PANDEMIA Y VIVIENDA. Derecho a la vivienda: ¿o negocio para ricos y delito para pobres?

La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quieren desalojar a las familias que luchan por vivienda digna en un predio de Guernica. Su plan allí es construir countries.

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Cuentan con el aval del Poder Judicial que ordenó el desalojo y del Gobierno nacional que, sin ofrecer soluciones reales al problema habitacional, quieren sacar a las familias a toda costa de allí con campañas de desprestigio diciendo que son “delincuentes” y con falsas promesas.

¿Es nueva esta situación en la que el Estado interviene contra la población más pobre para favorecer el negocio inmobiliario?

En Argentina los primeros countries se construyeron a mediados de los años 40, pero el funcionamiento de los barrios cerrados se regimentó durante la última dictadura, por medio de la Ley-Decreto 8.912. Fue una de las tantas medidas neoliberales de la agenda genocida, acompañada con un régimen de terror y antiobrero. Al mismo tiempo que habilitaba un gran negociado, pasaba con topadoras por arriba de las casas pobres y desalojaba a los mismos miles que condenaba a la marginalidad.

Con dólares frescos de las privatizaciones, los grandes emprendimientos inmobiliarios dieron un gran salto durante el menemismo. El país vio emerger el lujo de Nordelta en 1998-1999. Este paraíso artificial se puso en pie mientras el país se hundía social y económicamente, con millones de desocupados y familias empobrecidas. Mientras, el Estado nacional desmantelaba las herramientas que garantizaban la vivienda para la población, por ejemplo, privatizando el Banco Hipotecario.

Según Clarín, entre 2005 y 2015 “la oferta de urbanizaciones privadas se expandió fuertemente en la zona de la Autovía 2, en la periferia de la ciudad de La Plata y Brandsen, y también en el Sudoeste del Gran Buenos Aires [...] El paisaje del Sur se transformó. La disponibilidad de tierras y el precio más accesible en la Zona Norte lograron un boom parecido al que explotó en Pilar en los años ‘90”. En 2015, cuando finalizaba la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires, se estimaban 1.000 emprendimientos cerrados y 100.000 unidades habitacionales (casas, departamentos, townhouses, entre otros) en todo el país. El 80 % estaban en la provincia.

¿Y las casas para los pobres? El censo de 2010 -tras el Gobierno de Néstor Kirchner y finalizando el primero de Cristina Fernández- marcó un déficit habitacional de 3.5 millones de viviendas. El Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) de 2016, marcó que “aproximadamente 4.000.000 de personas (935.000 familias) viven en los 4.416 barrios populares identificados en todo el país”. El 68 % de los mismos preexistían al año 2000. Los restantes se formaron con posterioridad.

La batalla de Guernica es una más en esta historia de guerra de los sectores más ricos y concentrados, contra la clase trabajadora y la población más empobrecida. Los Gobiernos siempre intervienen a favor de los primeros.

Permitiendo los negociados inmobiliarios a través de la Justicia, el Congreso y avalando la corrupción de empresarios que se apropian de tierras o se la compran al Estado por dos pesos.

Condenando a millones a vidas precarias y mandando a las fuerzas represivas cuando se deciden a luchar por algo mejor, como quieren hacer en Guernica.

En esta larga guerra capitalista para todos los gobiernos la vivienda ha sido un negocio para los ricos o un delito de los pobres. Nunca un derecho para todos y todas.

¡No al desalojo en Guernica! ¡Toda la solidaridad a las familias que pelean por vivienda digna!