Flavia Broffoni, Guillermo Folguera, Patricio Eleisegui, César Massi, Mauro Fernández y Santiago Benítez-Vieyra opinan sobre el debe y el haber ambiental y la política oficial en un año muy particular para la lucha ecologista en Argentina.
Valeria Foglia @valeriafgl
Lunes 28 de diciembre de 2020 14:53
2020, un año caliente.
La enumeración asusta: Alberto Fernández abrió el año en Mendoza y lo cerró en Chubut con intentos de imponer la megaminería contra la voluntad popular y con represión, le dio aval al Instituto Argentino de Derecho para la Minería y lanzó el Plan Estratégico de Desarrollo Minero mientras le dio luz verde a más explotación en San Juan. Desde marzo la Cancillería de Felipe Solá negoció con China para la instalación de decenas de megafactorías porcinas en nuestro país, sin estudios de impacto ambiental para emprendimientos con potencial pandémico y riesgos ambientales. En el camino quedaron la directora de Asuntos Ambientales de Cancillería y el propio embajador argentino en China. Subsidios a las petroleras en Vaca Muerta, un 25 % de lo recaudado por el “aporte solidario” para subsidios al fracking. Quita de retenciones, más subsidios y estímulos al agronegocio en el año en que los desmontes no tuvieron cuarentena y las quemas para rebrote no dieron tregua. Tras un año con Argentina en llamas, cajoneó la ley de humedales (a la que el FIT Unidad había aportado con su propio proyecto) y desfinanció la ley de bosques. La inédita aprobación del trigo transgénico HB4, el festejo de cumpleaños de la agrotóxica Syngenta en la planta de Venado Tuerto.
Tanto extractivismo no se puede esconder tras leyes de “educación ambiental”, Gabinete de Cambio Climático con los impulsores de la destrucción y el saqueo (Felipe Solá-Luis Basterra-Matías Kulfas como tríada temeraria), anuncios de Departamento de Agroecología, fotos con Liz Solari y activistas veganos ni compromisos formales en cumbres del clima. Juan Cabandié tenía el desafío de superar al "ministro planta", pero solo vendió humo.
No dio tregua, con o sin pandemia. Como presidente, Alberto Fernández se hizo cargo de la deuda ilegítima y fraudulenta, contraída de espaldas al pueblo para financiar la fuga de capitales y la campaña electoral macrista, y salió a rematar el territorio nacional en busca de dólares. Sobre esto conversamos con especialistas y referentes de la lucha ambiental en Argentina.
Balance ambiental 2020
“El balance general es nefasto”. Quien lo dice es Flavia Broffoni, politóloga y fundadora de XR (Rebelión o Extinción) Argentina. Desde su perspectiva, el Gobierno de Alberto Fernández no tiene grandes diferencias con respecto a sus predecesores a la hora de insistir en “proyectos que ante la necesidad económica de cubrir el frente externo profundizan el modelo neoextractivista que viene predominando en Argentina desde los años 70”.
Broffoni identifica una tríada basada en la extracción de lo que se conoce como recursos naturales: combustibles fósiles, nuevo impulso a proyectos megamineros (con más subsidios a la exportación de productos mineros y la zonificación de provincias que no tenían habilitada la actividad) y agronegocio. El emergente político en torno a este último sector es, para Broffoni, el Consejo Agroindustrial Argentino, donde por primera vez se logra aglutinar al sector agroexportador (con excepción de la Sociedad Rural), que se acerca al Gobierno con la promesa de entrada de divisas. “Es lo que nosotres desde la Coordinadora hemos denominado falsas soluciones. Son medidas que intentaron promover por separado y encontraron en Felipe Solá la voluntad de que todo eso se tradujera en un proyecto de ley, que todavía no está constituido como tal, pero tiene aval de todo el arco oficialista y opositor de Juntos por el Cambio”.
Broffoni, que acaba de publicar con Sudamericana el libro Extinción, explica con preocupación que ante la necesidad de atraer dólares “les estamos abriendo las puertas a proyectos inéditos, como es el de mayor industrialización animal de la historia de la Argentina, mediante el potencial acuerdo porcino con China”. Pese a este salto exponencial y a que estos proyectos moldean el perfil productivo del país durante varios años, la referente de XR cuestiona que no haya mecanismos de representación directa que consideren la opinión de las comunidades.
