Han sido varias semanas que el movimiento estudiantil hondureño -en su mayoría universitario- se ha apostado nuevamente a las calles para defender la educación y condenar la criminalización de la protesta social, que en el último periodo ha dejado como resultado la condena a prisión a tres estudiantes por su participación política.
Viernes 30 de junio de 2017 00:01
Durante por lo menos tres semanas consecutivas se han realizado movilizaciones masivas y en las calles protagonizadas por la juventud hondureña, con tomas de instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para ponerle frente a la actual administración de la rectora Julieta Castellanos.
Las movilizaciones de los estudiantes, aunque también con participación de docentes y organizaciones sociales, exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en julio de 2016 entre los estudiantes y autoridades de la UNAH, donde destacan el cese de la persecución judicial contra quienes participaron en las tomas de los edificios de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa. Dicho proceso cuestionó y evidenció el plan de las autoridades universitarias para privatizar la educación en la institución.
Cabe destacar que el descontento estudiantil se da en el marco de que el Tribunal de Justicia declaró recientemente culpables a tres estudiantes de la UNAH; Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Padilla por el delito de usurpación de los predios de la universidad, y cuya condena podría alcanzar los 4 años de prisión que pueden ser conmutados con el pago de una multa de 10 lempiras diarios por el mismo tiempo.
La rectora, Julieta Castellanos se ha intentado desmarcar de los señalamientos y de la principal exigencia del movimiento estudiantil que pide su renuncia. Como respuesta, mientras los estudiantes se manifestaron para repudiar el golpe de estado que hace 8 años derrocó a Manuel Zelaya, la rectora aseguró que “los tres condenados no eran parte de los acuerdos”, en una prueba más de su despotismo.
Las organizaciones sociales que se han solidarizado señalan que actualmente “Hay un plan macabro, para criminalizar a los estudiantes, privatizar la educación y militarizar la universidad. La Universidad es del pueblo hondureño.”
La solidaridad de estas organizaciones los ha llevado a la conformación del Comité de solidaridad con la lucha estudiantil, con la participación de más de 30 organizaciones sociales como: Paso Podemos, Ofraneh (Defensores terrotoriales garífunas), Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos, Centro de Derechos de la Mujeres, entre otras. Han hecho un llamado para solidarizarse con la lucha estudiantil a nivel nacional e internacional, donde agregaron que existe “una crisis severa de derechos humanos que se extiende como un problema en todo el país”.
Durante una concentración este jueves 29 de junio diferentes organizaciones señalaron la complicidad que existe entre la rectoría de Julieta Castellanos y empresas privadas en la firma de convenios que violan la autonomía universitaria, pero donde además se permite la realización de “Operaciones espaciales” dentro del campus contra “personas que ellos consideren sospechosos” con el apoyo de 400 elementos de la policía militarizada, además de la guardia de seguridad privada ESPA. Y es que hay que señalar que dichas “operaciones” ya se han efectuado al interior de las instalaciones, cuando en días previos policías irrumpieron en la UNAH para lanzar gases lacrimógenos en los laboratorios de la Facultad de Odontología en una abierta operación contra los estudiantes.
También se ha señalado que las organizaciones sociales refrendan su compromiso de acompañar la lucha estudiantil y su apoyo en las propuestas por la democratización de los espacios de gobierno y la toma de decisiones de la universidad, así como garantizar el derecho a la educación pública. Además llamarán a próximas acciones contra la violación a la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social.
Este despertar del movimiento estudiantil debe servir para aglutinar el descontento que existe en el país centroamericano, donde el ataque del gobierno se ha desplegado contra comunidades indígenas y campesinas, pero también contra mujeres y el conjunto del pueblo trabajador. Las perspectivas del movimiento social puede volver a potenciar la denuncia contra el gobierno de Juan Orlando Hernández y del régimen hondureño que en 2009 orquestó el golpe de Estado mandatado desde Washington.
