Crisis Económica. Expresiones de la catástrofe: Banco Central de Venezuela reporta inflación superior al 9.500% en 2019

Los datos ofrecidos por el Banco Central este martes esta vez superan los ofrecidos por la Asamblea Nacional para 2019, que la ubicó en 7.374,4 %, un número cercano, aunque inferior al de la institución estatal.

De acuerdo a los recientes del BCV, los servicios de vivienda -sin incluir la telefonía- se incrementaron 22.045,50 % en 2019, mientras que los de salud el 17.872,40 %. En tanto que los servicios de transporte se incrementaron 13.032,60 % y los alimentos y bebidas no alcohólicas el 7.981,40 %.

Se trata del segundo reporte de inflación anual que ofrece el BCV después de casi cuatro años de un silencio completo, durante los cuales no se ofrecía información de ningún indicador económico. Para ese primer reporte, el BCV informó de una inflación de 130.060,2 %, y casi 180 días después de que concluyese el año al que se referían los datos. Pero para ese mismo periodo, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, que decidió hacer sus propios cálculos, situó la inflación 1.698.844,2 %.

Pese a la menor variación en el dato difundido por el emisor este martes tras largos meses de silencio, el país sigue sumido en una voraz hiperinflación. La total liberalización económica (que explicarían la menor variación) que lleva adelante el Gobierno de Maduro continúa teniendo hundida en las peor de las condiciones al pueblo trabajador. Lo que ofrece el Banco Central es para poner en cuestión, pues tal variación menor dada a conocer con respecto a la del año pasado, no se percibe en la vida cotidiana, donde los precios más bien han continuado galopando al compás de una dolarización que el Gobierno incentiva.

Es claro que la población no ha necesitado dichos números para sentir la brutal caída en el nivel de vida, ni para saber las calamidades que se arrastran de una catástrofe económica que no cesa y cuya dinámica es a empeorar.

La presión de instituciones internacionales, sobre todo multilaterales por los compromisos de Venezuela, pero también, en momentos en que el Gobierno de Maduro ha resuelto dar rienda a su plan de privatización de la producción petrolera (con el que concuerda plenamente la oposición de derecha), “inversores” estadounidenses, rusos, europeos, chinos, etc. presionan para saber cómo están los signos vitales de la economía venezolana para poder medir el “riesgo país” y planificar sus próximos pasos. Ello ha venido a romper ese silencio recién en el 2019.

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Aunque el publicar estos nuevos datos oficiales puede estar relacionado con el hecho que el Departamento del Tesoro haya emitido el 21 de enero una licencia que permite a ocho organizaciones internacionales realizar transacciones con el Banco Central de Venezuela (BCV). Entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y algunas agencias de Naciones Unidas (ONU), así como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Interamericano de Reservas, Banco Mundial (BM). Para ello, los organismos multilaterales presionarían para saber el “estado de la salud” a nivel oficial del país para cualquier tipo de operaciones o convenios que puedan suscitarse.

Lo concreto es que más allá de que los números presentados sean conservadores, con maquillaje incluido, muestran la catástrofe económica del país y reflejan toda la tragedia nacional. La realidad es que vivimos en un país en total colapso, con las calamidades sufridas en gran parte por el pueblo trabajador y pobre, las mujeres y la juventud, sobre todo los más precarizados.

Una situación que se torna insostenible. Donde se lucha a diario en condiciones de absoluta precariedad tan solo por tener agua, luz, alimentos, conseguir transporte y todas nuestras necesidades básicas, con hospitales en pésimas condiciones y sin insumos, y con ingresos de la clase obrera masacrados, llegando el salario mínimo a tasas oficiales a valer apenas un poco más de los seis dólares mensuales actualmente.

Lo que publica el BCV continúa mostrando la clara bancarrota de un capitalismo rentístico dependiente que tuvo su inicio en la fuerte caída de los precios del petróleo, profundizado con las medidas que fue adoptando el gobierno de Maduro. Todo esto agravado aún más por las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en el campo petrolero y el bloqueo de activos extraterritoriales del país, así como de sus cuentas líquidas, la confiscación de bienes del país (como Citgo), entre otros tipos de medidas. Se trata de sanciones que solo aumentan las grandes calamidades que sufre el pueblo.

Tanto el Gobierno de Maduro como la oposición que aglutina Juan Guaidó y aliados (ver el oprobioso Plan País) solo ofrecen como salida de esta catástrofe planes draconianos contra el pueblo. La única alternativa es imponer mediante la movilización un plan de emergencia obrero y popular, anticapitalista. Los trabajadores debemos oponer un plan de emergencia económico con nuestras propias soluciones, alrededor de las cuales movilizarnos y ponernos en pie con nuestros métodos de lucha para hacer pesar nuestros intereses en esta situación.

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