Broffoni presta mucha atención a cómo desde la narrativa y el discurso oficiales se habla de sustentabilidad y cambio climático, mientras que la política expresada en el Boletín Oficial evidencia “más de lo mismo y siempre para peor”.
¿Por qué no se dice la verdad sobre la dimensión de la catástrofe ecológica y climática, ni siquiera desde los espacios ambientalistas?
Abro hilo.
— Flavia Broffoni (@FlaBroffoni) September 8, 2020
Mauro Fernández hizo campañas, política y comunicación en Greenpeace Argentina por más de una década. Actualmente es Atlantic Fellow en el Instituto Internacional de Desigualdades que impulsa la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. A grandes rasgos, para él el 2020 trajo al menos una buena noticia: la popularización de la cuestión ambiental. “Logró trascender los nichos más tradicionales, vinculados a las luchas territoriales, al oenegeísmo y al conservacionismo”, dice Fernández. En eso tuvieron mucho que ver los nuevos movimientos que, con su variedad de narrativas, expandieron la discusión y hasta atrajeron interés editorial por la temática. Entre esos nuevos agrupamientos surgió con fuerza la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, integrada por cientos de organizaciones.
Comparto mi análisis sobre el primer año de gobierno del Frente de Todos en materia ecológica y climática. La pandemia y la crisis socioeconómica heredada requieren comprensión, no condescendencia. La acción climática no puede esperar. https://t.co/p0rBtETCcE
— Mauro Fernández (@mnfernandez) December 11, 2020
“Diputados del oficialismo exclaman que no se puede ser ecologista y neoliberal”, suma Fernández recordando la frase de Leonardo Grosso durante la sesión que dio media sanción a la ley de fuego. Y agrega que “al mismo tiempo ese mismo oficialismo promueve, en connivencia con sus aliados provinciales, una de las principales bombas de crisis climática del planeta -Vaca Muerta-, el avance de la megaminería metalífera, y continúa profundizando un modelo agroexportador intensivo a partir de la autorización del trigo transgénico y el desfinanciamiento de la ley de bosques. El sentido del significante ’ecologista’ también se discute en el Parlamento”.
Fernández califica de “sensibilidad narrativa” por la temática ambiental la que adoptó el Gobierno en su primer año de gestión, inspirada en lo que llama “ecologismo popular”. Pese a aspectos que señala como positivos, del dicho al hecho hay un largo trecho. “Se mejoró la contribución nacional ante Naciones Unidas”, dice con respecto al anuncio presidencial en la última cumbre climática, pero destaca que sigue siendo distante del compromiso de mantener el aumento de la temperatura terrestre en 1,5 ºC. “El modelo energético y agroganadero van en contra de esa estabilización en las emisiones”, matiza. Y aunque Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, desde su óptica la información ambiental y la seguridad de los militantes ambientales siguen siendo pobres. Fernández considera que, si bien la ley de fuego tiene un impacto limitado, “demuestra una preocupación que debería profundizarse con la sanción urgente de una ley de humedales”.
César Massi es un naturalista y cultivador de árboles santafesino. En sus palabras, en un año marcado por el “avance indiscriminado del extractivismo”, lo positivo es que se generó un gran movimiento en la sociedad, incluso en solidaridad desde las ciudades con lo que sucedía en los territorios. Ante cada movida, dice, hubo reacción social. “Quizá por ello [el extractivismo] no haya avanzado más”, reflexiona.
Otro aspecto positivo para Massi, pese a las dificultades, fue haber sentado las bases de la ley nacional de humedales. “La lucha seguirá el año que viene, pero estoy orgulloso porque, pese a la pandemia y a haber estado encerrados gran parte del año, les plantamos bandera y cimentamos grupos humanos para trabajar de acá en adelante”.
Hoy es un día en el que se habla mucho de descarbonizar la economía.
En el 2020 incendiamos gran parte del país: selvas, sierras, gran parte de los humedales del río Paraná, el bosque chaqueño. Agregamos el desmonte.
Descarbonizar?
