El presidente Evo Morales volvió a mencionar, en el discurso presidencial, las jubilaciones forzosas que viene realizando desde hace unos años. Es una manera de obligar a una mayoría de trabajadoras y trabajadores a que reciban rentas de hambre. Es decir, muchos trabajadores tienen la edad de jubilación pero no los aportes necesarios para acceder a una renta. En contraposición sectores como los militares, con el aporte del Estado, reciben el 100% de su salario en su jubilación.
Viernes 25 de enero de 2019
Foto: EFE
Con el argumento de combatir el desempleo sugiere implementar jubilaciones forzosas a trabajadores con edad avanzada. Es decir, trabajadoras y trabajadores jóvenes deben ocupar el lugar de obreros que ya tienen edad de jubilación. Sin embargo, lo que no se dice de este procedimiento, que el Gobierno viene desarrollando hace algunos años, es que muchos de los trabajadores que han llegado a la edad legal de jubilarse no logran tener el mínimo de aportes para acceder a una renta digna. Esto se debe a que durante las décadas de los 80 y 90 las medidas de flexibilización laboral, implementadas a partir del DS21060, llevó a que las relaciones laborales se informalicen impidiendo o dificultando los aportes para el fondo de seguridad a largo plazo.
Muchos trabajadores llegan a tener la edad de jubilación, pero sus aportes son mínimos. En vista de este panorama el Gobierno promovió el aporte solidario, que es un aporte de los trabajadores activos para llegar a una renta mínima para los trabajadores que no tengan aportes o estos sean mínimos. Pero este aporte solidario llega sólo en algunos casos.
En 2017 se hizo una pequeña modificación a la ley de pensiones de acuerdo al siguiente cuadro:
Sin embargo, muchos de los trabajadores no llegan a completar los 35 años de aportes, requisito para poder aspirar a una jubilación de Bs 4.200. En una publicación reciente del diario Página Siete mostrando datos de la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros, con la propuesta del presidente 333.420 trabajadores estarían obligados a jubilarse porque ya cumplieron con la edad correspondiente, pero sus aportes no son los suficientes. Es decir, del universo de aportantes, aproximadamente el 15% debe jubilarse y seguramente en su mayoría con rentas muy bajas, de miseria. En todos los casos el límite superior depende del último salario ganado antes de la jubilación.
Los trabajadores que son el factor productivo del país, no llegan a ser reconocidos por el Estado ya que las rentas, en una etapa de vejez, no cubren las expectativas y llegan a un mínimo nacional que apenas alcanza para sobrevivir. Por esta razón muchos trabajadores con edad de jubilación no quieren y no pueden dejar sus trabajados.
Mientras que sectores como los militares, que no son parte del aparato productivo y que son usados generalmente para reprimir a los trabajadores y el pueblo, se jubilan con el 100% de sus rentas. El DS 25620 de 1999, bajo el Gobierno de Hugo Banzer Suárez, que estableció que el TGN asume la obligación de pagar a las Fuerzas Armadas el 100% de su jubilación aún sigue vigente. El Gobierno actual, respetuoso a esos decretos, anualmente desembolsa 180 millones de bolivianos para completar los salarios de los jubilados militares. Según el ministerio de Economía, actualmente 15 millones de bolivianos mensuales son para garantizar que 2.925 uniformados, que ya cumplieron con 35 años de servicio, tengan las mejores rentas del país, datos de agosto de 2017.
Los trabajadores del país debemos exigir el recorte o eliminación del presupuesto para los militares y entregarlos a miles de trabajadores que terminan con rentas miserables. En lugar de forzar las jubilaciones, el Estado y los empresarios deben entregar una cuota para mejorar las rentas actuales ya que la jubilación no es un “premio” sino que es un salario social diferido.
Los trabajadores debemos organizarnos para luchar y en base al recorte o eliminación del presupuesto de las fuerzas represivas del Estado vamos a garantizar jubilaciones dignas para todos los sectores de trabajadores. Así también podrá aumentarse el presupuesto en salud y educación.
