Paritarias. Estatales: ¿y la cláusula gatillo de UPCN?

El titular del sindicato de trabajadores estatales de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, aseguró en diciembre que la cláusula gatillo “se activa automáticamente por lo acordado en paritarias”. Y agregó que “no tiene que presentar ningún pedido porque ese aumento es automático” por lo que anticipó que “se cobrará en enero próximo, o a más tardar en los primeros días de febrero”.

Sin embargo, en febrero los trabajadores del Estado Nacional cobraron los sueldos de enero sin ningún incremento que compense la pérdida por la diferencia salarial entre el 20 % en cuotas del acuerdo para 2017 y la inflación anual que superó el 24,8 %.

Con la inflación medida por el Indec el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública nacional era un 3,8 % menor en diciembre de 2017 al de un año atrás, y comparando con el IPC-CABA la caída es de 4,8 % (ver abajo).

Por si quedaba alguna duda, Rodríguez reconoció que hubo una pérdida y dijo en aquella oportunidad que “no corresponde ninguna presentación en Trabajo, y además desde el Gobierno ya nos adelantaron que se cumplirá con el pago de esa diferencia salarial”.

Pero tanto lo que Rodríguez dice que le dijo el gobierno, como lo que el propio Rodríguez dijo, son frases vacías ante el papel firmado, y la realidad del no aumento en febrero lo demuestra. El acuerdo paritario no contenía ningún ajuste automático ante diferencias de los aumentos salariales con la inflación, a pesar de que incluyó una engañosa “cláusula gatillo” que sólo habilita a las partes a volver a reunirse.

Luis Campos, el director del Observatorio del Derecho Social de CTA Autónoma indicó a La Izquierda Diario que “la cláusula que incluyeron no obliga a nada, por lo que el Estado no tiene ninguna obligación de otorgar un aumento adicional para compensar el incremento de la inflación”. “Si lo hace, será producto de una nueva negociación, como el caso de comercio”, añadió, “pero no hay ningún elemento que lo obligue a ello”.

Por entonces, el acuerdo de 2017 que firmó UPCN contenía un aumento salarial del 20% que se abonó en tres tramos del 5%: a partir de junio 5%, otro 5% desde julio y el 10% restante en agosto último. Pero además se incluyó una cláusula antiobrera de un “premio por presentismo” que ataca licencias conquistadas en el Convenio Colectivo de Trabajo (licencias por enfermedad, por estudio, entre otras). El gobierno pretende utilizarlo como un precedente para continuar imponiendo estas medidas disciplinares en el sector privado.

La pérdida salarial en 2017 de los estatales equivale al menos al 38 % de un sueldo

Tomando como caso testigo de los trabajadores de la Administración Pública Nacional un salario de una categoría C0 del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), cuyo valor de bolsillo es hoy $15.674, la pérdida salarial acumulada en el último año alcanza a $5.170 si se contrasta con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec.

Esto es así porque en nueve meses del año el salario estuvo por debajo de la inflación, y en sólo tres superó el incremento acumulado de precios. Esto significa que en promedio recibió cada mes $ 430,81 menos de lo que hubiese necesitado para no perder capacidad de compra.

Sin embargo, si se actualiza mes a mes esa pérdida para evitar el desgaste del poder de compra sufrido por la inflación (por el hecho de cobrar hoy un monto de dinero a valores de hace un año), se necesitaría un bono de $ 5.886,73 para recuperar la insuficiencia de ingresos no percibidos desde un año atrás (para esa categoría). Esto equivale al 38 % del salario neto de diciembre de 2017, como se ve en el siguiente cuadro.

Cuadro 1: Evolución del salario real y pérdida mensual frente a IPC- Indec para un trabajador con categoría C0 SINEP. Dic 2016- Dic 2017

Si en lugar de utilizar el índice de precios del Indec se compara el salario con el índice elaborado por la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, para la misma categoría de SINEP la pérdida acumulada en 2017 en forma actualizada alcanza a $ 7.632,46 equivalentes al 49 % del salario de bolsillo.

Cuadro 2: Evolución del salario real y pérdida mensual frente a IPC- CABA para un trabajador con categoría C0 SINEP. Dic 2016- Dic 2017

Se ve así que en diciembre de 2017 el salario real de los estatales nacionales cayó 3,82 % en relación al mismo mes de 2016 si se utiliza el IPC- Indec, y cayó 4,84 % si se compara con el IPC- CABA.

Pero si se consideran los dos años de gestión de Cambiemos, desde diciembre de 2015 a diciembre 2017, el poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales nacionales cayó un 9,5 % [1]. La pérdida acumulada en ese período alcanza a $ 32.111 ,47 (a valores actuales), o el equivalente a dos sueldos y medio promedio de ese período (también equivale al 205 % del sueldo neto de diciembre 2017).

Gráfico 1: Evolución del salario real para una categoría C0 SINEP. Dic 2015- Dic 2017

Los trabajadores de la Junta Interna de ATE- Indec, que vienen realizando este cálculo desde hace años cuando el organismo oficial estaba intervenido y no había estadísticas que permitieran a los trabajadores contar con una herramienta confiable para la discusión paritaria, estimaron que desde noviembre de 2015 el salario real cayó un 11,3 %. Denunciaron a su vez la insuficiencia de ingresos de la mayoría de los trabajadores del estado nacional para alcanzar una canasta de consumos mínimos familiar de $ 26.496.

Te puede interesar: Los trabajadores estatales perdieron dos sueldos y un medio aguinaldo desde 2015

Así, en sólo dos años, los trabajadores que dependen del Estado Nacional son sin dudas uno de los sectores más golpeados por el ajuste.