Basta de humo. Digo, de carbono.— Cesar Massi (@CesarMassi) December 12, 2020
El balance del año cierra con saldo negativo particularmente en el área sobre la que más interviene Massi: los humedales. Desde comienzos de 2020 estos territorios donde el agua es componente central sufrieron incendios intencionales por el avance de la ganadería intensiva y su necesidad de “rebrote” para el pastoreo de ganado. Las quemas se mantuvieron durante todo 2020 con distinta intensidad (agudizándose en agosto-septiembre-octubre con la temporada seca), pero no fueron el único ataque de la ganadería en la zona: “La obra en los bajos submeridionales, lugar que pretenden destruir para seguir metiendo vacas”, alerta Massi sobre un enorme proyecto para “volver productivas” las tierras que componen el inmenso humedal de tres millones de hectáreas que Santa Fe comparte con Chaco. Dicho proyecto está contenido en el plan de las “200 millones de toneladas” de Agricultura, Ganadería y Pesca, que implica objetivamente un avance de la frontera agropecuaria y sobre áreas de restricción de fumigaciones.
Guillermo Folguera, biólogo, filósofo e investigador del Conicet, acaba publicar La ciencia sin freno. En su evaluación, destaca tres puntos de la gestión ambiental del Gobierno de Alberto Fernández, especialmente en comparación con la administración macrista. Enumera aspectos muy claros de continuidad, pero también de cambio de estrategia e incluso novedades cualitativas del Frente de Todos.
Entre las continuidades, para Folguera la pandemia expuso al extractivismo como “actividad esencial” desde la óptica gubernamental: “Ni siquiera la podían frenar en un contexto de pandemia y aun en casos en que incidía directamente con la posibilidad de que la gente se enferme más, como son las fumigaciones”. No solo no hubo cuarentena para ninguno de los extractivismos, dice Folguera, sino que también se produjeron saltos en el agronegocio, como con los focos de incendio en todo el país, la contaminación de cuerpos de agua y tierras, además de la apuesta por Vaca Muerta y el fracking pese a que los precios internacionales del petróleo no acompañaron.
Si contamina no es producción, es otra cosa.
Si no es saludable no es alimento, es otra cosa.
Si sólo beneficia a algunos pocos no es política pública, es otra cosa.
Si se hace de espaldas a la voluntad popular, no es democracia es otra cosa.Que tampoco nos roben las palabras.
— Guillermo Folguera (@GuillermoFolgu1) November 1, 2020
“El extractivismo es el plan A, B y C de este escenario. Y en ningún caso son políticas gubernamentales: son políticas fuertemente estatales que uno puede rastrear de siglos y décadas atrás, pero que en los últimos veinticinco años tomaron la forma precisa que tienen hoy”.
Para el especialista, el intento macrista quiso emular un neoliberalismo “a la chilena”, con un Estado más pequeño, “eficiente” y apoyado en empresas multinacionales y locales. “Alberto Fernández vuelve a plantear los términos de un Estado más grande, más fuerte, pero que reproduce la lógica empresarial, no se distancia de eso”. En su observación, Folguera deja picando el interrogante de si el neoliberalismo implica la desaparición del Estado o la transformación de este en sus términos empresariales.
Este Estado más fuerte respecto de la “herencia macrista”, analiza Folguera, se impuso el objetivo de “obtener caja”, y la mercantilización de cuerpos y territorios fue la lógica dominante pese a un discurso “aparentemente antineoliberal”. Para el doctor en Biología de la UBA, la discontinuidad entre ambas administraciones en relación al ambiente es apenas retórica. En términos políticos, sintetiza, se trata de “asumir estrategias diferentes con un mismo objetivo”.
Folguera vio superadas con creces sus expectativas en cuanto a las preocupaciones. Señala que hubo al menos cuatro problemas nuevos que llegaron de la mano del Frente de Todos: el más reciente fue la aprobación del trigo transgénico, “algo a lo que ni el macrismo se había animado”, pero en el transcurso de su primer año intentaron la megaminería en provincias emblemáticas que históricamente se habían movilizado en contra. Folguera, que sacó un libro junto a otros especialistas contra el acuerdo porcino, destaca que la lucha contra la instalación de las megafactorías mostró que tampoco hay licencia social para emprendimientos de esa escala. “La avanzada sobre el Impenetrable significa mucho dolor”, agrega. Capitanich cerró por tres complejos porcinos con China.
El crítico escenario que describe Folguera, no obstante, tuvo como contrapartida algo mucho más esperanzador: “De este lado, el lado social, se han motorizado muchas luchas y resistencias”. El científico se esperanza con el 2021 y con el “hilvanado de luchas”, como llama a la mixtura entre los movimientos de derechos humanos, ambientales, feministas, estudiantiles y por los derechos de los pueblos originarios. En su opinión, esta fragmentación fue uno de los principales “aciertos” del poder, que ha logrado que en la última década se presenten como luchas diferentes.
