El pasado año 2022 nos ha dejado muchas experiencias de lucha, muestras de solidaridad y lecciones en las que apoyarnos para los futuros combates de la clase trabajadora.
Alex León @A10Leon
Martes 10 de enero de 2023
El año en que entró en vigor la nueva reforma laboral del Gobierno “progresista”, las y los trabajadores seguimos empobrecidos y precarios. Las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, con la subida de precios de la energía y el combustible -con la que las eléctricas están haciendo beneficios millonarios- y en general de los precios de los alimentos, que han experimentado la mayor inflación de los últimos 40 años, han golpeado duramente los bolsillos de la clase trabajadora durante el año que se fue. Mientras tanto, los convenios que las burocracias sindicales están empezando a pactar con las patronales tras el parón de la pandemia están dejando nuestros sueldos virtualmente congelados a pesar de la inflación de 2021 y 2022. Un panorama sombrío que, sin embargo, también ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos procesos de lucha de clases.
Desde las luchas contra la inflación y por la recomposición salarial acorde al IPC, como en el sector del metal en Bizkaia y Cantabria, en Inditex, Correos o TMB de Barcelona, hasta los conflictos en defensa de la sanidad y la educación públicas, movimientos de solidaridad contra la represión sindical y luchas y victorias protagonizadas por mujeres en los trabajos de cuidados. En este artículo queremos hacer un breve repaso de algunos de los principales procesos que hemos visto este año y que son un punto de apoyo para las luchas que vendrán en 2023.
La reforma laboral “progre” que sirvió para mantener el statu quo
El relato de “acuerdo histórico” del que hicieron gala Yolanda Diaz y el Gobierno tras pactar la reforma laboral con la CEOE y los sindicatos, quiso emular las grandes negociaciones con las que las burocracias de CCOO y UGT entregaron a la clase trabajadora por un plato de lentejas, como fueron los Pactos de la Moncloa de 1977. Pero como escribió Marx, la historia se repite dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa.
Con el antecedente de la inflación de 2021 -debido fundamentalmente a la crisis energética- y el ejemplo la huelga del metal en Cádiz, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, con la inestimable colaboración de la burocracia sindical, sellaron la reforma laboral para tratar de contener un posible proceso de lucha que comenzaba a inocularse en los sectores más avanzados de la clase trabajadora. La llamaron “derogación”, pero no fue más que la ratificación de las reformas antiobreras que había hecho el PSOE y el PP durante las últimas tres décadas.
La nueva reforma laboral, lejos de ser la derogación prometida por Unidas Podemos, vino a maquillar la precariedad laboral y el desempleo. El relato de acabar con la precariedad y la temporalidad es falso. Lo pueden acreditar miles de jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores indefinidos en jornadas parciales con un salario de miseria insuficiente para pagar un alquiler y asumir la inflación.
Por la tibieza de los avances y la profundización de pérdidas de derechos como el mecanismo RED el sindicalismo alternativo, abogados laboralistas y la izquierda anticapitalista, defendimos que lo que se hizo fue una verdadera revalidación de las contrarreformas laborales del PP y el PSOE.
Así, mientras el Gobierno, CCOO y UGT y la prensa progresista trataron de vender la reforma laboral como un avance, la mayoría de sindicatos de la izquierda sindical trataron de coordinar la lucha por la derogación de todas las reformas laborales, incluida la de Yolanda Díaz. Estos esfuerzos, lamentablemente, no lograron poner en pie un movimiento desde abajo que tumbase la reforma desde los centros de trabajo.
Un mes después de aprobar la reforma, viéndose en dificultades para venderla como algo positivo, el Gobierno, la CEO y las burocracias de CCOO y UGT pactaron una miserable subida del salario mínimo. Por fuera de esta quedaron todos los sectores con salarios por encima del actual SMI, que solo han obtenido pérdidas de poder adquisitivo a raíz de la inflación. Mientras el IPC en 2022 es del 8,4% de media anual, la subida de salarios se quedó en 2,65%. Este es el marco en el que la lucha obrera ha vuelto para quedarse.
