Según un estudio del Observatorio Perspectivas, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de informalidad subió en los últimos meses, llegando a 27,5%. Esto se traduce en 2,5 millones de personas sin protección social, vale decir, sin cobertura para salud, cesantía, accidentes del trabajo o vejez.
Martes 13 de febrero
El informe señala que la incidencia de la informalidad es especialmente fuerte en los trabajadores por cuenta propia, es decir, quienes se desarrollan como trabajadores independientes. De los hombres en este grupo, el 67,3% es informal, mientras que en el caso de las mujeres, el indicador llega a 70,1%. Cifras bastante altas.
“Las personas que no cuentan con protección social por no cotizar son más entre los jóvenes y los mayores. Entre los jóvenes esto es especialmente dañino porque el impacto sobre la pensión es sustancial”, sostiene el documento.
Desde el mundo empresarial, mostraron una particular “preocupación” en torno a la tasa de informalidad y la alta tasa de no cotización. Recordemos que este estudio se presenta en medio de la discusión que se está dando en torno a la reforma de pensiones, que estructuralmente no toca a los dueños de las AFP.
La preocupación de los gremios empresariales reside en dos puntos fundamentalmente. El primero en la pérdida de posibles capitales, si la gente no cotiza es menos dinero que ingresa a los Fondos de Pensiones, para que posteriormente estos especulen en la bolsa de valores, y el segundo es que en algún momento esas personas envejecerán y necesitarán obtener pensiones, lo que puede abrir mayores conflictos sociales y más cuestionamientos aún del modelo de las AFP, sin contar que además habrá mayor presión para que el Estado se haga responsable, cuestionando así a los empresarios y sus millonarias ganancias.
Lo anterior desde ya que no es nada nuevo, los cuestionamientos hacia el sistema de pensiones en nuestro país datan de varios años. En Chile, la estructura salarial es profundamente desigual, con un minisalario mínimo ($460.000) que no saca a una familia de la línea de la pobreza ($603.033 para cuatro personas según la CASEN 2023) es totalmente incompatible con la capacidad de ahorro suficiente para tener una vejez digna, incluso en el trabajo formal.
El problema del salario se acrecentó los últimos dos años debido a las altas tasas de inflación (sobre el 10%) que se acumularon luego de la pandemia y que bajó a costa de castigar el consumo y la necesidad de endeudamiento para las familias más pobres. El enfriamiento de la economía finalmente lo pagaron los pobres que debieron reducir el consumo domiciliario para no aumentar el enorme peso de la deuda (57,4% de los hogares).
Existe una disputa ideológica de cómo se deben resolver los problemas estructurales que aquejan a las grandes mayorías. Mientras el 10% más rico obtiene ingresos mensuales sobre los $4millones de pesos (CASEN 2022) Los hogares del 10% de menos ingresos apenas llegan a los $254.995. Con esta diferencia de ingresos es imposible que las familias más pobres, puedan ahorrar para sus jubilaciones, aun para el 60% de los hogares, sus ingresos siguen estando bajo la media. Terminar con la lógica de la capitalización individual es necesario no porque debamos dejar de cotizar para la vejez, sino porque se hace insostenible para los sectores populares que dicho ahorro alcance para tener una pensión digna en el largo plazo, sea el trabajo formal o informal, por eso hay que terminar con las AFP y avanzar a un sistema de reparto solidario, controlado por trabajadores y jubilados donde el Estado aporte también a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas, que hoy continúan enriqueciéndose a costa de las grandes mayorías.
Elizabeth Fernández
Profesora
