Es una excepción en medio de docenas de expulsiones políticas disfrazadas por el Tribunal Universitario.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 20 de agosto de 2019
Una serie de expulsiones avanzan sigilosamente en la UNAM, son varios casos de estudiantes sancionados por diferentes motivos, cuya coincidencia es ser críticos a la política de rectoría y formar parte del activismo estudiantil.
Pero surge una excepción con estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, Benjamín Martínez Gómez, cuya defensa legal denuncia la represión en su contra y la coerción del Tribunal Universitario a padres y estudiantes en varios casos más.
Los padres de Benjamín no aceptaron la expulsión que han pretendido imponer autoridades universitarias y llevaron ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, una demanda por juicio de amparo contra la resolución del Tribunal Universitario, logrando la suspensión de la expulsión hasta la definición final del juicio.
No resignarse a la antidemocracia inquisitiva del Tribunal Universitario es una lección que debe ser retomada por todos padres de jóvenes activistas sancionados en la UNAM, pues según denunció el abogado de la familia, el director del CCH Sur, Luis Aguilar Almazán, ha cometido importantes errores en el caso, acostumbrado a actuar de forma autoritaria contra los estudiantes.
Actualmente el cumplimiento de la resolución favorable para el estudiante, debe implicar su reincorporación al semestre 2019-II que inició el 5 de agosto, situación que fue notificada a director del plantel. Mientras la familia pelea por fincar responsabilidades administrativas a las autoridades del CCH Sur, por el uso faccioso de las estructuras de gobierno de la UNAM, malversación de la función social de la UNAM y por los daños y perjuicios causados a los estudiantes perseguidos y difamados.
Cabe señalar que ambos padres del joven formaron parte del movimiento estudiantil que luchó en defensa de la gratuidad universitaria en la UNAM, en 1999-2000, Blanca Gómez lucha actualmente por su reinstalación como trabajadora administrativa de la UNAM, también por represión política y Jorge Martínez Valero, uno de los participantes de esta lucha histórica, más perseguidos judicialmente por varios gobiernos desde entonces.
No es casual que la represión avance sobre esta familia de lucha, en un momento donde la universidad pretende acabar con la resistencia política a los planes de Enrique Graue, que destina los recursos de la universidad al fortalecimiento de la represión disfrazada de medidas de seguridad, con la colocación de cientos de nuevas cámaras, rejas, torniquetes, operativos antiexplosivos, desmantelamiento de los cubículos estudiantiles que en algunos casos ha llevado a cabo por policías vestidos de civil.
La defensa del estudiante expone las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades de la UNAM, que incluye decenas de expulsiones políticas disfrazadas o bajo la coerción del Tribunal Universitario, para que los universitarios o sus padres, en caso de los menores de edad, firmen bajas "voluntarias" con la institución, que de paso disminuye las verdaderas cifras de expulsión existentes.
Este ataque ha sido más evidente en los planteles de bachillerato, preparatorias y CCHs, garantías, como la libre organización y manifestación de las ideas contrarias a ese autoritarismo, o las demandas elementales del derecho de audiencia, se ven constantemente perseguidas por los diversos órganos y cuerpos represivos.
Luchadores sociales de la generación del 99, agrupados como CGH Vive, han externado su solidaridad en este caso y hacen un llamado a las nuevas generaciones de la UNAM, a ponerse de pie para frenar la represión y responder ante el ataque a los estudiantes en lucha.
En conferencia de prensa, la familia, abogado y excegeacheros han exigido alto a la represión en la UNAM y a los bachilleratos, respeto a la organización estudiantil independiente, reinstalación inmediata de todos los expulsados por razones políticas.