En gran medida dependerá de nosotros y nosotras la posibilidad que tengamos de poner freno a eso y buscar alternativas de vida
“El extractivismo pesquero ni siquiera tomó visibilidad”, se lamenta Folguera. Uno de los que más escribió sobre el tema, el periodista Patricio Eleisegui, habla del “gran vacío y la inacción del Estado” a la hora de controlar la depredación de los recursos de la plataforma marina. Como con las megagranjas y el litio en la Puna, detrás también está China con su tristemente célebre flota de altamar, que con unas trescientas embarcaciones hace pesca ilícita y este año protagonizó un verdadero escándalo en las islas Galápagos, con el saqueo masivo especialmente de calamar. Tras un paso por Perú, se dirigen a la Argentina. “Hay alrededor de cien instalados en el borde del área económica exclusiva del país. Vienen por el calamar, una especie endémica y en peligro”, cuenta, y añade que la depredación intensiva de dicha especie también implica la ruptura de la cadena alimentaria en el Atlántico sur.
A Eleisegui le preocupa que, a diferencia de otros países, no haya sanciones fuertes a estas prácticas en el mar argentino. “Casi todos los años se detiene algún pesquero ejerciendo esta práctica ilegal, pero Argentina nunca modificó el tenor de las penas. Solo se aplican multas que los pesqueros pueden pagar: no llegan a 150 000 dólares, las pagan en uno o dos días de pesca y vuelven”, explica. Dichas prácticas también son llevadas adelante por Corea del Sur, Portugal y España, que saquean el Atlántico sur y en muchos casos se valen de mano de obra en condiciones de semiesclavitud. En su opinión, las distintas gestiones de Cancillería han sido históricamente muy “blandas” y no han presentado quejas formales, mucho menos con China, principal socio comercial del país. “Eso explica el silencio oficial”.
En 2020 “las buenas han brillado por su ausencia”, reflexiona Eleisegui desde México, adonde viajó para la realización de Una laguna negra, documental sobre las industrias porcícolas. “Es uno de los peores de la última década”, enfatiza, “y es completamente inseparable de las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional”. Extractivismo petrolero (y reaparición de sismos en Vaca Muerta, donde se cuentan más de cuarenta en el año), uso de agrotóxicos, expansión de la frontera agropecuaria con las quemas y deterioro de humedales en el delta del Paraná, acuerdo por las megagranjas porcinas con China, planes para reactivar la extracción de litio en la Puna, enumera entre los “hitos” negativos del año ambiental. Agrega que hubo complicidad de los gobernadores, como los de Entre Ríos y Santa Fe con los incendios en el Paraná. “Han mirado para el costado por una cuestión de conveniencia política y económica. Lo mismo se aplica para Córdoba. Yo no suelo pensar que estas cosas son casuales, que de repente el Gobierno nacional ‘no reacciona’, no ataca los incendios con rapidez o no encuentra culpables. Hay una decisión de generar un vacío de respuesta”, cuestiona el periodista, para quien los incendios no fueron promovidos por el Gobierno, pero tampoco desalentados.
Eleisegui, autor de tres libros [1] sobre la crisis sanitaria y ambiental a causa de las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina, ve una profundización de la tendencia desde la década del 90. Pese a que la pandemia podría hacernos suponer una menor demanda de agroquímicos, Eleisegui ofrece dos datos contundentes: “Los indicadores de producción, con la exportación a países vecinos y a Centroamérica, aumentó un 20 % este año. Y algunas consultoras hablan de un incremento de un 7 % en la demanda interna”. El especialista no se sorprende, habida cuenta de que el Gobierno estableció al agronegocio como actividad esencial: “Es una profundización de la matriz extractivista, siempre de la perspectiva de la caja sojera y transgénica, que como en Gobiernos anteriores sostiene proyectos políticos”.
— Patricio Eleisegui (@Eleisegui) December 3, 2020
Sin embargo, para el autor de Agro tóxico tampoco pasaron inadvertidos los “discursos progresistas” de sectores del ambientalismo alineados con el Gobierno del Frente de Todos. Esto no quita que esta administración vaya, en sus palabras, “a contramano totalmente de la ecología y la protección del ambiente”. En ese sentido, otro aspecto decepcionante para Eleisegui fue mencionar la intención de poner en pie una división de agroecología y nunca llevarla a cabo. “Jamás hicieron los nombramientos”, se queja.