Contra la inflación, luchas por subida de salarios acorde al IPC
La subida del coste de la vida a causa de la inflación ha sido el motor principal de las luchas de sectores de trabajadores en 2022. Decenas de conflictos surgieron para tratar de evitar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, por lo que su demanda principal era que el convenio igualara la subida salarial anual al valor del IPC real. Si el año 2021 nos dejó la lucha del metal de Cádiz, el 2022 nos ha dejado decenas de jornadas de huelga en el sector del metal de Cantabria y de Bizkaia.
Más de 20.000 trabajadores del sector del metal cantabro mantuvieron el pulso durante 20 días con un 95% de seguimiento de la huelga y fuerte presencia en los piquetes exigiendo la subida salarial acorde al IPC, además de otras demandas. El presidente de la Comunidad Autónoma, Miguel Ángel Revilla, llamó a los trabajadores a disolver la huelga afirmando que “no están los tiempos para huelgas”. Así, el Gobierno autonómico militarizó las zonas donde tenía lugar la huelga con enormes dispositivos policiales. Tras 20 días de huelga CCOO, UGT y USO llegaron a un preacuerdo con Pymetal que fue ratificado en una multitudinaria asamblea de más de 1200 trabajadores.
La negociación del convenio de metal de Bizkaia, que afecta a 52.000 trabajadores, también fue motivo de conflicto para evitar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Otras empresas, como Mercedes-Benz, también estuvieron en huelga por este motivo. El conflicto sigue en activo, por lo que se espera que si no se logra llegar a un acuerdo pueda haber nuevas jornadas de movilización en 2023.
El sector del transporte público también ha protagonizado procesos de lucha. El más importante fue el la lucha de los buses urbanos de Barcelona (TMB), que culminó con una importante victoria obrera. El conflicto empezó en el pasado septiembre con un altísimo seguimiento, coincidiendo el primer paro con las fiestas de la Mercé. La asamblea resolvió continuar con la convocatoria de huelga y piquetes en las cocheras, manteniendo el conflicto indefinido también durante el mes de octubre. La lucha acabó tras la victoria de los trabajadores logrando un aumento de salario de casi el 9% y gran parte de las reivindicaciones. Un gran ejemplo de cómo hacer frente a la inflación y a sus terribles consecuencias. Frente al discurso del Gobierno y las burocracias sindicales, que apenas exigen un 2,5% de aumento salarial en el marco de una inflación que llegó de un 8,9%, la plantilla de TMB demostró que los triunfos se consiguen con la organización y los métodos de lucha de la clase trabajadora.
En otoño también vimos cómo se recrudecía el conflicto del bus urbano de Zaragoza, tras 3 años de negociaciones infructuosas. Ante la falta de acuerdo, la plantilla decido en referéndum con más de un 80% a favor, intensificar los paros parciales. Frente a estas protestas, los trabajadores de AVANZA sufrieron campañas de desprestigio, descalificaciones y ataques. Prácticamente a diario, desde los periódicos, las radios y las televisiones controladas por la burguesía de Zaragoza, se lanzaron consignas contra los trabajadores en huelga. Finalmente se llegó a un acuerdo refrendado por el 76% de la plantilla con una subida salarial del 8,5% y una cláusula de revisión de precios del 75% de la suma de los IPC.
El Black Friday, como no podía ser de otra manera, también nos dejó jornadas importantes de huelgas en gigantes del comercio como Amazon, Inditex o Correos. Cada vez más este día infame, en la que las grandes empresas cosechan ganancias obscenas, se convierte en una fecha clave para echar un pulso a las patronales.
Los sindicatos Co.bas y CGT convocaron una concentración con motivo del Black Friday en las oficinas centrales de Amazon en Madrid como parte de su campaña por subidas salariales acorde al IPC. También estuvieron presentes trabajadorxs de Correos, que convocaron días posteriores una huelga para exigir mejores condiciones y subidas salariales. Como expresó uno de los delegados sindicales de CGT Correos "Veo muchas similitudes con los trabajadores de Amazon. Porque no estamos enfrentando un problema particular, sino un modelo de negocio que empobrece nuestras vidas. A pesar de las diferencias entre las empresas, también vamos a la huelga para exigir subidas salariales ligadas al IPC".
