En este 16 de septiembre me encuentro con un papel en blanco y birome en mano. Hoy no sólo debemos levantar aquella vieja bandera que reclamaba por un boleto estudiantil gratuito, sino que también tenemos la obligación de remontarnos al verdadero pasado. Allá, por el año 1976, diez estudiantes, entre los dieciséis y dieciocho años, enfrentaron cuerpo a cuerpo a las fuerzas represivas de un gobierno de facto. Cuatro de ellos lograron sobrevivir, pero no sólo sobrevivieron sino que no dejaron de lado a sus compañeros.
Martes 16 de septiembre de 2014
¿Quiénes son?, ¿quiénes fueron?, ¿qué hacían ahí?, ¿qué querían lograr? Ellos no eran simplemente adolescentes que concurrían a una escuela secundaria, eran y son mucho más que eso. Eran pibes militantes, pibes que salían a enfrentarse con un gran monstruo, pibes que sentían visceralmente la necesidad de un cambio, hasta algunos de ellos han sido secuestrados injustamente por estar “mal marcados”. Hoy no debemos recordarlos como “esos, los que salieron a reclamar por un par de derechos estudiantiles”, debemos tomar su lucha como un gran ejemplo para acabar, de una vez por todas, con la impunidad que este sistema fomenta y ejerce en todos los ámbitos donde nos desarrollamos.
En estas líneas quiero dejar en claro la importancia que tiene para nosotros, los estudiantes secundarios y universitarios salir las calles cada aniversario de la llamada Noche de los lápices. No sólo reivindicando sus ideales, sino también haciéndonos eco de los compañeros que han dejado, incluso sus vidas, por una sociedad más justa y contemplativa del peso de los jóvenes en la misma.
Cabe destacar que después de treinta ocho años, este reclamo llegó a la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó la media sanción y sólo se espera su aprobación total en el Senado. Este proyecto ha sido presentado desde la banca del Frente de Izquierda y contempla a toda la Comunidad Educativa; niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto del sector estatal como privado. La iniciativa también afecta progresivamente a docentes y no docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado, en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires. Esta aclaración no es en vano, ya que demuestra la actitud de aquellos que no se olvidaron de los que comenzaron la gestión de esta larga lucha.
