Racismo institucional. Estado español: inmigrante muerto en cárcel de Archidona habría sido asesinado por la Policía

Esta muerte se produce como consecuencia directa del racismo de Estado que se materializa en el control, la expulsión y, en última instancia, la eliminación de las personas migrantes y racializadas. El racismo de Estado pone en marcha dispositivos coloniales de control y eliminación de las personas consideradas por debajo de lo humano, deshumanizadas, pone a nuestros hermanos en el peligro de una muerte prematura.

La violencia racista institucional para estas personas ha sido constante desde el momento en que llegaron a territorio europeo. Una vez recluidos en la cárcel-CIE de Archidona, nuestros hermanos han resistido a su encierro y a su deportación y han denunciado su situación con las herramientas de que disponían. Estas muestras de dignidad han sido respondidas con más violencia, más vejaciones y más deshumanización. De hecho, la noche anterior a la muerte de nuestro hermano se produjeron palizas, y muestras extremas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el CIE de Archidona, como atestiguan los videos del interior de la cárcel que circulan por las redes, y sabemos que no era la primera vez.

El Estado legitima sus prácticas políticas, jurídicas y policiales en contra de la población migrante y encubre una violencia racista, deshumanizadora. Los inmigrantes, personas racializadas, en este caso “moros”, son criminalizados y construidos como invasores. El delegado de Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, dijo que su llegada constituía “un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la Unión Europea”. El poder blanco español pone en marcha lógicas y maquinarias de guerra contra los migrantes africanos. En nuestra memoria migrante/racializada hoy están presentes Osamuyi Aikpitanyi de Nigeria (2007), varón nigeriano de 47 años (2008), Jonathan Sizalima de Ecuador (2009), Mohamed Abagui de Marruecos (2010), Samba Martine de Congo (2011), Idrissa Diallo de Guinea-Conakry (2012) y Aramis (Alik) Malukyan de Armenia (2013) asesinados por Europa en el CIE de Zona Franca en Barcelona y el de Aluche en Madrid. Así como están presentes los moros, gitanos, negros y sudacas acorralados en las calles, las comisarías y las cárceles del Estado español por su racismo institucional.

Manteniendo su memoria viva y sabiéndonos con el deber de denunciar que las vidas racializadas importan, que hay hermanos aún en Archidona, en Zona Franca, en Aluche, en el CETI de Melilla, en el de Ceuta.

Tenemos que avisar, una vez más, que no ayudan a nuestros hermanos posicionamientos tibios de regulación del dispositivo, de “humanización” de lo inhumano. El enfoque legalista que denuncia que las condiciones en la cárcel no son las del CIE, como si en este fueran mejores, no hace más que legitimar la violencia racista y colonial del Estado. Tampoco ayudan posiciones políticas que no apuntan a la raíz del problema: el racismo de estado y su genealogía colonial. No se trata de un problema de “pobres”. Las personas recluidas en los CIE no son sencillamente “personas pobres”. Son personas que provienen de las ex colonias, personas racializadas cuya condición es violentada de forma radical por las instituciones racistas garantes de la supremacía blanca y los hipócritas discursos civilizatorios de la Europa moderna y su maquinaria aniquiladora de la vida, nuestras vidas.

Exigimos el cierre de todos los CIEs, la derogación de la Ley de Extranjería y la dimisión del ministro del interior, Juan Ignacio Zoido, como primer responsable de la muerte de nuestro hermano, así como del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el director de la policía, Germán López Iglesias. No nos podemos permitir que las muertes de las personas racializadas sigan sin importar, sigan sin contar.