En Inditex, una de las mayores empresas españolas, las trabajadoras de A Coruña primero y posteriormente de todo el estado, iniciaron una campaña por subidas de salarios y por la igualdad salarial de la plantilla. Las trabajadoras de la empresa del “buen patrón” Amancio Ortega en la provincia gallega consiguieron un extraordinario triunfo con subidas salariales de 322€ en las primeras jornadas de movilización, pero su mayor victoria fue darle moral al resto de las trabajadoras y trabajadores del Estado para extender la lucha. Por ello a principios de año vimos como en el inicio de las rebajas cientos de trabajadoras de la Inditex se manifestaron en la calle Preciados de Madrid frente a dos de las tiendas insignia del grupo Inditex para exigir los mismos aumentos salariales que sus compañeras gallegas.
Esta huelga es un punto de apoyo importante por la batalla salarial que se viene desarrollando actualmente espoleada por los altos índices de inflación. Inditex no es una empresa más, ya que agrupa a muchas de las marcas de moda más conocidas y extendidas del mundo, además de ser un ejemplo de gran multinacional con tentáculos en todo el planeta y sometiendo en algunos lugares a sus empleados a condiciones de auténtica miseria y explotación.
En defensa de la sanidad y la educación públicas
El desmantelamiento generalizado de la sanidad y la educación públicas que vemos en todo el Estado lo demuestran los PGE del Gobierno de PSOE-UP. El presupuesto en sanidad sube tan solo en un 1,4%, mientras el presupuesto militar ha subido un 20%, en un contexto donde la tasa media anual de inflación está en torno al 9%. Esta dinámica toma un especial impulso en Madrid con las políticas neoliberales del Gobierno de Ayuso.
La crítica situación de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid es ya conocida por todo el mundo: citas telefónicas que han sustituido a las presenciales, listas de espera interminables, desmantelamiento de la atención primaria, niños y ancianos que mueren sin ser atendidos en las salas de urgencias por falta de médicos. Por ello la defensa de la sanidad pública madrileña ha dado lugar a una de las mayores movilizaciones de los últimos años. En los últimos meses del año, distintas manifestaciones, huelgas y concentraciones en defensa de la sanidad han llenado las calles, siendo la más sonada la manifestación de la Marea Blanca del 13 de noviembre, que congregó a cientos de miles de personas en Madrid.
El nuevo modelo de urgencias diseñado con el que el Gobierno de Ayuso en un primer momento generó el rechazo de los cinco sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid (SATSE, AMYTS, CCOO, UGT, CSIT-UP) quienes llegaron a convocar una huelga indefinida a partir del 25 de octubre. Sin embargo, a las burocracias de estos sindictos la fiebre les duró poco y finalmente terminaron aceptando la propuesta de la Consejería de Sanidad y desconvocando la huelga, algo que fue criticado por las y los trabajadores. Otros sindicatos, como el M.A.T.S. (Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad), así como plataformas de trabajadores y usuarios, siguen organizando convocatorias y movilizaciones para enfrentar la grave situación.
El conflicto, lejos de concluir, sigue dando que hablar una vez empiezan a llegar las consecuencias de haber dejado sin personal clave los nuevos servicios PAC (Puntos de Atención Continuada) que sustituyen a los anteriormente llamados SUAP. El bebé muerto en un centro de urgencias sin médico y otros casos médicos urgentes por falta de un médico echan aún más leña al fuego del conflicto.
Además de la sanidad, la defensa de la educación pública fue un hito importante de las luchas de nuestra clase en 2022, con intensas jornadas de huelga docente y en el sector del Lleure en Catalunya contra los recortes, el aumento del presupuesto y la defensa del catalán en las aulas. Tanto profesores, como trabajadores externalizados, estudiantes y otros sectores salieron a defender la educación pública y de calidad con varias jornadas de lucha. El éxito de la huelga se debió en una buena parte a las decenas de asambleas organizadas en muchos centros los días previos y durante la misma huelga. A pesar de que la huelga estudiantil solo estaba convocada en secundaria, algunos jóvenes de universidad se sumaron a la manifestación.
