Desnaturalizar la estandarización de la educación, es parte del esfuerzo por integrar una pedagogía con una visión crítica al modelo establecido que reproduce y legitima la desigualdad social mientras responsabiliza las prácticas docentes como las "culpables" de buenos o malos resultados.
Lunes 30 de octubre de 2023
Faltando pocas semanas para la entrega de los portafolios de la evaluación docente, se viralizó en redes sociales la historia de un tipo que borró el avance del portafolio de su ahora ex pareja como “venganza” por una supuesta infidelidad.
El pedido de auxilio por parte del sujeto vino a propósito de ver la angustia en la que la mujer se vio sumergida luego de haber ingresado al portal oficial del Mineduc (Docentemas) y ver que no había nada.
Ese momento de angustia fue compartido por miles de docentes a nivel nacional ya que ver cómo ese trabajo se perdía de un momento a otro es posiblemente una de las peores pesadillas de cualquier profesor por estos días.
La historia, viralizada por muchos y muchas, es reflejo de los efectos que tiene el proceso de la evaluación docente en la psiquis de quienes están en la primera línea de la educación.
Aún cuando el proceso de evaluación docente lleva años en aplicación (desde el 2003) al que luego se sumó el proceso de carrera docente (2016), es justo preguntarnos cuál es el sentido de este proceso y por qué Chile es uno de los pocos países a nivel mundial que aplica un sistema como este, que aun cuando se ha ido modificando, sigue siendo casi único a nivel mundial.
Según un estudio de la propia OCDE, Chile es uno de los pocos países miembros que aplica esta clase de evaluaciones a sus docentes y la propia fundación AcciónEducar (ligada a la derecha y a Raul Figueroa) señala que el sistema ultracentralizado que existe en Chile puede generar “clasificaciones erróneas” y señala que quienes lleven adelante la evaluación “debe ser un actor que tenga relación directa ellos y el establecimiento”. AcciónEducar lo liga a los cargos directivos aun cuando no es el único modelo posible (estudiantes, comunidad escolar, etc.)
El problema que debemos considerar es por qué en Chile se aplican no solo un sistema estandarizado y centralizado para la evaluación de los docentes, sino que este modelo se ha llevado al paroxismo donde todo debe evaluarse y todo debe ser estandarizado y todo debe ser centralizado.
En Chile no solo las evaluaciones son estandarizadas (SIMCE 4to básico y 2do medio), PAA, PSU ahora PAES (IVto medio), Evaluación Docente (cada 4 años mínimo), Carrera Docente, Acreditación Universitaria, etc. sino que también se centralizan desde el MINEDUC y diferentes Agencias Estatales que desarrollan toda una burocracia que esta lejos de las aulas y de la práctica educativa cotidiana.
De hecho muchas de estas agencias que supervigilan estos procesos de evaluación, terminan siendo agencias burocráticas que solo revisan procesos administrativos y que incluso se han prestado para la corrupción como fue en su momento la Comisión Nacional de Acreditación que vendía el timbre de “aseguramiento de la calidad” a quien pudiera pagar.
Esto último no es exclusivo de las Instituciones de Educación Superior, hoy existe todo un mercado de ventas de portafolios y páginas que ofrecen sus servicios de “asesoría” a módicas sumas desde los $30.000 pesos por una “revisión” hasta montos que superan los $300.000 por la fabricación “inicial” de un portafolio para luego ser completado.
De conjunto el modelo aplicado en Chile es parte de un modelo donde la educación es parte de un negocio, con diferentes aristas y que no se limitan solo al cobro de aranceles, sino en la subdivisión en diferentes partes para que cada una de ellas pueda representar ingresos a quien desee desarrollar (inmobiliaria, gestión, asesorías, venta de indumentaria como libros o uniformes, etc). Si bien en el caso de la capacitación el Estado ha desarrollado opciones gratuitas vía el CPEIP (tutorías o mentorías) o en su momento la “red maestros de maestros”, un número importante de profesores se mantienen fuera de estos espacios que aún así tienen una serie de limitaciones.
Esta idea del control sobre los procesos educativos no es una invención chilena, surge del interés de organismos internacionales como el Banco Mundial o la UNESCO por propender un sistema de educación que entregue herramientas profesionalizantes a los estudiantes para que luego puedan desempeñarse “idóneamente” en ambientes laborales exigentes y cambiantes, es decir: buscan formar una mano de obra que le sirva a los intereses de las empresas.
Así como los cambios de los paradigmas de uno basado en contenidos a uno en base a competencias fue la base de las reformas a los pregrados universitarios que acortaron los años de estudio y precarizó la base de conocimientos a solo las cosas “esenciales”, las pruebas estandarizadas de evaluación docente apunta justamente a “medir” el conocimiento que tienen los profesores sobre los procedimientos educativos (que se desarrollan sobre todo en los planes y programas elaborados por el ministerio) y muy poco o casi nada en el impacto que generan en sus estudiantes en otras esferas de su desarrollo como personas.
