En respuesta al desastre ambiental desatado en Quintero y Puchuncaví, el oficialismo busca replicar la Ley de Polimetales promulgada el año 2012 en respuesta a más de 20 años de contaminación por plomo y arsénico en la ciudad de Arica.
Juan Andres Vega Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Militante de Vencer
Lunes 10 de septiembre de 2018
Ya van más de dos semanas desde que comenzó la emergencia ambiental en la zona de Quintero y Puchuncaví que obligó a cancelar las clases y envió a más de 300 pobladores al hospital producto de la intoxicación por óxidos de azufre. Durante este periodo los habitantes de la zona han realizado diferentes tipos de manifestaciones desde tomas de liceos hasta cortes de ruta.
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En ese marco, Pablo Kast, diputado Evópoli, presentó el miércoles pasado un proyecto de ley que busca hacerse cargo de “revertir y compensar” los daños causados por los episodios de contaminación, emulando la Ley de Polimetales o Ley Arica promulgada en 2012.
El caso Arica: 28 años de plomo y arsénico, solución a la medida
En el año 1984, y con la aprobación del dictador Augusto Pinochet, la empresa chilena Promel importó desde Suecia 20 toneladas de barro con contenidos metálicos con la excusa de que podían contener oro y plata. Sin embargo, la realidad era otra: eran 20 toneladas de plomo, mercurio y arsénico, los que fueron depositados a las afueras de la ciudad de Arica.
A partir de 1989 y con el crecimiento de la ciudad, fueron construidas dos poblaciones alrededor de donde estaban contenidos los desechos mineros. Entre la Cerro Chuño y Los Industriales, sumaban más de 12 mil habitantes, que dadas las condiciones del suelo y el silencio de las autoridades provinciales, decidieron rellenar los terrenos con los desechos.
Así, durante diez años los ariqueños realizaron sus vidas sobre suelo contaminado con metales pesados, dado que, si bien se encontraban a las afueras de la ciudad, las condiciones climáticas hicieron que el polvillo se esparciera por toda la zona. Hasta que en el 1998 los desechos que no habían sido utilizados fueron removidos.
No sería hasta 2007, cuando la situación llegó a la Corte Suprema, que el Estado chileno se hizo responsable por la prepotencia criminal de los empresarios de Promel y cinco años después se promulgó la Ley de Polimetales que entre otras medidas contemplaba la generación de datos de la contaminación, una beca para enseñanza media y superior a los afectados y subsidios habitacionales para facilitar la relocalización de las familias.
El Estado subsidiario y la prepotencia empresarial
Fue de esta manera como el Estado de Chile resolvió la contaminación ambiental en Arica: Con becas y subsidios habitacionales. No hubo condenas, no hubo cárcel, no hubo justicia. Lo que sí estuvo presente fue que con las arcas fiscales, a las cuales todas y todos aportamos, fueron financiados los errores de una empresa privada, que decidió llenar de desechos tóxicos una ciudad en el extremo norte del país ¿Qué podría importarles la vida de un puñado de habitantes si se podían ahorrar millones en el tratamiento de desechos mineros?
Hoy, por un lado la derecha, con Evópoli a la cabeza, busca repetir la fórmula ariqueña en Quintero y Puchuncaví, sin tocar ni un peso de las empresas responsables, busca que las y los habitantes de la zona afectada vendan su salud y sus vidas por un par de monedas, que tomen sus cosas y se vayan 20 kilómetros lejos de la zona. Por el otro lado el Frente Amplio, desde el Movimiento Autonomista busca solucionar el problema “disminuyendo los estándares de contaminación a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Sin duda que la apuesta frenteamplista es necesaria, porque los estándares chilenos duplican a los de la OMS, sin embargo es completamente insuficiente ¿o es que acaso los empresarios alguna vez han jugado limpio? ¿No hemos visto ya con todos los casos de colusión que al empresariado le sale siempre más rentable pagar multas?
Por eso es necesaria una tercera vía: una de corte anticapitalista de las y los trabajadores. Que junto a los pobladores sean quienes tengan el control efectivo de las empresas contaminante, es decir, que las empresas responsables de esta acción criminal sean puestas bajo control directo de los habitantes de Quintero, Puchuncaví y todas las zonas de sacrificio a lo largo del país, mediante coordinadoras obrero-poblacionales. Solamente de esta manera es posible asegurar que los empresarios prepotentes piensen dos veces antes de cambiar las vidas de miles de personas por un par de pesos. Cualquier otra medida se mostrará insuficiente mientras no afecten lo más importante para los capitalistas: sus ganancias. Porque nuestras vidas y las de nuestras familias, valen más que sus ganancias.