El año que concluye, cuyo rasgo distintivo sin lugar a dudas fue la pandemia, llevó a una reflexión acerca de la relación general de los seres humanos con el planeta. Es lo que afirma Santiago Benítez-Vieyra, doctor en Biología e investigador independiente del Conicet. “Es una epidemia de origen zoonótico vinculada al avance de la deforestación y el contacto de poblaciones humanas con animales silvestres”. Benítez-Vieyra, también integrante de la sección de Ciencia y tecnología de La Izquierda Diario, reflexiona sobre la relación entre la salud humana, la de la naturaleza y los circuitos del capitalismo.
Si bien no podemos decir que el extractivismo sea algo novedoso, Benítez-Vieyra identifica una aceleración durante el Gobierno de Fernández, donde el año empieza y termina con grandes movilizaciones contra la megaminería, cuyo principal problema reside, en última instancia, en el uso del agua, ya que con la instalación de megamineras o la extracción de litio se la utiliza en forma indiscriminada. Además, en lugar de generar trabajo, dejan “agujeros en el suelo”.
Para el biólogo, que reside en Córdoba, una de las provincias más castigadas este año, otro de los puntos negativos sobresalientes fue el avance sobre los ecosistemas naturales, particularmente los boscosos, por parte de los mismos “agentes extractivistas”, en especial por sectores agroganaderos, pero también por especulación inmobiliaria y hasta minería.
Desde la Córdoba que incendiaron, fumigaron y deforestaron lo sabemos muy bien. Nunca más saqueo extractivista, abrazo a todo Chubut.
#NoALaMegamineriaEnChubut #chubutaguazo #NoEsNo pic.twitter.com/aiGgDLYsGO— santiagombv (@santiagombv1) December 22, 2020
“Si ustedes van ahora a las zonas incendiadas, en muchas van a ver que están llenas de vacas, y eso es lo esperable, aprovechando la sequía importante que sufrió gran parte del país”, comenta Benítez-Vieyra, para quien estos territorios son parte de su quehacer cotidiano. “Los incendios no suceden naturalmente, salvo por causas como rayos. Y precisamente, si hay sequía, no hay rayos”, explica. Una de las excusas que esgrimió el Gobierno de Schiaretti ante los voraces incendios fue que se debían al “cambio climático”.
Con la sojización desde fines de los 90 sobre casi toda la zona pampeana, eso desplazó a otros cultivos y también a la producción ganadera hacia “zonas marginales”, como las define Benítez-Vieyra, más secas, donde la agricultura no es posible. Ejemplo de esto es la zona serrana en Córdoba, donde aumentó la cantidad ganadera a partir del desplazamiento desde el este y el sur de la provincia, donde empezó a sembrarse soja.
El ingreso de estas zonas al “proceso productivo” es una decisión política, concluye Benítez-Vieyra. Y así se ponen en riesgo de destrucción los bajos submeridionales en Santa Fe, el avance total en la zona chaqueña (Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero) y las zonas boscosas de montaña, las yungas y los bosques serranos de Córdoba. Los incendios, dice el investigador del Conicet, son una fotografía que expone el avance extractivista sobre el territorio al menos en los últimos veinte años. El freno a esta política de Estado no viene del palacio, sino de la calle.
Algunas escenas de extractivismo explícito
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Grupo canadiense explotará otro megaproyecto minero en San Juan con aval del Gobierno
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Emosido engañado: las grandes fortunas y el fracking
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Pura soja: Alberto Fernández con Syngenta en el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas
El Senado aprobó la ley de fuego: límites de una iniciativa “tribunera”
En Chaco hay miles de familias sin agua, pero derrocharán millones de litros con megagranjas
Chubut: reprimen y detienen a manifestantes contra la megaminería
Megaminería: en Chubut se debate, en Río Negro se aplica
Denuncia penal por los basureros petroleros en Vaca Muerta
La Corte de Catamarca falló a favor de la megaminería: el pueblo de Andalgalá en alerta
[1] Envenenados: una bomba química nos extermina en silencio, Fruto de la desgracia: agroquímicos y esclavos para un mundo con arándano argentino y Agro tóxico: Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial.
