Externalizaciones, empresas multiservicios, son las nuevas formas de precariedad laboral que ganan terreno a las ETT. Una análisis aproximativo de lo que explican con su lucha Las Kellys, los “riders” o trabajadoras de Servicios Sociales, entre muchos.
Miércoles 16 de mayo de 2018
¿Qué son las externalizaciones? Las externalizaciones de servicios o ’outsourcing’, es al día de hoy una modalidad de contratación en la que las empresas delegan aspectos de sus actividades a otras empresas. Aunque también se implementan de forma considerable en importantes servicios del sector público.
Respecto a la contratación de sectores de trabajadores con la finalidad de cederlos con carácter temporal a otras empresas, lo que antes del año 1994 era considerado “tráfico ilegal de mano de obra”, con la regulación de la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) al mercado laboral comenzó a ser una realidad legalizada. Para ello, ha sido clave el rol de los gobiernos de turno y la colaboración de las direcciones de los sindicatos mayoritarios.
Desde entonces las externalizaciones se han extendido exponencialmente. Lo que comenzó con la subcontratación de algunas actividades ha avanzado hasta hacerlo con las actividades más estratégicas, pudiendo cubrir hasta el 90% de la actividad de una empresa, incluida sus actividades esenciales, según un extenso informe de UGT. Esto a su vez fue espoleado por un mayor peso de los servicios en la economía del Estado, en detrimento de los sectores productivos.
Bajo las externalizaciones, mayor precariedad laboral
Los objetivos (capitalistas) son sintetizados en tres palabras: eficacia, especialización y calidad. Estas tres “cualidades” -nunca cumplidas- pretenden velar en qué se sostiene la verdadera “rentabilidad” de las empresas: condiciones de trabajo de alta precariedad, elevadas tasas de temporalidad y rotación, trabajo a tiempo parcial, subrogaciones de los contratos plenos de irregularidades, ritmos de trabajo altísimos, alta tasa de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales no reconocidas así como salarios por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). En pocas palabras, más ganancias para los patrones a costa la sobreexplotación a la clase trabajadora.
Las empresas y el Estado consiguen así la “flexibilización” de los recursos humanos con el consecuente ahorro de “costes”, soslayando así la mayoría de las veces los derechos que impone la legislación laboral.
La ecuación es siniestra. El discurso de la “especialización y eficacia” da como resultado el abaratamiento brutal de los costes laborales. Y la “calidad” de los servicios, si es que existe, está garantizada por los dolores de las trabajadoras y los trabajadores cuyos cuerpos no cesan de padecer enfermedades profesionales, por supuesto nunca reconocidas.
Las empresas que externalizan estos servicios a otras, pueden ser o bien a empresas existentes especializadas en el servicio que se pretende subcontratar, a empresas creadas a la sombra de la empresa principal y con evidente conexión y dependencia de ésta, o también a empresas “multiservicios” que amplían su oferta de servicios funcionando en los hechos como “agencias de colocación”.
La cesión ilegal de trabajadores, es decir, cuando una empresa que no es una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) pone a disposición de otra empresa un trabajador, limitándose a cederlo, es una de las figuras de fraude más grave de todo el ordenamiento laboral.
Si la externalización ha crecido como un virus, la respuesta de sectores de trabajadores y trabajadoras también. Nuevos procesos de lucha y organización vienen acrecentándose en los últimos años. Su experiencia y reivindicaciones explican como nadie qué son las externalizaciones, cómo actúan las empresas multiservicios y cómo se sufre la precariedad.
La lucha actual de Las Kellys, las que limpian los hoteles, fueron externalizadas a empresas multiservicios. En su mayoría pasaron del convenio de hostelería, donde cobraban por encima de los 1.000 euros, al de multiservicios o el Estatuto de los Trabajadores, donde reciben el SMI, poco más de 600 y en condiciones brutales de precariedad y explotación. Por ello pelean por la prohibición de las externalizaciones, su eliminación del convenio de Hostelería y la "Ley Kelly" para acabar con la precariedad.
Otro ejemplo, las trabajadoras y trabajadores de Servicios Sociales. Desde fines del los ’80 y ’90 la mayoría de los Ayuntamientos, al externalizar estos trabajos acabaron privatizando servicios públicos esenciales. Las empresas externas se benefician de contratos de concesión, que les permiten funcionar en régimen de oligopolio y facturando unos costes sobredimensionados mientras que el Estado reduce sus costes sobre un servicio que debe garantizar. Un ejemplo en este sector en Catalunya es CLECE, cuyo dueño es Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, SA) y del Real Madrid C.F.
También sectores de la juventud, como los llamados “Riders”, los ciclorepartidores de comida a domicilio de las aplicaciones móvil, obligados a darse de alta como autónomos aunque trabajan como asalariados. El “falso autónomo”, cada vez más extendido en múltiples sectores. Empresas como Deliveroo, Globo, Just Eat o la Nevera Roja contribuyen a presionar a la baja los salarios y las condiciones de uno de los sectores más precarios de la hostelería: la comida rápida a domicilio. La misma McDonalds acordó con Globo externalizar su servicio de delivery.
ETT 2.0: nuevas formas de precariedad laboral
Las empresas multiservicios (EMS), pertenecen a las grandes empresas constructoras, entidades especializadas en gestión de recursos humanos y compañías de seguridad privada. Beneficiándose de un gran vacío legal en relación a su actividad, fomentan la temporalidad y la precariedad de las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores.
Las EMS han entrado en auge con la regulación de las ETTs y se han expandido en la misma medida en que las ETTs han perdido peso en el mercado laboral, al quedar una serie de derechos regulados como la igualdad salarial.
Incluso a pesar de que las distintas modificaciones que se introdujeron a la ley 14/1994 por la que se rige, -en especial a partir del 2012-, que amplían las funciones y las competencias de las ETTs, una modificación hecha en 2014 regula que estos contratos deben celebrarse “bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada”.
No obstante, estas modificaciones no cambian las condiciones de precariedad de las empresas de trabajo temporal: sus contratos ’basura’ y la inestabilidad laboral siguen en curso. Aun así, surge su hija competidora: la subcontratación a través de las empresas multiservicios, que da vía libre a salarios más bajos en relación a los que se podrían percibir de la empresa, -basado SMI-, y por fuera de los convenios sectoriales.
Esto se debe, fundamentalmente, partir de la Reforma Laboral de 2012 del Partido Popular, que ha modificado sustancialmente la negociación colectiva, se dio prioridad a la aplicación de los convenios de empresa en detrimento de los convenios sectoriales lo que dio como resultado la proliferación de convenios de empresas multiservicios echando por tierra años de conquistas. Un reciente informe de UGT da cuenta de la existencia de 273 convenios de EMS, afectando a más de 60.000 trabajadores.
A diferencia de las empresas de trabajo temporal, los trabajadores y las trabajadoras de las EMS realizan generalmente una actividad de carácter permanente y sin las condiciones económicas y laborales de los trabajadores de la empresa principal, según sostiene el informe de la UGT.
Por último pero no menos importante, el modelo de precariedad es inseparable de la casi nula sindicalización y organización entre los trabajadores y trabajadoras en los grandes sindicatos, que dejan de lado a los sectores más precarios. Por otro lado, las prácticas antisindicales de las empresas son el pan de cada día, con el objetivo de ahogar toda resistencia a las duras condiciones impuestas.
