El texto presentado en el Congreso por el espacio semi-oficialista podría modificar muy poco lo que cobran obispos y otros clérigos. Desde la izquierda proponen la separación de la Iglesia y el Estado.
Viernes 16 de marzo de 2018
El progresismo pasó de moda. Ya no es lo que era en otros tiempos. Así lo demuestra el proyecto de ley presentado por la diputada Carla Carrizo, que integra el mismo bloque que Martín Lousteau, el ex embajador de Macri en EE.UU.
Evolución Radical, tal como se autodefine no parece ni muy evolucionista ni muy radical en la acepción que este término tiene en otros países. En la Argentina, ser radical también puede querer decir que uno estuvo con De la Rúa.
El proyecto en cuestión propone modificaciones a los ingresos que perciben arzobispos, obispos y otros clérigos. La iniciativa nace luego de que “sorpresivamente” esos montos tomaran estado público el miércoles pasado. Ese día, precisamente desde el bloque de Lousteau y Carrizo le preguntaron a Marcos Peña por el tema.
Como las causalidades no existen y como Evolución estuvo a punto de ser parte del Interbloque Cambiemos, nadie dejará de considerar que, detrás de la difusión de los datos estaba el mismo gobierno.
Pero la perspectiva de intentar reducir los privilegios de los goza la Iglesia y los clérigos no parece despertar mucha ambición en este espacio. El proyecto presentado propone una modificación salarial bastante menor.
Cierto es que apela a un discurso laicista que, por ejemplo, sostiene que “se realiza un cambio conceptual en relación a los ingresos de las jerarquías eclesiásticas (…) se reemplaza el concepto de asignación por remuneración, y se le alcanza a la misma como ingreso susceptible de tributar”.
Además, agrega que “la lógica de equivalencias se hace con un docente titular universitario. Esto es así, porque entendemos que las jerarquías eclesiásticas devienen tales por un proceso de formación intelectual, pero además implica también evitar poner en lugar de un juez a un eclesiástico”.
Así, en su primer artículo, el proyecto propone “los Arzobispos y Obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas” perciban “una remuneración equivalente a la remuneración fijada al cargo de un docente universitario titular con dedicación exclusiva”.
El proyecto no especifica nada más al respecto. Como tal, resulta una verdadera abstracción. Según las escalas salariales actuales en las universidades públicas, un docente titular con dedicación exclusiva y 24 años de antigüedad reciba una suma cercana a los $ 40.000. Hoy, el rango más alto de los eclesiásticos recibe un monto de $ 46.800. La diferencia no es sustancial.
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Si la antigüedad es menor, obviamente se reduce el monto percibido. Ahora bien ¿el parámetro regirá igual para los integrantes de la curia? Nada dice el proyecto.
Al mismo tiempo, el texto que se conoció propone que el Estado siga sosteniendo a la Iglesia. En los fundamentos puede leerse que “si bien la jerarquía eclesiástica justifica los fondos que recibe del Estado con el artículo 2º de la Constitución Nacional (…) entendemos que la situación de las remuneraciones y la inequidad frente a la ley vigente para toda la ciudadanía debe repensarse en un contexto democrático”.
Así presentadas las cosas, queda a la vista que el liberalismo del bloque de Lousteau y Carla Carrizo no se propone modificar seriamente la situación actual. Pretende que el Estado siga pagando los ingresos de una casta que no trabaja, no paga alquiler, expensas, comida ni transporte. Lo único que pide es que se les abone un poco menos.
Paradojas y límites de un liberalismo demasiado respetuoso de la Iglesia Católica que sostuvo extendidamente su negativa a expulsar al genocida Von Wernich y al pederasta Julio Grassi.
En la semana el PTS-Frente de Izquierda presentó otro proyecto. En este caso, uno que se propone cuestionar realmente esa relación entre el Estado y la Iglesia.
Como señaló la diputada nacional Nathalia González Seligra al presentarlo, “exigimos que el Estado deje de financiar a la jerarquía religiosa al mismo tiempo que insistimos en nuestro planteo de inmediata separación de la Iglesia del Estado”.
La propuesta va en serio a la raíz del problema.
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