Faltando solo días para la instalación de la convención constituyente, un importante número de estos exigió la salida del coordinador designado por el gobierno debido a un sin número de diferencias en lo que respecta a algunas decisiones como las licitaciones de servicios o la disponibilidad de fondos para traductores entre otros. Esta situación también fue denunciada por la asociación de funcionarios de la Segpres.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 30 de junio de 2021
Solo cinco días faltan para el inicio de la Convención Constitucional y siguen apareciendo denuncias contra el actuar del gobierno frente al proceso. Representantes de los pueblos originarios llevan días exigiendo la renuncia de Francisco Encina, quien fue designado desde la moneda como secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de la Convención Constitucional, esto debido a las denuncias de la nula importancia que el ejecutivo le dió a existencia de traductores para las lenguas indígenas o las dificultades que están enfrentando diversos representantes debido a los traslados que estos deben realizar, particularmente desde las zonas extremas del país.
Otro flanco abierto es el cuestionamiento hacia quien adquirió la concesión de la seguridad del edificio y sus alrededores y el presupuesto destinado a esto. Como lo señaló CIPER en un reciente reportaje, el item de seguridad se corresponde a $488 millones de pesos, los cuales serán entregados a la empresa “INCAR seguridad”, donde uno de sus dueños es Luis González Pérez, ex miembro de la guardia personal del dictador Pinochet y Patricio Aylwin. Según consta en la página de la DT esta empresa ha sido multada casi 200 veces por diversas faltas contra su personal incluyendo el no pago de cotizaciones entre otras. Además, se ha cuestionado el alto presupuesto destinado a seguridad en comparación con los $500 millones destinados a participación ciudadana.
A estos cuestionamientos se suman las declaraciones de la Asociación de Funcionarios de la SegPres quienes han denunciado que las bases de licitación no estarían siendo lo suficientemente supervisadas en el cumplimiento de los requisitos, destacando varios tratos directos o situaciones en los que no han habido chequeos suficientes para ver si se cumplen o no los requisitos para su adjudicación.
Sobre esto último el ministro de la SegPres, Juan Jose Ossa señaló que desde el gobierno han debido poner prisa a varias de las licitaciones y por eso no se han tomado todos los resguardos pero ha primado una visión “técnica” del asunto, aunque se abrió a la posibilidad de que una vez comience la convención, esta pueda revisar los contratos y adjudicaciones.
