Desde que se inició la propagación de la Covid-19, el gobierno de Vizcarra no ha hecho más que implementar una serie de medidas contra la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, y todo esto para favorecer únicamente a los grandes empresarios nacionales y extranjeros quienes, desde la CONFIEP, le han venido dictando la agenda política al ejecutivo. A continuación reproducimos el pronunciamiento de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores CST frente a la jornada nacional de lucha del 05 de noviembre.
Miércoles 4 de noviembre de 2020
Foto: Luis Javier Maguiña
Desde que se inició la propagación de la Covid-19, el gobierno de Martin Vizcarra no ha hecho más que implementar una serie de medidas que han golpeado duramente a la clase trabajadora y al pueblo en su conjunto, y todo esto para favorecer únicamente a los grandes empresarios nacionales y extranjeros quienes, desde la CONFIEP, le han venido dictando la agenda política al ejecutivo.
En ese entender, desde el gobierno se han aprobado millonarios rescates financieros para salvaguardar las ganancias de los grandes empresarios, así como la subvención de sus planillas en un 35%, a lo cual se suma la suspensión perfecta de labores que deja sin salario y sin trabajo a un número significativo de trabajadores, la eliminación de los feriados, la facultad para que los empresarios puedan implementar mecanismos de despidos, la precarización laboral y la reducción de salarios, entre otras medidas que, bajo el discurso de la reactivación económica, lo que han hecho en realidad es poner sobre las espaldas de la clase trabajadora las consecuencias de la profunda crisis económica.
Por esa razón, a la crisis sanitaria que ya lleva más de 900 mil contagiados y 34, 476 fallecidos por Covid-19, se suma ahora una crisis estructural que se expresa en la parálisis del aparato productivo y el consecuente incremento del desempleo, sub empleo y la precarización laboral, lo cual está llevando al incremento de la pobreza en vastos sectores de la población. Esta dura situación que aqueja a las grandes mayorías explotadas ha venido acompañada de una política de estigmatización de los sectores populares y de empoderamiento de las fuerzas represivas quienes cuentan con la “ley del gatillo fácil”que les otorga facultades para reprimir libremente al pueblo trabajador como ocurre a diario con los ambulantes en las principales ciudades del país, o como pasó hace un tiempo atrás con los campesinos de Espinar o los indígenas cocamas quienes fueron salvajemente reprimidos por las fuerzas policiales. A esto también se suma el incremento de la violencia contra las mujeres y contra la comunidad LGTBIQ.
El develamiento público de los indicios de corrupción que comprometen al presidente Martin Vizcarra, abre un nuevo capítulo de la recurrente crisis política del régimen. Al parecer, el actual presidente de la Republica habría recibido casi dos millones y medio de soles (800 mil dólares aproximadamente) por favorecer a empresas privadas de la construcción cuando se encontraba ejerciendo sus funciones como gobernador regional de Moquegua. Con lo cual, el mito creado por un sector de la gran prensa burguesa, que hizo ver a Martin Vizcarra como el adalid de la lucha contra la corrupción, se empieza a caer a pedazos, ello pone en evidencia el profundo grado de descomposición de los poderes del estado, potenciando así la crisis orgánica.
Queda claro entonces que Vizcarra es un corrupto más y que ha sido hasta ahora el mejor aliado de la burguesía para mantener vigente el régimen de 1993 que favorece el saqueo nacional y la explotación laboral de millones de trabajadores. Su principal rol, desde que asumió su mandato el 2018, fue desviar el descontento social hacia las vías institucionales oxigenando así los poderes del estado configurados para servir como correa de trasmisión de los intereses capitalistas. Con la propaganda cotidiana de los grandes medios de comunicación se buscaba crear expectativas en el pueblo para que este termine asumiendo que los cambios de fondo podían darse de la mano de jueces y fiscales “probos” o de un presidente al cual “no le tiemble la mano” para enfrentar la corrupción. Esto llevó a que eventualmente las masas terminen renunciando a la lucha y la auto organización como vías para cambiarlo todo, por eso, mientras en Ecuador, Bolivia y Chile, el pueblo se movilizaba contra el golpismo y la derecha neoliberal, en nuestro país reinaba la “paz social”.
Abonó también a favor de la desmovilización y el desvió de la bronca popular, el papel de las burocracias que controlan las grandes centrales sindicales vinculadas al estalinismo y la política de los partidos reformistas como el Nuevo Perú o el Frente Amplio, quienes, desde que Vizcarra llego al gobierno se pusieron de su lado y se convirtieron en su pata izquierda, aduciendo que enfrentar al gobierno implicaba hacerle el juego al fujimorismo y al golpismo. Este análisis desvinculado completamente de cualquier perspectiva de clase llevo a que estos sectores de la izquierda aplaudan el referéndum del 2018, así como, las limitadas reformas políticas del ejecutivo que en nada afectaron la esencia del régimen de 1993. Por esa razón también, la burocracia sindical y la izquierda reformista se quedaron de brazos cruzados cuando, desde el gobierno y la CONFIEP, se implementaban políticas de ajuste contra los trabajadores y el pueblo.
Hoy, que la crisis económica y social golpea profundamente a la clase trabajadora y al pueblo pobre fundamentalmente, y que la crisis política vuelve a poner de manifiesto la forma como el interés privado controla, no solo al parlamento y al poder judicial, sino también al mismo presidente Vizcarra, la clase obrera debe volver a la escena recuperando sus métodos de lucha y sus formas de auto organización para acabar con el régimen de 1993 que es la base jurídica y política en la que se sostiene la corrupción de los funcionarios públicos, el saqueo nacional y la explotación laboral. Solo de esa manera podremos hacer retroceder a quienes hoy nos gobiernan favoreciendo a un puñado de empresarios y banqueros.
En ese entender, urge una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta por la movilización y la auto organización obrera y popular que acabe con la institucionalidad del actual régimen político.
Esta Asamblea Constituyente, para que tenga un carácter progresivo, no puede nacer de los poderes constituidos (legislativo, ejecutivo o las elecciones del 2021) como plantea un sector de la izquierda reformista. Solo enfrentando a este gobierno y a los empresarios con la movilización y la auto organización obrera y popular, lograremos imponer una Asamblea Constituyente realmente Libre y Soberana la cual deberá tener funciones legislativas y ejecutivas, para que nos permita implementar un plan de emergencia que evite que las consecuencias de la crisis económica las sigamos pagando los trabajadores y el pueblo pobre como viene ocurriendo hasta ahora. De esta manera, estaremos dando los primeros pasos para acabar realmente con el legado nefasto de Alberto Fujimori expresado en la Constitución de 1993.
La lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos permitirá también avanzar en mejores condiciones hacia la conquista de un gobierno de las y los trabajadores que confronte al capitalismo y al imperialismo y que nos permita la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores.
