Opinión. Estigmatización política y ajuste en el virreinato del FMI

En Chavs, la demonización de la clase obrera, Owen Jones desglosa el vínculo existente entre la estigmatización de la clase obrera blanca y la avanzada neoliberal, que encontró su expresión más acaba en el thacherismo, ese reino ideológico de la ausencia de alternativas y la resignación. Aquella construcción de parias funcionaba como la construcción de enemigos internos, de boicoteadores del progreso y las libertades individuales.

Con la pobreza argumental correspondiente y exabruptos propios, la derecha y la gran corporación mediática argentina profundizan la estigmatización del movimiento piquetero. Que es, al mismo tiempo, la estigmatización de todo sector popular que salga a luchar.

El ataque a quienes “perjudican a millones” -como si ellos y ellas no fueran parte de esos millones que trabajan o buscan trabajo, padecen la crisis y el hambre- tiene finalidad política: condenar a la protesta social al lugar de lo prohibido. En esta óptica gorila, el único “pobre bueno” es el pobre callado y resignado a una vida miserable.

Si miramos un momento a Jujuy, veremos cómo esa estigmatización se ha convertido en avanzada represiva manifiesta. El radical Gerardo Morales persigue y encierra a dirigentes sociales por el simple hecho de haberse movilizado. En una doctrina peligrosa, la Justicia adicta al gobernador define que cualquier movilización es un “ataque al Estado”.

Es grave lo que ocurre en Jujuy. Detuvieron a los dirigentes Sebastián Copello (PO) y Juan Chorolque (MTR-12 de abril) y hay una orden de detención para Verónica Urzagaste de MAR. Los acusan de desobediencia a la autoridad y obstaculización del transporte en dos jornadas de lucha

— Myriam Bregman (@myriambregman) April 8, 2022

A nivel nacional la agenda represiva se inscribe, esencialmente, como parte de la casi lanzada campaña electoral. Un festival de derechistas -que va de Milei y Bullirch a Berni- desfila por los medios como abanderados del “orden”. Esa demagogia punitivista ensaya un diálogo reaccionario con sectores de población golpeadas por la crisis. Vendida al por mayor, la represión se ofrece como “salida” a la crisis social.

Esa estigmatización repite una operación político-ideológica tradicional: culpar a quienes reclaman para evadir la responsabilidad de quienes hunden al país mientras se enriquecen. Blanco móvil del discurso mediático, quienes cortan calles vienen a dejar en segundo (o último) plano a quienes fuga, evaden y ajustan.

Sin embargo, esa agenda represiva tiene límites. En la memoria política de amplios sectores aún están presentes recuerdos de aquellas represiones pasadas que terminaron de forma dramática. A punto de cumplirse 20 años de la Masacre de Avellaneda, no se olvidan los nombres de Maxi y Darío.

Sindicalismo de la resignación

Este lunes, cuando el Senado iniciaba la discusión sobre el proyecto de blanqueo para pagarle al FMI, Hugo Yasky afirmaba que la central que dirige tiene “la voluntad de militar esto, de convertirlo en una bandera (…) prepararnos para construir la presencia del movimiento sindical en las calles”. Más sobrio, aunque en un tono similar, Pablo Moyano proponía “militar en la calle” el proyecto y daba -a título unipersonal- el “apoyo total de la CGT”.

Esa disposición a tomar las calles estuvo ausente a la hora de enfrentar el acto de sometimiento nacional que implica el acuerdo con el FMI. También se evidencia nulo al momento de afrontar otros ataques contra las mayorías trabajadoras. ¿Dónde está el llamado a movilizar ante la creciente pérdida del poder adquisitivo?

