Un antiguo alto cargo del Partido Popular en Valencia acusó hoy a anteriores responsables políticos de la Comunidad Valenciana de encargar financiar con dinero negro procedente de empresarios las campañas electorales de 2007 y 2008.
Miércoles 24 de enero de 2018 16:30
AGENCIAS / FOTO EFE / Ballesteros
Autor: BallesterosEn uno de los juicios por corrupción de la denominada "trama Gürtel", el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa reconoció la financiación ilegal de su partido y responsabilizó de ello al expresidente autonómico valenciano Francisco Camps y al expresidente del Parlamento autonómico Juan Cotino cuando era consejero regional, aunque estos no están procesados.
La Audiencia Nacional juzga a una veintena de acusados, entre ellos Costa y otros exdirigentes del PP valenciano y varios empresarios por supuesta financiación irregular de actos electorales de 2007 y 2008 pagados a Gürtel con dinero "b" obtenido de empresarios. Este partido gobernó la Comunidad Valencia entre 1995 y 2016.
"El PP se financiaba con dinero negro para la campaña electoral, confesó explícitamente Costa, quien añadió: "No hice nada para impedirlo y asumo mi responsabilidad con lo que ello conlleva".
Aseguró que "las decisiones más importantes" para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 las tomaba Camps, que contaba con el apoyo de un equipo dirigido por el también acusado Vicente Rambla, exvicepresidente del gobierno valenciano.
Insistió en que la decisión de encargar los actos de campaña a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, "se produce directamente por Francisco Camps".
Según la Fiscalía y como reconocieron los presuntos cabecillas de la trama, los trabajos de Orange Market para el PP por mítines y publicidad electoral se facturaba a otros empresarios para saldar la deuda del partido.
Estos empresarios tenían adjudicados contratos con administraciones públicas valencianas y, por ley, no podían efectuar donaciones a partidos políticos, según la Fiscalía.
Precisó Costa que la campaña se pagaba de tres formas, una con las subvenciones electorales que reciben los partidos y, "en el caso del PP, además con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones del gobierno valenciano".
La tercera consistía en que Orange Market emitía facturas por los servicios que prestaba al partido "para que las pagaran otros empresarios", todo para saldar la deuda del PP con la empresa.
Costa explicó que Camps realizó "una petición expresa para complementar" con este tipo de financiación los mítines centrales de las campañas de 2007 y 2008 organizadas por el PP nacional en la plaza de toros de Valencia con intervención del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entonces en la oposición.
En declaraciones a una radio local, Rajoy aseguró hoy que "no sabía nada" de la presunta financiación ilegal del PP valenciano, y subrayó que todos los encausados por ello ya no están en el partido.
Sin embargo el PP tiene en la actualidad judicialmente más de una treintena de casos abiertos con más de 900 cargos de su partido imputados por corrupción. Aunque no sea una exclusividad de esta formación política ya que el PSOE no se queda atrás, sin dudas está a la cabeza.
A pesar de que de conjunto en el Estado español haya más de 1.400 responsables públicos procesados por corrupción, los condenados apenas llegan a 400 y solo algo más de 80 cumple condena efectiva. Los datos duros de la impunidad de la clase política al servicio del IBEX en el Estado español, que contrastan con la dureza de la represión a las demandas democráticas y sociales de los pueblos que lo conforman.
