Jubilados que pierden la asignación de medicamentos gratuitos, reajustes de haberes sin consentimiento y un debate de la reforma previsional a puertas cerradas para incrementar la edad jubilatoria.
Domingo 14 de mayo de 2017 22:23
La ley de Reparación Histórica a Jubilados y Pensionados de julio del 2016 fue el primer ladrillo del gobierno de Cambiemos en la construcción de un nuevo golpe a los jubilados. Presentada como medida progresiva, significó para cientos de miles el empeoramiento de sus condiciones de vida por perdida de subsidios y un desconocimiento del derecho a decidir sobre los reajustes de sus haberes. Pero además, trajo en cartera la implementación de pensiones de miseria y la preparación de una reforma previsional restrictiva, que pretende imponer el gobierno sin debate público.
Eugenio Semino, el defensor de la Tercera Edad, declaró al respecto a La Izquierda Diario que “la Reparación Histórica nunca fue pensada como una medida de seguridad social. Por un lado fue el marketing para justificar el blanqueo, que era lo que realmente les interesaba a todos votar. Y por otra parte, como medida de mayor jerarquía, fue inyectar dinero de los jubilados para activar el consumo, cosa que no ocurrió porque la plata que pusieron es poca para cada jubilado. En realidad el jubilado no puede comprar el televisor sin pagar las expensas que debía, por lo cual no activó en absoluto el consumo como suponían”, sentenció.
“Y el debate sobre el financiamiento de la medida fue falaz porque siempre estuvo previsto pagarse con el súper fondo (FGS) de entre 70 y 80 mil millones de pesos que es el costo fiscal de la medida, no tenía nada que ver la plata del blanqueo”, continuó Semino. Este monto representa menos de una tercera parte de lo que este año tiene previsto el gobierno pagar en concepto de intereses de deuda externa que se acerca a los $ 248 mil millones.
Por otra parte, Semino denunció que no se cumple en muchos casos con el consentimiento específico de los jubilados para acceder a la aplicación del reajuste de haberes y ahora el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) está en un aprieto. No hay claridad sobre qué pasará con los meses que recibieron el reajuste los jubilados que no aceptaron la Reparación Histórica, “porque debieran descontar o resolverlo de alguna forma sino el ANSES ha hecho el pago indebido y no pueden justificarlo. Al día de hoy no tenemos respuestas porque obviamente no le pueden descontar políticamente al jubilado antes de las elecciones, que es al día de hoy lo único que les importa, y por otro lado tampoco pueden incumplir con lo que establece la propia ley que es el consentimiento específico”.
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Muchas son las situaciones conflictivas que se abrieron luego de la ley y se desconoce la magnitud de cada una. Habría un millón de personas incorporadas al Programa, de las cuales hay más de 200.000 jubilados con reajustes inferiores a los $ 500 (el 20% del total), mientras que sólo el 10% tienen reajustes de más de $ 6.500. En tanto, unos 250.000 jubilados tienen incrementos entre 501 y $ 1.500, otros casi 300.000 entre $ 1.501 y $ 4.000, y unos 170.000 entre $ 4.001 y $ 6.500, de acuerdo a las cifras de la ANSeS.
El defensor de la Tercera Edad señaló otros casos que muestran las contradicciones de la Reparación. “Tenés el caso de la sentencia firme. Hay un fallo del juzgado 5 de la Seguridad Social que rechazó una homologación porque ese jubilado tiene sentencia firme, entonces al ser cosa juzgada no puede ser modificada por la Reparación Histórica o cualquier otra cosa que implique menos plata que lo dañe al jubilado. Ese es un caso específico. Lo significativo es que la propia justicia rechaza la homologación”.
“Después están los casos de los que están en juicio, muchos de ellos o casi todos consultaron en septiembre u octubre cuánto les correspondería por la reparación, pero al día de hoy no le dicen cuanto sería, entonces no saben qué hacer con los juicios”.
La oscura trama de la Reforma Jubilatoria en curso
Pero la ley de Reparación Histórica no sólo ha traído más problemas que soluciones a los jubilados que tienen bajos haberes, sino que en su articulado establece la realización de una nueva ley previsional, que ya comenzó a discutirse en el gobierno a espaldas a la sociedad. La Comisión de Sustentabilidad Previsional que se reúne a puertas cerradas en el Ministerio de Trabajo desde hace varios meses , supone como un hecho la suba de la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años y posteriormente subas en las edades para hombres y mujeres.
Semino dijo al respecto: “Yo rechacé la composición de la famosa Comisión de debate sobre la reforma y no acepté formar parte de la misma porque la reforma jubilatoria tiene que ser un debate abierto en la sociedad, entre los que son los dueños del sistema que son los trabajadores, los que ponen la plata en todas sus ramas: los activos y jubilados.”
La reforma del sistema jubilatorio que está preparando el gobierno ubica nuevamente a los trabajadores como la variable de ajuste. No sólo aumentando el tiempo de trabajo obligatorio a partir de la extensión a 65 de edad mínima para jubilarse en las mujeres, sino también universalizando la miseria con haberes inferiores a los vigentes, como los que establece la Pensión Universal para el Adulto Mayor en la ley de Reparación Histórica. Mientras, continúan profundizando los beneficios a los empresarios, negociando la reducción de las contribuciones patronales y allanando el camino a una reprivatización del sistema de la seguridad social.
Frente a esto, es inaceptable una reforma negociada entre el gobierno y los empresarios que se proponen exprimir al máximo la jornada de trabajo a costa de la vida y la salud de las familias trabajadoras. Los sujetos partícipes y necesarios de un debate público sobre los tiempos y las condiciones de trabajo en los momentos de actividad y las condiciones de vida de los trabajadores en edad adulta deben ser los trabajadores activos y pasivos, quienes en definitiva aportan con su trabajo al financiamiento de la seguridad social.
Contra el ajuste y el empeoramiento de las condiciones de vida es preciso plantear la necesidad de una ANSES bajo control de los trabajadores activos y pasivos, restablecer las contribuciones patronales al 33% como estaban antes de la reforma menemista afectando necesariamente las ganancias de los capitalistas, exigiendo la reducción de la edad jubilatoria con haberes iguales o mayores a la canasta familiar y el derecho al 82% móvil.
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