Mientras el gobierno federal asegura que realizará una investigación sobre los hechos del pasado 19 de junio, en donde elementos de la policía abrieron fuego contra pobladores y maestros en Nochixtlán, Oaxaca, las movilizaciones y bloqueos continuarán, asegura la CNTE.
Viernes 8 de julio de 2016
A unos días de que se cumplan tres semanas de la brutal represión en Nochixtlán, Oaxaca, en donde elementos de la Policía Federal abrieron fuego en contra de pobladores y maestros que se oponen a la imposición de la Reforma Educativa, los familiares de los caídos continúan exigiendo justicia.
Ante el profundo descontento generado por la represión, expresado con acciones en diversos puntos del país así como a nivel internacional, la Secretaría de Gobernación no ha tenido otra opción que instalar un diálogo con familiares y maestros, quienes además de exigir verdad y justicia, aseguran que continuarán con las movilizaciones y los bloqueos, sin perder de vista que el objetivo central es la abrogación de la reforma educativa.
Así lo aseguró Isabel García, miembro de la Comisión Política de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, acudió a Nochixtlán y tras sostener una reunión a puerta cerrada con pobladores, maestros y familiares de las víctimas, aseguró que el punto central de la reunión había sido la exigencia de esclarecer los hechos en donde habían sido asesinadas 11 personas.
Otros puntos que se discutieron fueron la atención a las víctimas y la ampliación de hospitales y trabajos en carreteras.
Así mismo, informó que el caso sería atraído por la Procuraduría General de la República y que la próxima semana se conformarían mesas de trabajo, las cuales tratarían únicamente el caso de las víctimas, pues la cuestión de la reforma estaba discutiéndose aparte.
Ante la gran presión que estaban haciendo profesores y pobladores en las afueras de la escuela “Abraham Castellanos” (en donde se realizó la reunión), además de verse obligado a dar cuenta de los acuerdos emanados de su visita, Campa tuvo que interrumpir una conferencia de prensa para retirarse.
Los maestros y pobladores exigen, además de que se haga justicia y se castigue a los responsables, que el gobierno ofrezca una disculpa pública, como parte de la reparación del daño. También piden que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un grupo de expertos.
