Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las autoridades de Pemex deben explicar las causas que llevaron al siniestro del 20 de abril de 2016. Al menos 32 trabajadores murieron y hubo más de 130 heridos.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 15 de enero de 2018
El comisionado Joel Salas Suárez, del INAI, tras la solicitud de información relacionada con el caso por parte de un particular a Pemex Etileno, ratificó la misma, aunque la respuesta de la empresa fue que no hay informe del siniestro.
Explicó a su vez el funcionario que la Planta Clorados III es propiedad de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), sociedad mercantil privada.
Ante esto, el funcionario se presentó ante el pleno del Congreso de la Unión para plantear que Pemex no respondió a la solicitud, al tiempo que se ubicó el Dictamen con Punto de Acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se pide a Pemex que presente un informe detallado sobre las causas y consecuencias de la explosión del 20 de abril del 2016 en Coatzacoalcos, Veracruz.
Lo cierto es que el caso se mantiene en la impunidad. Trabajadores denunciaron que los recortes presupuestarios se aplicaron en el rubro mantenimiento, así como en exploración. Fue Luis Videgaray, que fungía entonces como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien aplicó los recortes.
Ese 20 de abril había alrededor de 100 trabajadores en el área de la explosión, Clorados III. Algunos de Mexichem, propietaria de 50% del complejo Pajaritos desde julio 2013 (incluso antes de la reforma energética). Otros empleados por contratistas, vía outsourcing. Una de las contratistas es Multiservicios Gamsa. Estaban soldando en un área donde había fugas de gas.
Tras la explosión, los directivos de Pemex cerraron la planta, y algunas familias de la comunidad Mundo Nuevo debieron emigrar ante la pérdida de puestos de trabajo.
A su vez, de acuerdo con una investigación de Greenpeace México, posteriormente a la explosión, el agua está contaminada, ya que presenta sustancias tóxicas, algunas de ellas cancerígenas. Y además afecta el ecosistema de la región.
Trabajadores de la subdirección de Petrolíferos declararon en su momento que sólo quedaban 700 trabajadores del área de operación en Pajaritos, mientras 1,200 se jubilaron o se transfirieron, muchos de ellos del área de mantenimiento, “que sabían cómo controlar fugas o hacer reparaciones en condiciones de riesgo”.
Existían riesgos, y aun así, se mantuvo en operaciones el complejo Pajaritos. Lo sabía Pemex, lo sabía Mexichem, y obligaban a los trabajadores a laborar en esas condiciones.
La tragedia de Pajaritos tiene responsables políticos: el gobierno de Peña Nieto, los directivos de Pemex y los propietarios de Mexichem. No fue un “accidente”. Fue la voracidad capitalista.
