Este fin de semana, miles de jóvenes presentaron su examen de admisión para acceder a un lugar en las universidades públicas. En la Ciudad de México 9 de cada 10 aspirantes son excluidos de su derecho a la educación.
Viernes 3 de junio de 2016
En México tener estudios universitarios sigue siendo un sueño muy lejano para la mayoría de los jóvenes, en la actualidad solo 1 de cada 10 mexicanos, entre 18 y 24 años están matriculados en una institución pública de educación superior, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública.
El rezago educativo al que se enfrentan miles de jóvenes, es producto de las reformas que el Estado mexicano ha implementado en los diferentes niveles de educación. Esta situación pone en desventaja a una nueva generación que enfrenta el reto de ingresar a una institución de educación superior, mediante la aplicación del examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) o una prueba que tiene como objetivo excluir a miles de aspirantes.
Varias escuelas privadas se ven beneficiadas económicamente al impartir cursos para que los aspirantes aprueben el examen y evaden impuestos dejando que la prueba se realice en sus centros, demostrando la estrategia de mercantilización de la educación. Los aspirantes excluidos por lo general tienden a ingresar a universidades privadas que resultan ser un fraude y la mayoría de ellos terminan en trabajos precarios.
El gobierno federal en lugar de resolver el acceso a la educación pública, prefiere abrir este tipo de mercado, generando la idea de que no hay espacios para los estudiantes, por lo que miles de ellos optan por seguir sus estudios en el sector privado, que además es cuestionado por sus métodos pedagógicos y calidad educativa.
Sólo los ricos o la clase media alta puede pagar las cuotas de las universidades más prestigiosas, la mayoría busca una beca, recurre a préstamos o combina el estudio con algún empleo precario de medio tiempo. Para un gran porcentaje de estos estudiantes, al terminar la carrera, se enfrentan además con tener que pagar esos préstamos, creando eternos deudores de instituciones privadas.
La cruda realidad de miles de jóvenes, es insertarse en el mercado laboral convirtiéndose en mano de obra barata, o quedándose a la deriva por la falta de empleo. La mayoría de la juventud que labora lo hace a través de la figura del outsourcing o la subcontratación, donde las condiciones laborales son miserables, se trabaja sin prestaciones, sin contrato colectivo de trabajo y siempre bajo la amenaza del despido.
Un sistema educativo que excluye
El CENEVAL es en este contexto el encargado del diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación, también se encarga de hacer un estudio socioeconómico donde los grandes indicadores que se consideran son los relacionados con los ingresos económicos de la familia del estudiante, infraestructura en el hogar, tipo de alimentación, etc. Es uno de los grandes filtros para excluir a los hijos de los trabajadores y del pueblo pobre al derecho de educación. Aunque la UNAM realiza su examen por fuera de esta institución sigue el mismo modelo, donde la gran demanda estudiantil ve truncado su acceso a este derecho.
La probabilidad de llegar a la educación superior es de 0.2% para los más pobres, dejando claro que tenemos un sistema educativo que sigue al pie de la letra la desigualdad social, la exclusión y los modelos dictados desde los organismos internacionales como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
El derecho a la educación en este país es un privilegio, ya que crea las peores condiciones de injusticia y desigualdad, se convierte en un sistema de expulsión y exclusión para los hijos del pueblo pobre, es decir, hay una política del gobierno y las instituciones que encamina el problema hacia la falsa idea de la deserción educativa, pero en realidad los jóvenes son excluidos.
En el país y el mundo se tiene la idea que tener una carrera, es el pase directo a un buen empleo, a mejores condiciones de vida, pero la realidad internacional que enfrentamos millones de jóvenes con un título profesional es estar sobrecalificados, destinados a enfrentar una vida laboral como subempleados. Bajo el discurso de mayor competitividad la mayoría enfrentamos las consecuencias de los planes aplicados por el gobierno y los partidos al servicio de los empresarios, con bajos salarios y sin estabilidad en el empleo.
Desde la Juventud del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, consideramos que es necesario generar un gran movimiento en las calles de la juventud en conjunto con el magisterio que viene enfrentando el embate contra la reforma a la educación, para luchar por acceso irrestricto a la educación y la creación de nuevos planteles educativos al servicio de las necesidades del pueblo pobre y trabajador. Al mismo tiempo es apremiante poner un freno a la privatización y la elitización de la educación, exigiendo mayor presupuesto educativo en base al no pago a la deuda externa y el cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Tomemos como ejemplo las lecciones de la lucha de la juventud en Chile, Argentina, Francia y Brasil donde la juventud se ha apostado a enfrentar la privatización y tecnificación de la educación y las reformas que precarizan su vida. Son estas generaciones las que vienen demostrando que no le debemos nada al capitalismo y que nuestros derechos sólo pueden ser conquistados unificándonos con el magisterio que enfrenta en las calles los planes del gobierno, al servicio de los empresarios y el imperialismo estadunidense.
