El Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, ICAM, organismo encargado de llevar a trámite la incapacidad laboral de cualquier trabajador, acusado de anteponer criterios económicos y opacos en sus decisiones.
Miércoles 16 de noviembre de 2016
Natividad López Gama, “Naty”de 32 años, hace un año y medio sufrió un ictus cerebral además de padecer anteriormente un infarto de corazón que le han dejado secuelas múltiples que le impiden llevar una vida normal.
Naty decidió acampar a las puertas del ICAM ante la negativa de éste de reconocerle su invalidez, como medida de protesta, donde ha permanecido casi dos semanas y recibiendo el apoyo de innumerables asociaciones y colectivos.
El 30 nov 11.30h a la #CiutatJustícia tot el suport a la lluitadora @NatyLopezGama contra les altes injustes@LaPAICAM pic.twitter.com/6MREUubaCV
— Salut Laboral_CGT (@Salut_Lab_CGT) 15 de noviembre de 2016
Debe acudir al médico 3 o 4 veces por semana, cardiólogos, neurólogos, neumólogos, neuropsicólogos. “Cuando fui al médico con un dolor de cabeza muy fuerte, un ojo caído y con pérdida de visión, me enviaron a casa diciendo que era migraña, así que días después caí en una tienda del barrio donde me afectó el ictus”.
Miguel Arenas Gómez, abogado del Colectivo Ronda, en declaraciones a SICOMtv, denuncia que el criterio económico prevalece por encima del verdadero estado de salud del paciente; “Son miles de personas las que están en esta situación de actividad restrictiva por parte del ICAM a la hora de conseguir una baja médica y por tanto el derecho de una pensión, lo que valora el ICAM no es si una persona puede o no trabajar, sino cuanto tiempo lleva esta persona de baja médica y si pueden recortar esta prestación económica. Si el ICAM decide que tiene alta médica y no puede acceder a una pensión de incapacidad permanente, entonces el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) le recompensa con un pago”, ha declarado el abogado.
La opacidad del ICAM y su doble rasero a la hora de establecer los criterios para la concesión o no de una prestación se hace evidente cuando escuchamos a Ermengol Gassiot, Secretario General CGT en Catalunya, en declaraciones al mismo medio antes citado:
“Instamos al INSS y al ICAM a que revisen la concesión de una invalidez permanente a unos guardias urbanos y la razón es muy simple, estos guardias urbanos han sido recientemente condenados por torturas contra un inmigrante subsahariano que estaba bajo su custodia en esos momentos, una actuación que además de ser lesiva para los derechos humanos también tiene connotaciones racistas y así quedó reflejado en su momento”.
Ante estas situaciones, añadió “Para nosotros es altamente preocupante que estos guardias urbanos en el momento que se prevé que se haga firme la sentencia y por tanto hayan de entrar en prisión, reciban simultáneamente una concesión de una invalidez permanente que les garantiza una pensión de entre 1.800 y 1.500 euros durante el tiempo que estén en prisión y a posterioridad, por motivos tan ambiguos como “causas psicológicas”.
Evidente doble rasero de medir, por un lado una persona con el historial médico de Naty y las graves secuelas que le han quedado, reclamando sus derechos y al borde de la indigencia y por otro Victor Bayona y Bakari Samyang, guardias urbanos condenados por falso testimonio y torturas al joven de Trinidad Tobago, Yuri Jardine y que además aparecen en el caso 4F que dio lugar al documental “Ciutat Morta”, pero con su incapacidad permanente para trabajar por causas psicológicas.
Naty pertenece a la PAICAM (Plataforma afectados por el ICAM), donde se recogen los miles de casos que han de pleitear por conseguir les sea reconocida una incapacidad laboral sea o no derivada de su trabajo, frente al poder económico que solo nos ve como gasto evitable.
