la clase trabajadora es utilizando ya no solo los mecanismos represivos tradicionales, sino a organismos de Estado que supuestamente no tendrían el ámbito laboral como su área de intervención. Para “resolver” reclamos laborales y sindicales se hacen cada vez más presentes los organismos de inteligencia y contrainteligencia militar, los jurados militares, operando en niveles aberrantes y lleno de arbitrariedades dado sobre todo por la altísima impunidad. El giro bruscamente represivo operado bajo el gobierno de Maduro, ha mostrado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES-PN) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS-GNB) como el rostro represor contra los trabajadores que luchan. Ya no solamente es el uso tradicional represivo de la Guardia Nacional y organismos como la Policía Nacional como represión callejera o desalojo de obreros, es el uso de lo más “letal” creado con fines de contener todo aquello que se cruce en los planes del Gobierno.

En el movimiento obrero se llegó al extremo de la instauración de los “cuerpos combatientes”, que no es otra cosa que convertir a trabajadores para que actúen casi literalmente como “policías” del Estado en las empresas. Se les conforma como destacamentos auxiliares de las FF.AA. dentro de los lugares de trabajo, para “garantizar la operatividad de la empresa ante cualquier circunstancia”, recibiendo entrenamiento de los militares y respondiendo a su estructura de mando. Convirtiendo a tales “milicias” en un componente más de las Fuerzas Armadas.

Como extensión de la represión y coerción estatal, se ha incorporado fuerzas o grupos paraestatales (parapoliciales), como son los llamados “Colectivos” que ahora operan bajo la forma legal de “Cuadrillas de paz” con la legalización estatal directa. De allí esa forma más típica que han tomado las organizaciones paraestatales armadas del chavismo, que en su inicio en cuanto forma de “organización colectiva” en los barrios y utilizados de tanto en tanto para enfrentar a la oposición, pasaron a ser fuerzas con armas, sin ser parte oficial de los organismos de represión del Estado, pero que cumplían y cumplen la función de coerción, amedrentamiento, tal como lo hemos visto en las protestas en las zonas populares y en los centros de las ciudades actuando contra marcha de los trabajadores.

Con el argumento de combatir a la delincuencia, y como parte del control social se ha observado cómo a partir de 2015, el Gobierno despliega una política brutalmente represiva en los sectores populares, primero con operativos de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) y más tarde con la creación de cuerpos específicos como las FAES (2016), que realizan allanamientos de hogares, robo de pertenencias y ejecuciones extrajudiciales en las zonas populares, implantando estados de sitios y terror entre la gente de los barrios.

Hay una violencia contra los trabajadores que se concentra en las empresas del Estado, así como en la administración pública. La eliminación de los derechos laborales, incluidas las prestaciones sociales y el robo del trabajo de los obreros, a través de las políticas monetaristas y mecanismos de devaluación también es parte de esa violencia. Las empresas estatales más importantes han sido militarizadas y han colocado al frente de ellas, integrantes de las Fuerzas Armadas.

En PDVSA Maduro avanza sin mucho obstáculo en su plan aperturista, la represión no cesa, porque los trabajadores siguen reaccionando ante el hecho de que les han arrebatado todas hasta las más mínimas conquistas sociales. Además de los despidos, jubilaciones forzosas de dirigentes sindicales que no les son afín, se eliminan los comedores, se extingue el sistema de salud, los jubilados están abandonados, los sueldos son miserables y los obreros mueren de enfermedades y de infecciones. A los reclamos se les responde con hostigamientos y detenciones. La avanzada que ha venido teniendo el Gobierno entre los petroleros con represión mediante la actuación de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar para doblegar la voz de protesta ha sido inédita, dando un salto en el último período con el objetivo de doblegar la lucha de los trabajadores.

Se desarrolla una persecución policial-militar que se ha desatado contra trabajadores petroleros organizadores de asambleas obreras, llegando a niveles en que trabajadores petroleros y dirigentes sindicales son detenidos dentro de la propia empresa por el simple hecho de convocar asambleas. Tal como aconteció a finales de enero con el caso de los dirigentes sindicales petroleros Marcos Sabariego y Gil Mujica en la Refinería El Palito, estado Carabobo, centro costero del país; en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en el occidente, donde un grupo armado, con anuencia policial, asaltó la vivienda de los dirigentes sindicales Dolores Herrera y Gustavo Yánez, y donde tres dirigentes obreros fueron apresados presuntamente por la DGCIM.

Pero esto no solo sucede en el sector petrolero, se observa en las industrias básicas donde se llegó a detener arbitrariamente a Jesús Guevara, trabajador del Complejo Siderúrgico Nacional-Planta Casima (antigua Sidetur) por funcionarios de la DGCIM, por el más común de los hechos, el tener un panfleto colgado en su oficina con la demanda de “Salario digno”, poco después una comisión de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), Guardia Nacional y un Tribunal desalojaron de su sede al Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac) en dicho Complejo Siderúrgico. Existe infiltración de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en las empresas, tal como se denunció recientemente en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) donde se hacen pasar por trabajadores

Están los casos emblemáticos de Rubén González y Rodney Álvarez de la Ferrominera del Orinoco. En el estado Sucre se detuvo a tres líderes sindicales, Ramón Gómez, Carlos Ochoa y Cesar Morales, recluidos en la Policía del estado Sucre por exigir al gobernador Edwin Rojas que cancelen las deudas y pasivos laborales a miles de mujeres y hombres que dependen de su gobierno. La lista es larga para desarrollarla completa en este artículo, los presentados apenas son una muestra, todo esto sin contar muchos casos que no salen a la luz pública.

