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Red Internacional
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SEP. Estudiantes de escuelas públicas enfrentan el Covid-19 sin derecho a la salud

El creciente empleo informal en México deja a cientos de estudiantes sin cobertura médica, ya que el Estado no les brinda al 100% este servicio y tampoco lo obtienen por parte de sus padres. En la CDMX el programa “Va seguro” no cubre las necesidades de salud básicas de las y los niños, adolescentes y jóvenes.

Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Sábado 28 de marzo de 2020

El programa “Va seguro” inició sus operaciones en la CDMX en 2008, ante el desmantelamiento de los “consultorios” escolares y la negativa de contratar personal médico para las escuelas, como parte de los ataques de los sucesivos gobiernos neoliberales contra la educación pública y gratuita. Es un programa generado por el Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar) del gobierno de la Ciudad de México

Este programa sólo cubre accidentes que suceden en el ámbito escolar, por lo que resulta insuficiente para asegurar la salud y el bienestar de casi 2 millones de alumnos en la CDMX.

No cubre enfermedades crónicas ,por ejemplo, ni al estudiante mientras esté en casa, de vacaciones o en días feriados; así que, fuera de situaciones escolares, si los estudiantes no cuentan con servicios médicos gracias al trabajo de sus madres o padres, o están inscritos a los limitados servicios del ahora INSABI (antes Seguro Popular), quedan totalmente por fuera del sistema de salud y desprotegidos.

Estudiantes de educación pública, se encuentran en constante riesgo al no contar con algún servicio médico de otra índole, lo cual es el caso de gran parte de nuestros alumnos, sobre todo en zonas marginadas.

Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), en 2019 el 51.8% de la población a partir de los 15 años trabaja de manera informal en la CDMX, aunque las y los maestros sabemos que muchxs de nuestrxs niñxs trabajan desde más temprana edad. Así como sabemos que un gran número de habitantes -padres y madres de nuestros alumnos- que son cabezas de familia no cuentan con un seguro médico público que cubra gastos mayores en caso de accidentes o enfermedades complejas.

De acuerdo con el director del Fidegar, Carlos Nava, y por las experiencias de distintos docentes, las autoridades educativas suelen minimizar los accidentes o abandonar la responsabilidad en los tutores para evitar ser cuestionados por autoridades federales; así, los alumnos quedan a expensas del tratamiento que puedan o no conseguirles sus padres o tutores.
Una gripe leve o cualquier síntoma que no pueda verificarse como causa de la estancia escolar, queda fuera del seguro gratuito que este programa brinda a las y los estudiantes.

Cabe mencionar que, de los más de 110 millones de pesos que ha tenido a su disposición este programa cada año ($126,231,628 en 2018), sólo se aprovechan entre 15 y 17 millones, pudiendo asignar más del 80% restante a atenciones de prevención o cuidado de miles de educandos.

En esta cuarentena el gobierno no sólo pide a los estudiantes quedarse en casa para evitar el contagio en las escuelas de educación básica y otras tantas de media superior y superior, también les piden trabajos a través de medios virtuales a los que un gran número de los hogares no tiene acceso, ya sea por falta de internet o de computadora, y en las zonas de extrema marginación los alumnos en sus hogares tampoco cuentan con televisión.

Por otro lado y siendo que muchos de ellos dejaron de asistir a la escuela desde antes de que se suspendieran las clases, tampoco han recibido la guía de estudio o las actividades para dos semanas de aislamiento que elaboraron lxs docentes a petición de la SEP (Secretaría de Educación Pública), pues, en muchos casos viven a más de una hora de camino de las escuelas como para arriesgarse y acercarse a preguntar.

Por ello, vemos necesario y urgente que el Fidegar, así como otros programas de seguro médico para estudiantes en diferentes estados, asignen el presupuesto que no se ha utilizado para brindar cobertura en salud y hospitalaria a quienes lo necesiten, priorizando el servicio a estudiantes y sus familias.

Que el gobierno federal tome medidas concretas que doten a la población desposeída de los beneficios básicos para sobrellevar esta crisis sanitaria, librando a los más humildes y a las y los trabajadores informales, que son el 56% de la población activa, del pago de los servicios básicos como el eléctrico y el gas. Así como el servicio de telefonía, que es el único medio de comunicación ante urgencias que muchos hogares poseen, al mismo tiempo que liberen sus redes públicas de internet o exijan a las compañías privadas su gratuidad mientras dure la pandemia, para que ninguna familia ni nuestros alumnos queden aislados.

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Con información de INEGI y Máspormás