Mendoza. "Este es uno de los puntos más fríos del país, una gran zona petrolera y miles de familias carecen de gas natural"

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Los aumentos de tarifas son un tema de conversación casi excluyente entre las familias trabajadoras. Los precios de los servicios de luz, gas, agua y transporte son una carga imposible de pagar para la mayoría del pueblo trabajador: en Mendoza los aumentos fueron, en los últimos dos años, 260% el gas, la luz un 190%, el agua un 113% y el transporte un 175%; cuando los sueldos se cerraron las paritarias en el 15%, incluso por decreto, como a los docentes. ¿Quién puede pagar esos aumentos?.

La bronca contra los tarifazos, potenciada por el veto presidencial al freno votado en el Congreso Nacional, se hace sentir en la calle. Sobre todo ante el comienzo de los días fríos y la necesidad de calefaccionarse. Cualquier trabajador que ve hoy aumentar exponencialmente sus tarifas, sabe que en el invierno las facturas de gas y luz serán aún mucho más caras.

En Mendoza, el gobierno provincial no solo defendió los tarifazos impuestos por el Estado Nacional, sino que hizo lo propio con los servicios que dependen de la provincia y viene trabando en la Legislatura el pedido de la oposición de una sesión especial para tratar los más de 10 proyectos presentados por los distintos bloques para poner un freno a los aumentos de tarifas.

El invierno en Mendoza es crudo, las familias trabajadoras lo saben y por eso una de las principales preocupaciones son los costos de los servicios básicos. Sin embargo, la discusión de las tarifas dejó al desnudo una realidad de la que muchas veces no se habla: los costos concretos de la falta de inversión de las empresas que hoy se llenan de plata con los tarifazos, pero que durante años recibieron millonarios subsidios, con los cuales no hicieron las inversiones necesarias para brindar un servicio acorde a las necesidades de las familias mendocinas.

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Un caso emblemático es el de Ecogas. La empresa declaró haber aumentado sus ganancias un 400% en 2017 con respecto al año anterior. La misma empresa que fue denunciada por el FIT por haber mentido en la Legislatura provincial sobre los subsidios recibidos en la última década.

Para este invierno, 90 mil hogares mendocinos, en los que se estima viven 270 mil personas, no cuentan con red de gas, por lo que dependen exclusivamente del gas envasado para cocinar, calefaccionarse, etc. Es sabido que el gas envasado, la famosa “garrafa”, es en proporción más caro que el gas de red y son justamente los sectores más pobres los que dependen de él.

El precio “oficial” de una garrafa de 10 Kg es de $220, un 22% más cara que el invierno anterior. Ese es el precio en el que se pueden conseguir en los centros de distribución; sin embargo, para quienes no disponen de la movilidad necesaria, el precio en los comercios y estaciones de servicio en los barrios es bien distinto. “Ayer pregunté el precio de una garrafa en un bolichón del barrio, $ 320”, relata un trabajador de Las Heras. Es decir, un 66% más caro que el invierno anterior.

Mientras la empresa sigue facturando millones de pesos en ganancias y lucra con nuevos tarifazos, casi el 14% de la población de la provincia no tiene acceso a la red de gas.

“La garrafa no te dice cuándo se va a acabar. Vos, más o menos, especulás, pero si se te acaba en la noche, tenés que salir a comprarla por el barrio. Ahí es donde te arrancan la cabeza y te la cobran más de $300”, cuenta Jony, un trabajador de supermercados. “Nosotros somos una pareja con tres hijos y utilizamos dos garrafas al mes. Ahora en el invierno calefaccionamos con una salamandra y tratamos de hacer comidas en el horno para, a la vez, calentar la casa”, continúa. Ante el aumento del costo del gas, son muchas las familias trabajadoras que recurren a otros medios de calefacción. Sin embargo, el tarifazo en la luz hace que los calefones, termotanques y estufas eléctricas también tengan un costo impagable.

Incluso, para quienes recurren a la leña, se hace imposible: este año sale un 60% más caro que el invierno pasado. Según un informe publicado en el diario El Sol, “mientras que en diciembre un atado de 10 kilos se podía comprar a $40, hoy se consigue entre $50 y $70 en estaciones de servicios y corralones. En tanto, llega a $160 en los supermercados”. El mismo informe da cuenta que, si bien “el 0,3% de las viviendas rurales cocinan a base de combustión de carbón y leña, la situación es aún más crítica en Malargüe donde este índice representa el 7,9%, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas”.

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Malargüe, departamento productor de gas, sin red de gas

Malargüe es el primer productor mendocino y segundo productor nacional de gas, sin embargo, es paradójicamente un ejemplo de desamparo popular y ganancias empresariales. El departamento, no tiene red de gas domiciliario para las casi 30 mil personas que allí viven. No cuenta con un gasoducto que conecte las zonas productoras, que permitiría sin problemas el autoabastecimiento, ni la interconexión al sistema nacional.

¿Cómo se calientan los 10 mil hogares malargüinos en sus crudísimos inviernos?

Los “afortunados” que cuentan con conexiones antiguas (ya que están suspendidas las nuevas conexiones), lo hacen con la provisión de gas transportado en camiones y almacenado en dos grandes tanques. Esto, a su vez, está sujeto a las contingencias climáticas que puedan presentarse. Por otro lado, el resto de la población debe recurrir al gas envasado.

