Luego de que la Corte de Constitucionalidad decidiera anular el fallo por supuestas “inconsistencias”, que condenaba al ex dictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por delitos de lesa humanidad y genocidio, la impunidad se impone para los 1,770 asesinados y las más de 29,000 familias desplazadas durante los 17 meses de gobierno de facto.
Martes 11 de agosto de 2015
Fue en enero del 2012 cuando formalmente el ex dictador Ríos Montt compareció ante un tribunal en Guatemala y fue acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad, junto con otros tres generales bajo su mando. Desde esa fecha hasta mayo de 2013, suman más de 27 audiencias, en donde se presentaron cientos de declaraciones de familiares y sobrevivientes directos de los ataques del ejército guatemalteco.
Aún cuando a los ojos de la opinión pública nacional e internacional (incluyendo informes de la ONU) se reconoce que hubo genocidio bajo el periodo de mandato de Ríos Montt, dando cuenta de ello los testimonios y peritajes que demostraron que las fuerzas armadas implementaron un “plan de seguridad nacional”, cuyo verdadero fin era eliminar a las comunidades que respaldaban la guerrilla, principalmente la población maya Ixil, en donde se desarrollaron megaproyectos bajo el auspicio del imperialismo estadounidense, el caso parece sufrir un retroceso sin retorno.
Lo que se anunciaba como un hito en términos de derechos humanos y reparación de daños, contra uno de los dictadores más sanguinarios en Centroamérica, logró reabrir las heridas del pasado para toparse nuevamente a la injusticia.
En los últimos días el Tribunal B de Mayor Riesgo, a petición de la Fiscalía, ordenó de nueva cuenta el traslado del militar a un hospital psiquiátrico, luego de que se pusieran en duda los informes forenses que lo declararan “incapaz para afrontar un nuevo juicio”. Actualmente Ríos Montt cumple una semana de haber ingresado a un hospital privado de salud mental, para evaluaciones generales, que según Édgar Reyes abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR) mencionó; “esperarán a que el martes 18 de agosto presenten las conclusiones de los médicos, para saber si continúa o no el juicio contra el genocidio”.
Los aplazamientos de juicios y las constantes “tácticas dilatorias” siguen imperando en el caso Ríos Montt.
La dictadura busca continuidad
Mientras tanto se preparan los comicios electorales en Guatemala, para el próximo 6 de septiembre. En ellos se votarán autoridades locales, diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano, así como a presidente y vicepresidente.
El actual gobierno derechista de Otto Pérez Molina no pudo llegar en peores condiciones a este escenario electoral. Teniendo como antesala el proceso de movilización masiva durante el último periodo por escándalos de corrupción y nexos con el narcotráfico, el cuestionamiento al régimen y las instituciones se volvieron el pan de todos los días.
Los próximos comicios guatemaltecos constituyen un desvío del movimiento que tomó en las calles contra la corrupción del gobierno y los partidos tradicionales, que por un momento pareció devenir en una nueva primavera centroamericana.
Se le añade a esta situación que en días recientes la Corte de Constitucionalidad avalara la inscripción como candidata a la presidencia a la hija del ex dictador Ríos Montt, desde el 19 de abril.
Luego de que Zury Ríos Sosa pidiera un amparo a la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido por el artículo 186 constitucional, en donde está prohibido optar a cargo de presidente a los parientes dentro del cuarto grado de consanguiedad, fue la Corte de Constitucionalidad, quienes dejarían en claro la falta de legitimación para intervenir en el trámite de amparo, dejando vía para la inscripción como candidata a Ríos Sosa.
La impunidad de Ríos Montt, junto con los empresarios y militares que lo apoyaron y que fueron pilar de su régimen, es una herida abierta para el pueblo guatemalteco.
