Iván Reyes Arzate, excomandante de una unidad especial de inteligencia, compartía información con la DEA, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y también con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
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Miércoles 5 de abril de 2017
Reyes Arzate, según la acusación de una corte de distrito de Illinois, actuó como informante para el cártel de los Beltrán Leyva a cambio de dinero, mientras cumplía funciones como enlace con la agencia antidrogas estadounidense. El expolicía se entregó a las autoridades estadounidenses en Chicago.
Poco antes de que estallara el nuevo escándalo, Manelich Castilla, jefe de la Policía Federal de México, informó del caso, pero sin especificar el nombre ni cargo del mismo.
La acusación estadounidense no señala sólo los vínculos de Reyes Arzate con el cártel Beltrán Leyva. También informa que era parte de una unidad cuyos mandos son entrenados e investigados previamente por los estadounidenses y que la lideró durante "varios años". Y señala que aunque eran los funcionarios estadounidenses los encargados de los controles de confianza y los exámenes del polígrafo, "algunos comandantes senior" de esas unidades quedaron exentos de tales pruebas.
Según Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, los mandos de esas unidades especiales era que sus líderes se negaban a pasar los controles de confianza, aunque los agentes de más bajo nivel sí debían hacer las pruebas.
Se trata de una crisis de grandes proporciones, que evidencia los nexos de las fuerzas represivas con el crimen organizado, así como el solapamiento (en el mejor de los casos), de las mismas autoridades estadounidenses ante el hecho.
No es el primero, ni será el último, como sucedió con la Operación Rápido y Furioso. Este escándalo cuestiona de nueva cuenta la injerencia estadounidense en México, ejercida a través de la Iniciativa Mérida, el programa mediante el cual las fuerzas armadas estadounidenses entrenan a las mexicanas, mientras dan financiamiento para la compra de armas y facilitan el tráfico ilegal también.
Para el gobierno de Peña Nieto se trata de un nuevo foco de crisis en un año electoral, que tiene lugar apenas una semana después de que fue detenido en Estados Unidos el fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, por conspiración para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas, desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero. Un caso en el que está involucrado Roberto Sandoval, el actual gobernador priista de ese estado, ya que es imposible que no estuviera al tanto de las acciones de su protegido.