Solidaridad contra la represión sindical
Aunque el conflicto de la pastelería La Suiza ocurrió en 2017, fue este pasado año cuando condenaron con varios años de cárcel a seis sindicalistas de CNT por el solo hecho de organizarse sindicalmente por sus derechos. Ante esto CNT convocó una manifestación en repulsa de la condena donde participaron miles de trabajadores y sindicalistas de todo el estado. Una manifestación que pudo ser un punto de partida para organizar un gran movimiento contra la represión sindical en todo el Estado junto todas las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda trabajadora.
Casos como este destacan por su carácter de castigo ejemplar, pero no son los únicos, tal y como se ha demostrado con las detenciones en sus casas a trabajadores que participaron de la huelga del metal de Cádiz, el caso de los 8 de Airbus o cientos de casos de represión sindical a delegados y activistas que integran secciones sindicales y comités de empresa sufriendo despidos y sanciones por el solo hecho de defender los derechos de sus compañeras y compañeros, como defendía a principios del año anterior la Plataforma de Represaliados Sindicales.
Luchas y victorias protagonizadas por mujeres en los trabajos de cuidados
En junio de 2022 las trabajadoras del hogar y los cuidados consiguieron que el Congreso de los Diputados aprobara una nueva legislación que les otorga derecho fundamentales como al subsidio por desempleo y limita el despido libre. Estas trabajadoras llevaban más de una década luchando por el reconocimiento de estos derechos básicos. Se trataba sin duda de una anomalía escandalosa en la legalidad y condiciones de estas trabajadoras, donde muchas de ellas viven verdaderas situaciones de semi esclavitud con trabajos internos y sin descanso. Todo ello con una cotización a la seguridad social que ni les otorgaba el derecho al paro ni a pensiones cuando se jubilasen.
También las trabajadoras sociosanitarias del SAD siguieron en este 2022 en lucha contra la precariedad y la imposibilidad que esta conlleva, tanto para dar una buena atención a los dependientes como para conciliar la vida laboral y familiar.
La lucha contra la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años y el no reconocimiento de las enfermedades laborales que implica este trabajo, que conlleva muchas veces tener que levantar a los usuarios encamados o ayudarles en la limpieza de sus domicilios, exponiéndose de esta manera a las consecuencias del uso de productos tóxicos, ha sido otra de las grandes demandas de este sector superexplotado de nuestra clase. Por estos motivos, pelean por la remunicipalización de los servicios que dependen de los ayuntamientos y por la reinternalización de aquellos que dependen de las comunidades autónomas.
Coordinemos todas las luchas contra la inflación, la precariedad y el empobrecimiento
Frente a un Gobierno que se dice “progresista” pero es la junta de negocios del IBEX35, y una burocracia sindical conservadora que no quiere sacar los pies del plato del “pacto social” con la CEOE y la ministra de trabajo, es necesario coordinar todas estas luchas para pelear por un programa que de una salida a los padecimientos que sufre la clase trabajadora y los sectores populares, que empiece por rodear de solidaridad las luchas con acciones de apoyo, militar las cajas de resistencia y denunciar la represión del Gobierno.
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Un plan de lucha debe defender como esenciales la derogación total de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial, un salario mínimo de 1.500 euros con clausulas de indexación acorde al IPC y la nacionalización bajo control obrero de las empresas que cierren o despidan trabajadores, acompañado de un programa de inversión pública ofensivo y decidido para la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos, sobre todo en la sanidad, la educación y los servicios sociales. Debemos promover ofensivamente el impulso de asambleas democráticas que superen los métodos de las burocracias sindicales, en las que todos los y las trabajadoras decidan el plan de lucha para continuar. En esta tarea, la izquierda sindical y los sectores combativos de los sindicatos mayoritarios deben estar al frente.
A esto se le debe de sumar la derogación de la ley de extranjería y las leyes mordaza, el cuestionamiento de la monarquía y las instituciones herederas del franquismo y el desarrollo de un plan internacional para paliar los efectos de la crisis climática a la vez que se inste a modificar el modelo productivo. Solo sobre esta base conseguiremos enfrentar la voracidad implacable con la que las distintas patronales planean empobrecernos.