"Que pasaría si las centrales sindicales llamáramos a una huelga general contra los aumentos de precios", pregunta Hugo Yasky.
Que buena pregunta. Que tal si la llaman? Además de decir que podrían hacerlo? pic.twitter.com/VpIroEfZSl

— eduardo castilla (@castillaeduardo) April 6, 2022

Enorme ironía de la política y la realidad social: la conducción oficial del Movimiento Obrero Organizado hace suyas las demandas del FMI, pero no las del movimiento de desocupados. Menos aún aquellas que ocurren en sectores combativos de la clase trabajadora. Las patronales, más que agradecidas.

El desprecio real -más allá de eventuales declaraciones- incide en una mayor división de las filas de la clase trabajadora. Para las conducciones sindicales burocráticas -esencialmente peronistas- las familias desocupadas son parte del paisaje, no un problema real que corresponda resolver para enfrentar “en unidad” al Estado y el gran capital.

Ese abandono colabora a la estigmatización política y social. Facilita el discurso que opone “laburantes” a “piqueteros”. Incrementa la audacia de derecha reaccionaria que pide palos y gases.

Esa dinámica, sin embargo, no resulta novedad. Continúa la labor divisionista que se expresa en fragmentación del colectivo obrero entre efectivos, contratados, tercerizados y desocupados. División que, desde la dictadura genocida en adelante, no hizo más que perpetuarse.

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De esa desigualdad -de salarios, de derechos, de condiciones- se nutre directamente el poder capitalista. No solo en un sentido simbólico, sino en uno más prosaico: el de sus ganancias. En 2014, un relevamiento sobre 259 convenios indicaba que “entre las y los trabajadores de telecomunicaciones, las diferencias salariales entre efectivo y tercerizado podían llegar hasta el 62 por ciento. En la electricidad hasta el 59 por ciento; los de gas hasta el 55 por ciento; televisión 43 por ciento”.

La avanzada tercerizadora de las últimas décadas -profundizada en el ciclo kirchnerista- responde a ese imperioso objetivo de aumentar los niveles de explotación. La declamada reforma laboral -de la que Milei y sus libertontos se hacen voceros- se despliega bajo la misma perspectiva.

¿Cómo enfrentar el poder del capital sin cuestionar esas divisiones? ¿Sin batallar, diariamente, por unir aquello que capitalistas y burócratas sindicales dividen? ¿Sin enfrentar, decididamente, la ideología que presenta “trabajadores de primera y de segunda”?

Esa tarea es ajena al sindicalismo de la resignación oficialista que nos invita a “poner el cuerpo” para que cobre el FMI. Por el contrario, es la que resulta imperiosa para el sindicalismo clasista y la izquierda revolucionaria.

Mi foto con un famoso

Por estas horas Marc Stanley goza de una notoria popularidad en el Frente de Todos. Como si fuera una celebrity, desfila por el Congreso de la Nación y se fotografía sonriente con Sergio Massa y Cristina Kirchner. Desde el más allá -si es que existe- Spruille Braden aplaude. Los gestos tienen trasfondo. Son muestras de “amor” hacia el máximo accionista del FMI. Todo demasiado a tono con el Virreinato del FMI que empezó a regir hace pocas semanas, tras la votación del acuerdo en el Congreso.

Ese alineamiento a los intereses imperialistas también llegó este jueves a la ONU, cuando Argentina votó junto a las grandes potencias la condena a Rusia. La brutal invasión de Putin a Ucrania merece el mayor de los repudios. Hacerlo junto a la OTAN y EE.UU. equivale a perpetuar el cinismo de las potencias imperialistas que se disfrazan de defensoras de la libertad.

Haciendo malabares con las palabras, el kirchnerismo político evoca la misma épica que la dirigencia del sindicalismo de la resignación: la creación de un Fondo para pagarle al FMI a partir de blanqueo por parte de grandes evasores.

Por detrás resuena la sentencia usada tantas veces en la campaña de 2019: “La deuda es con el pueblo”. Ahora, formalmente, ya se sabe que “el pueblo” -léase jubilados, trabajadores, niñes- está debajo de la burocracia del Fondo.

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