El gobierno de la Nueva Mayoría de políticos corruptos y ladrones nuevamente se muestra errático, indeciso y dubitativo en el debate sobre la gratuidad en la Educación Superior. Es que el Tribunal Constitucional, en defensa de la constitución heredada de la dictadura militar, y acatando a los partidos de la derecha, le proporcionó un duro golpe al declarar que la glosa de gratuidad, que ya se presentó como una ampliación de la política neoliberal en la educación, discriminaba "arbitrariamente".
Martes 22 de diciembre de 2015
Pero, eso no es lo más grave. Lo peor es que, en respuesta a lo declarado por el antidemocrático Tribunal Constitucional, se anuncia que es muy probable que se utilizará como remedio una Ley Corta que no diferencia entre Universidades Estatales y Privadas, entregando fondos del Estado a Universidades con fines de lucro y de dueños multimillonarios, como es el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes.
Y como si eso fuera poco, al exigir 4 años de acreditación, estarían quedando fuera de este beneficio tres Universidades estatales: la UTEM, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de Los Lagos. Si bien, no hay certezas todavía y ya han salido voces desde el gobierno a desdecir esta propuesta, es un nuevo paso en falso que muestra la total incapacidad del gobierno de responder a las demandas del movimiento estudiantil. Es que siguen protegiendo los intereses de los empresarios de la educación, que a su vez son parte de la clase que los financia: los empresarios corruptos, muchos de ellos involucrados en casos escandalosos como Penta y Soquimich.
Luego, siguiendo con sus volteretas, la Ministra Del Piano declaró a la prensa el día 21 de diciembre, que finalmente se aseguraría el beneficio de gratuidad al conjunto de las Universidades Estatales, se ampliarían y fortalecerían 140 mil becas para IP y CFT mediante la beca Nuevo Milenio, y se financiaría a Universidades Privadas con dos requisitos: no estar asociadas a sociedades con fines de lucro y que tengan 4 años de acreditación. La entrega de fondos públicos a empresarios privados se mantiene y se fortalece.
Frente a esto el movimiento estudiantil tiene que levantar una fuerte voz unificada que rechace la propuesta del gobierno y también los ataques de la derecha. No serán ni la UDI ni la Nueva Mayoría quienes nos entregarán nuestras demandas.
Debemos exigir el financiamiento 100% estatal a las Universidades Públicas y el fin a las pruebas de acceso, con la ampliación de la matrícula, ¡para que todo quien quiera estudiar pueda hacerlo gratuitamente!
Hoy, la lucha contra la educación de mercado y por aportes basales directos a las instituciones del Estado se vuelve central. Para esto es que hay que unificar en la acción a las Federaciones estudiantiles, organizaciones de izquierda, estamentos de profesores y funcionarios, en rechazo a la exclusión de esas tres universidades, en rechazo al financiamiento a privados y en pos de la gratuidad para todos y todas mediante aportes directos del Estado a las instituciones públicas financiada a través del impuesto a las grandes riquezas y a la renacionalización del cobre bajo control de los trabajadores.
Es una necesidad que la Confech, en conjunto de los demás organismos estudiantiles, convoque a un Congreso Educativo desde las bases, para discutir el rumbo de nuestra movilización y la educación que queremos. Debemos utilizar nuestras herramientas de organización para apoyarnos en esta lucha, en defensa de la gratuidad y educación pública; impulsar asambleas de base y de unificación entre estudiantes de distintas carreras, pues cualquier ataque contra estudiantes y universidades públicas, es un ataque contra el movimiento estudiantil en su conjunto, por lo que sólo la unidad y organización podrá dar respuesta a esta situación.
¡Y que ningún peso del Estado llegue a los bolsillos de los empresarios de la educación!