Pero yendo más atrás al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la tendencia a los salarios flacos en el Estado ya era visible: desde diciembre de 2011 a la actualidad el salario real para esta misma categoría cayó un 19,5 %, de acuerdo al cálculo de La Izquierda Diario utilizando el índice de precios de CABA.

Cláusulas que no gatillan

Luis Campos (Observatorio CTA) explicó que “hay dos tipos de cláusulas a las que comúnmente se denomina "cláusula gatillo", pero que tiene efectos muy distintos. Por un lado, están las cláusulas que una vez que el IPC supera determinado nivel disparan automáticamente un aumento salarial. Estas son las verdaderas "cláusulas gatillo", y sus efectos no dependen de la voluntad de las partes, se aplican automáticamente”.

“Los ejemplos más conocidos del 2017 fueron bancarios (pactaron un 19,5% anual, con una cláusula gatillo que obligaba a los empleadores a equiparar el aumento una vez que el IPC superara dicho porcentaje), sanidad (pactaron un aumento levemente superior a bancarios y una cláusula gatillo equivalente a IPC + 2%), y docentes y judiciales de la provincia de Buenos Aires (21,5% y cuando el IPC lo superase se gatillaba la diferencia)”.

En el caso de bancarios, los trabajadores conquistaron la concreción de la cláusula gatillo automática. Así, en enero se cobró un adicional para reparar la diferencia entre el nivel salarial y el índice de precios de diciembre de 2017, mientras que en los meses siguientes se irá ajustando automáticamente mes a mes en caso de que la inflación supere el nivel salarial. Ello, sin embargo, no significa que se compensa totalmente la pérdida salarial de los bancarios en 2017, dado que sólo lo repone a un nivel suficiente para equiparar el ritmo de precios actual, sin considerar el retroactivo por la pérdida de aquellos meses anteriores en los que estuvo por debajo.

Los trabajadores bancarios enfrentan ahora la ofensiva de los grandes bancos y el gobierno de intentar imponer una paritaria del 9 %, muy por debajo del ya bajo techo salarial del gobierno de 15 %, ambos inferiores a una inflación esperada anual por encima del 20 %.

Judiciales y docentes de provincia de Buenos Aires por su parte, exigieron al gobierno de Vidal que aplique lo pautado ya que la inflación en la provincia (del 25 %) superó el incremento salarial de 2017.

“Por otra parte, otros convenios incluyeron "cláusulas de revisión", por medio de las cuales las partes se comprometían a volver a reunirse si la inflación afectaba significativamente el resultado de la negociación. Estas últimas no son verdaderas "cláusulas gatillo", ya que a lo sumo lo único que disparan es una reunión entre las partes, sin obligación de acordar nada ni tampoco de aumentar automáticamente los haberes”, señaló Campos.

Estas cláusulas se incluyeron en convenios como comercio, construcción y administración pública nacional – SINEP. En los últimos días, uno de los pocos gremios que se reunió y concretó un adicional de 6 % fue el de comercio, pero en lo subsiguiente no será un gatillo automático.

También en algunas provincias los estatales que dependen de organismos provinciales consiguieron la aplicación de aumentos puntuales para compensar la pérdida de 2017, como en Santa Fé (+ 1,1 %) o La Pampa (+ %), pero es una minoría de los casos.

Se puede derrotar el ajuste con la unidad de trabajadores y exigencia a la burocracia

La efectiva aplicación de la cláusula gatillo y su implementación en forma automática es solo una de las primeras medidas urgentes para recomponer el salario. No basta con ir ajustando el salario a la inflación, cuestión que implica ir siempre “detrás” de ella, sino que por ello es muy importante que las paritarias contemplen de entrada la inflación esperada del año, unido a una cláusula gatillo en caso de superarla.

Para que esa recomposición sea efectiva, en el caso de los estatales, requiere también ser acompañada de un bono que retribuya los dos salarios y medio que perdieron desde noviembre de 2015, y aún más si se mide lo perdido en los años anteriores durante la gestión kirchnerista (aproximadamente $161.000 desde diciembre de 2011 a valores actuales, según cálculos propios).

A pesar de los múltiples ataques vividos por los trabajadores estatales, desde los despidos y la precarización hasta las falsas cláusulas gatillo y la devaluación del salario real, un conjunto de conflictos ha mostrado su fuerte disposición a enfrentarlos. Desde los trabajadores del Posadas hasta los científicos de Conicet, desde los trabajadores y trabajadoras de Fanazul hasta los trabajadores despedidos del INTI, el Ferrocarril y tantos otros.

En todo el país se levantan las voces que señalan de la necesidad de unidad de los trabajadores públicos y privados, registrados y no registrados, y se suman vastos sectores de la sociedad a repudiar el ajuste del gobierno, exigiendo a las burocracias que convoquen al fin a un plan de lucha unificado y el apoyo activo a los conflictos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convoca este 15 de febrero a un paro y movilización, que significará la primera marcha unificada del año de los conflictos en curso, con participación de trabajadores del INTI, Posadas, Río Turbio y otros, caravanas y cortes en distintos puntos. Por su parte, el 21 del mismo mes Moyano, la Corriente Federal y las dos CTA convocan a una masiva movilización, aunque sin organización por abajo y sin paro, y con un fuerte divisionismo por arriba de las cúpulas sindicales. Las organizaciones de izquierda y clasistas así como muchos de los trabajadores en lucha participarán con una columna independiente.

El Encuentro de Trabajadores convocado para el 17 de febrero por trabajadores estatales de distintos organismos y sectores en lucha así como de trabajadores del ámbito privado será un importante paso en el camino de construir una coordinación que se proponga derrotar las pretensiones del gobierno y superar las trabas burocráticas que imponen los dirigentes sindicales de las centrales obreras exigiendo una verdadera huelga general activa.