“Este es uno de los puntos más fríos del país, una gran zona petrolera ... y miles de familias carecen de gas natural en Malargüe”, denuncia Vanesa, una docente del departamento que vive con su pareja y su hija. “Tenemos calefacción a leña y una estufa eléctrica, y aún asi utilizamos tres garrafas por mes”, continúa Vanesa, quien cuenta que el costo es “desde los $290 a los $320, depende el comercio”. Es decir que una maestra, cuyo salario inicial es de $11051, gasta casi mil pesos por mes en gas envasado, más la calefacción eléctrica y la leña.

“Sin dudas, está a la vista que tras décadas de explotación continua, los gobiernos no han sido capaces de poner por encima de los intereses de las petroleras, el abastecimiento de los hogares más humildes”, denunció Mauricio Lopez, también docente y referente del FIT en el departamento. Mauricio es uno de los “afortunados” que cuenta con el sistema de provisión antiguo: “unos zeppelin gigantes que se llenan casi a diario con camiones”, cuenta para graficar el sistema. Aún asi, con esta “falsa red” como la llama, denuncia que el costo es de $3 mil en promedio por mes.

La falta de inversión de las empresas de servicios públicos, no solo se traduce en un servicio deficitario para quienes lo tienen, sino en miles de familias que no acceden al servicio

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En el resto del sur provincial la situación no es muy distinta. En San Rafael, el 40% de las viviendas no cuenta con el gas natural: de las 56 mil viviendas que hay en el departamento, 22.500 no cuentan con red de gas natural y dependen de las garrafas. A esto hay que sumarle otras 1500 viviendas que tienen gas por tubo o se abastecen a través de zepellin.

Una nota del Diario San Rafael da cuenta que “al hacer una pequeña recorrida por los comercios sanrafaelinos, los precios de la garrafa asustan; es que la pequeña de 10 kilos se consigue a un promedio de 250 pesos, y en algunos distritos se paga hasta 270”.

Franco, un joven estudiante y desempleado, cuenta que por mes utiliza dos garrafas y que “se estira la vida útil porque tengo un hornito eléctrico y zafamos con eso”. Por el uso del “hornito eléctrico”, su última factura de luz trepó a $1300. “Siendo estudiante y sin laburo las cosas se complican demasiado, los gastos de vivir más o menos aumentan cada vez más”, concluye Franco sobre su vida cotidiana.

En Gral Alvear, donde viven casi 50 mil mendocinos y mendocinas, sólo el 62,4% de los hogares tiene acceso a la red de gas. Allí, además, más de la mitad de la población no tiene conexión a la red cloacal.

Cecilia, estudiante de un instituto terciario, cuenta que “en mi casa vivimos dos personas y usamos una garrafa de 10 kg al mes, pero una familia con hijos utiliza, mínimo, una cada 15 días”. Con respecto a los precios, Cecilia cuenta que “hasta hace tres meses, recargar la garrafa costaba como $200, ahora sale $300. Siempre y cuando la recargues, porque si no tenés el envase, te sale $1000 por garrafa”.

“Antes daban la garrafa social. Iba un camión a los barrios y te dejaba la garrafa más barata. Pero ahora ya no pasa y nunca se solucionó el tema de la red de gas en general”, continúa Cecilia. Por este reclamo tan sentido entre los trabajadores del departamento, el intendente Walter Marcolini, anunció que el municipio subsidiará 5 mil garrafas mensuales que quedarán a un costo de $150 para los usuarios. Teniendo en cuenta la cantidad de personas sin acceso a la red de gas, se tratará de una garrafa por mes cada casi 5 personas.

Un negocio capitalista que afecta a los más pobres

El gas licuado que se vende en garrafas es un commodity que no está considerado un servicio público, pese a que es la única forma que tienen miles de familias para cocinar o calefacionarse. Por este motivo, el Estado no interviene en la regulación del precio de la garrafa.

Un fabuloso negocio capitalista en detrimento de las familias trabajadoras más pobres, que combina los negocios de las empresas privatizadas con grandes multinacionales petroleras. La falta de inversión de las empresas de servicios públicos, no solo se traduce en un servicio deficitario para quienes lo tienen, sino en miles de familias que no acceden al servicio.

Por ejemplo, en San Rafael, Ecogas hace dos años que no realiza obras para ampliar la red, pese a los distintos tarifazos con los que se benefició. Un ex funcionario del Departamento de Irrigación de la provincia, denunció que “hace dos años nos quedamos estancados en 35 mil usuarios”. El mismo ex funcionario, en una entrevista en MDZ, aseguró que “en los últimos tres años hay más de 20 mil usuarios en espera” de acceder a la red de gas.

Por otro lado, quienes sacan provecho de la falta de inversión de las privatizadas son petroleras multinacionales que promueven actividades como el fracking en la misma provincia. una técnica “carísima” para el bolsillo popular, además de su impacto ambiental, como denunció Federico Soria al decir que del fracking al tarifazo, hay un solo paso.

En este marco, solo la propuesta del FIT de nacionalización de todas las empresas de servicios públicas, no solo es la única propuesta realista para el problema de las tarifas, sino también para garantizar el acceso a los servicios públicos al conjunto del pueblo trabajador. Solo terminando con los empresarios que lucran con necesidades básicas de la población y con empresas administradas por sus trabajadores y comités de usuarios se podrá garantizar el acceso a un servicio destinado no a las ganancias de las empresas sino a garantizar un servicio básico y popular.