El Tren Maya es uno de los megaproyectos que se ha mantenido en boga durante el actual gobierno de López Obrador, quien está cada vez un poco más cerca de lograrlo, a pesar del despojo y el ecocidio que causará.
Viernes 1ro de noviembre de 2019
A pesar de las resistencia por parte de ambientalistas y residentes de la zona de Yucatán, el gobierno de AMLO continúa con la construcción del Tren Maya pues representa uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio.
Esto debido al desarrollo turístico del sitio así como las implicaciones económicas que traerá hacia el sector empresarial.
Sin embargo, es importante resaltar el endeudamiento del gobierno con los propios propietarios puesto que a estos desde hace ya casi 50 años no se les ha pagado el uso de sus tierras.
Este acuerdo fue generado con la construcción de la carretera 307 durante el sexenio de Díaz Ordaz. Esto resulta preocupante pues con el Tren Maya es probable que no se efectúen los acuerdos de la expropiación e indemnización de los terrenos.
En este sentido el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), Rogelio Jiménez Pons, explicó que el gobierno federal, con el objetivo de construir un tramo de vía y la estación, tratará de expropiar tierras en el ejido de Cobá, en Tulum Quintana Roo, un tramo de 10.3 km y casi 40 metros de ancho.
La negociación del gobierno con los diversos dueños de las tierras que pretenden abarcar alrededor de 500 hectáreas en la extensión de sus 18 estaciones ha durado meses, sin embargo han logrado ya el acuerdo por el 98% de los ejidos por los que planea cruzar el tren.
Según datos de una nota del Economista, se está planteando un beneficio mutuo puesto que a lo largo del espacio utilizado “se contará con vivienda, hoteles y centros comerciales, además de la expansión turística”
Esta acción supone tomar en cuenta a cada una de las partes involucradas pues según afirmó Mario May Fuentes, comisario ejidal, la expropiación se había aceptado, y se tiene confianza en que el gobierno federal ofrecerá pagos justos por sus tierras.
Esto vuelve a los propietarios de tierras “accionistas en el proceso”, por supuesto con una participación mínima pero sin exclusión, a través de un pago fijo por la renta del uso de la tierra.
Al igual que, gracias a la aprobación de los comuneros al FONATUR, algunas empresas especializadas realizarán los trabajos de mecánica de suelos. “Lo que tenemos ahorita son los técnicos que han venido para estudiar el suelo.
Si la zona es factible para el plan que ellos tienen van a indemnizar todo esa parte del ejido”, sin embargo, la realidad es que la construcción del Tren Maya está basada en la expropiación de tierras comunales para entregarlas a la iniciativa privada que se enriquecerá por millones de dólares explotando la tierra y recursos naturales de las zonas mayas.
Aún con una participación en el reparto de ganancias gracias a los acuerdos implementados por el gobierno de AMLO, el porcentaje correspondiente a los propietarios es ínfimo en comparación con los negocios que obtendrán las empresas turísticas, hoteleras, constructoras, etc.
Sin mencionar el impacto ambiental que tendrá la construcción del Tren, a pesar de que AMLO dijo que “no se va a tirar ni un solo árbol”, cosa altamente improbable, y en particular la mancha urbana y la deforestación que implicarán los complejos turísticos.
Además, es altamente cuestionable que como en el caso de otros megaproyectos, el Tren Maya haya sido aprobado mediante una consulta que diluye el peso específico que deberían tener los y las pobladoras y propietarios de las tierras, permitiendo que participen ciudadanos que no han estado vinculados al cuidado y preservación de la región.