Lo que buscan medir estas clase de pruebas es si existe una correlación entre los resultados estandarizados de sus estudiantes (Simce o PAES) con los resultados de los profesores (Evaluación Docente) ya que de esta manera se puede saber si un profesor/a es “bueno o malo”.
Es tal la locura detrás de estos objetivos que países como EEUU han llevado a que los incentivos económicos de los cuerpos docentes estén directamente relacionado con los resultados de las pruebas estandarizadas no de los docentes, sino de los estudiantes, lo que ha convellado a la huida de los profesores de colegios de “bajo rendimiento” y al abandono de los estudiantes más marginados que son principalmente las comunidades de migrantes y negros.
Ya habiéndonos referido a cuál es el sentido de este tipo de evaluaciones, veamos por qué en Chile es uno de los pocos países donde se aplican de esta forma.
A partir del modelo educativo impuesto durante la dictadura cuyos pilares se basa en la privatización de la educación, el financiamiento vía voucher y el copago además del sistema de selección escolar y la existencia del lucro, el sistema educativo se dejó a los brazos del mercado y sus vaivenes.
Los expertos de la época apostaban a introducir criterios de libre competencia entre las escuelas para que las “mejores” prosperaran y las “peores” desaparecieran. Los elementos que mencionamos anteriormente fueron la base sobre la que se movería el mercado para fortalecer las buenas escuelas y castigar las malas que casualmente se concentraron en la educación pública.
El hecho de que el voucher se entregará de forma directa a la escuela vía subvención escolar por asistencia fue en directo desmedro de la educación pública donde se constataban los niveles más altos de ausentismo escolar desde los 80 hasta la actualidad. Según constata Juan Pablo Venables en su libro “ni víctima ni laboratorio” los recursos entregados por el Estado a los colegios municipales como pago por subvención durante los 80-90 apenas si servía para cubrir los costos de los salarios de los profesores, ni hablar de la posibilidad de invertir en infraestructura o capacitación.
Bajo el modelo de selección, los colegios particulares subvencionados pudieron “elegir” a quien dejar ingresar a sus escuelas/empresas mientras que la educación pública se transformó cada vez más en el receptor de los “desechos del mercado educativo” (NNA) lo que dificulta el quehacer docente y tuvo como resultado la huida de miles de profesores del sistema municipal, lo que presionó a la baja los salarios entre otras problemas.
De esta forma los “expertos” (técnicos y burócratas) quisieron buscar a los culpables de los malos resultados de la “educación pública”, aun cuando la brecha de resultados entre los particulares subvencionados y las escuelas municipales fuera estadísticamente no significativas, y haciendo la comparación internacional, ni siquiera las escuelas privadas escapaban de estos parámetros, se señaló como principal culpable a las y los profesores.
Así como el director Skinner de Los Simpson se preguntaba si “estaba fuera de onda” para explicar porque no iban los niños a su club juvenil y termina concluyendo que “los niños están mal”, el modelo de educación y los expertos chilenos se preguntaron quienes eran los culpables de que estuviese fracasando el sistema educacional y en vez de culpar al “sacrosanto” mercado, prefirieron culpar a los “malos profesores”. El resultado de esta conclusión fue, en una de sus variables, la evaluación docente.
Así como el “mercado” regula la educación a través del conocimiento por parte de los “padres” de si la escuela tiene buenos o malos resultados en las pruebas estandarizada, se esperó a que las escuelas tuvieran como incentivo contratar a los “buenos” profesores y “desechar” a los malos profesores, por eso los “malos profesores” tendrían que evaluarse cada año hasta ser “competentes” y los “buenos profesores” podrían eximirse por cuatro años.
Pero un profesor que obtiene un mal resultado en una evaluación estandarizada ¿es un mal profesor? ¿Cómo mide la evaluación el impacto que tiene un docente en lograr que un estudiante se aleje de las drogas, rompa ciclos de violencia intrafamiliar o no opte por el suicidio producto del abandono o la desesperanza?.
Al modelo chileno de mercado no le importa el impacto que tienen los docentes en la vida de sus estudiantes, les importa si puede justificar su método de enseñanza y si este se ajusta a los programas curriculares, si puede corregir y justificar porqué tal o cual decisión pedagógica sobre la enseñanza de los contenidos, porque finalmente esto es lo que “prepara para la vida” a sus estudiantes.
A los expertos lo que interesa es que el estudiante pueda saber leer y escribir, entender instrucciones y no “desviarse” de ser un buen trabajador inserto en una sociedad donde lo primordial es eso, estudiar para trabajar y luego ganar un salario.