La encerrona de la clase trabajadora y cómo salir del drama imperante

La clase obrera venezolana está atravesada por una gran encerrona. Si por un lado tiene a un Gobierno que la somete con brutales planes de ajuste y con una creciente escalada represiva, por el otro lado tiene a una oposición patronal de derecha que, armada de una gran demagogia, propicia también el sometimiento y doblar las cadenas de los trabajadores y con llamados a que los militares pongan “orden” en la actual situación incentivando aventuras golpistas, además de propiciar el injerencismo de Estados Unidos y hasta el intervencionismo militar. Una oposición que sin estar en el poder muestra su rostro antidemocrático, represivo y entreguista, todo esto por si no basta su pasado histórico.

A finales de febrero, momentos en que escribimos este artículo, se acaba de celebrar un aniversario más del Caracazo, donde se pudo ver toda la saña de estos pregoneros de la oposición de derecha cuando detentan el poder, tal como lo escribimos en un reciente artículo:

La muestra más cruda de la violencia estatal de la democracia representativa contra sus representados se dio con la brutal masacre que siguió a la revuelta popular del 27-28F del ’89, el Caracazo. Luego de no poder sofocar la protesta con la habitual represión de la policía y la Guardia Nacional, sacaron al ejército a la calle, fusiles y tanques contra las masas, los barrios y las casas: ¡en unos pocos días se cobraron cientos o miles de muertos y desaparecidos, muchos lanzados a fosas comunes clandestinas!

Por eso es que afirmamos que, ante la pugna de poder entre la camarilla cívico-militar y la oposición pro-imperialista, cualquiera de los dos que se imponga, habrá continuidad de las fuerzas de represión antiobreras y antipopulares. La oposición también sabe que para aplicar sus severos planes económicos para garantizar los negocios capitalistas tendrán que ser impuestos con todo el aparato represivo estatal, y para ello ya se preparan, como lo desarrollan en su propuestas económicas y políticas, son los que aplauden las sanciones económicas sobre el país que aumentan las calamidades del pueblo.

Los trabajadores y las trabajadoras si bien necesitan deshacerse del lastre que impone el Gobierno, también deben desechar cualquier esperanza en esa oposición de derecha que anhela llegar al poder al servicio de los poderosos de siempre. Aunque es real que la clase trabajadora no la tiene fácil en las actuales circunstancias, teniendo que remontar casi de nuevo sus formas de organización y lucha. Como escribimos en un artículo:

A la clase trabajadora venezolana se le presentan grandes desafíos, pero lo tienen planteado en una situación donde sus condiciones objetivas se han visto altamente debilitadas y su subjetividad, tomada en su conjunto, bastante baja. No es para menos, como hemos explicado más arriba, ha sido fuertemente golpeada en esta crisis, viendo reducida sus fuerzas y llegado a niveles casi de mano de obra esclava. El papel del chavismo en la estatización y cooptación de las organizaciones obreras jugó un papel importante en esto. Los trabajadores y las trabajadoras hoy resisten donde pueden y como pueden. Sobre esto actúa la fuerte regimentación que ejerce el régimen de Maduro, el escalado autoritarismo y la represión imperante en el gobierno, el uso de fuerzas paraestatales (“colectivos”) para amedrentar al movimiento de masas.

La gran lucha contra la represión, la abolición de todas las leyes represivas, los estados de excepción permanente, por la defensa de las libertades democráticas y contra la criminalización de la protesta, por ni un solo preso por luchar, tiene que ser una gran bandera del conjunto de los trabajadores y el pueblo, pues justamente es contra quienes se redoblan las cadenas represivas y los vejámenes por parte de los sectores dominantes, incluso sobre quienes recaen también cuando cambian los gobiernos.

Se impone en primer término la disolución de todos los órganos de represión del Estado y sobre todo de la disolución inmediata de las fuerzas paraestatales (parapoliciales), así como levantar con todo la pelea por el fuera los militares y los servicios de inteligencia de las empresas, fábricas y lugares de trabajo, abajo todas las leyes represivas que criminalizan la protesta obrera y popular y por la defensa de las libertades democráticas, abajo el estado de excepción permanente, ni un trabajador preso por luchar, libertad inmediata de Rodney Álvarez y Rubén González y todos los trabajadores detenidos por estar al frente de las luchas obreras, por la anulación de los juicios a trabajadores y campesinos por luchar, por el derecho de la juventud a manifestar en las calles, por el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las violaciones de DD.HH.

La clase trabajadora, en alianza con los sectores populares, campesinos pobres, las mujeres y la juventud, es la única que puede romper efectivamente esas cadenas, levantando banderas genuinamente de defensa de los derechos democráticos de manera independiente de cualquiera de los bandos actuales en pugna. La única garantía de nuestras libertades democráticas es la lucha con nuestros propios métodos. Se trata de una pelea que al calor de la misma se desarrollen organismos propios de los trabajadores como parte de la autoorganización que permitan aglutinar las fuerzas obreras alrededor de un gran frente único por estas banderas, y al calor de esta pelea ir levantando la necesidad de un programa de emergencia obrera y popular para acabar con esta catástrofe y que la crisis no la sigamos pagando los del pueblo trabajador, sino que la paguen los de arriba.

Desde nuestro punto de vista creemos que los trabajadores tienen la imperiosa necesidad de construir una herramienta propia, un partido revolucionario que se plantee la lucha por el poder y avanzar hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre. Solo un gobierno así puede destruir realmente esos aparatos represivos y reorganizar el poder político en función de los intereses de las mayorías del país y terminar con los males a que nos condena esta sociedad dividida en clases.