Desaparición, muerte y encubrimiento. Facundo Castro: denuncian ante la ONU que el Estado argentino no investiga a fondo el caso

La Comisión Provincial por la Memoria, “ante las dilaciones en la investigación para conocer qué pasó con Facundo Astudillo Castro”, solicitó la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo hizo tras presentarle un nuevo informe sobre el caso, cumpliendo con su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires.

El organismo presidido integrado por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Dora Barrancos y demás personalidades considera “urgente que el Estado cumpla y averigüe las circunstancias de la desaparición y muerte del joven y se garantice con mayor celeridad que los responsables sean condenados”.

Algo que, como viene informando La Izquierda Diario, ni el gobierno de Axel Kicillof, ni el de Alberto Fernández ni las diversas instancias del Poder Judicial vienen haciendo, pese a los reiterados reclamos de la madre de Facundo, Cristina Castro, la misma CPM (querellante institucional), organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad.

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La agencia informativa Andar precisó que en julio, cuando se desconocía el paradero de Facundo Castro (y a solicitud de la misma CPM) la ONU “ordenó al Estado Argentino una serie de medidas urgentes para encontrarlo, llevar adelante una investigación independiente y brindar protección a los testigos que declararon en la causa cuyos testimonios fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial”.

La CPM envió en septiembre una serie de “observaciones preliminares” sobre el caso al Comité contra la Desaparición Forzada de Personas del organismo internacional. Ahora presentó un nuevo informe donde reitera el pedido de “medidas de protección para los testigos de la causa, el cese de la persecución de los defensores de los derechos humanos involucrados, la realización de las pericias requeridas y solicita se evalúe las actuaciones llevadas hasta el momento por la Justicia Federal”.

Entre otras cosas, el informe destaca que tras conocerse el 1° de octubre las conclusiones de los estudios realizados sobre los restos de Facundo, “llamativamente la Jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, emitió un comunicado donde hacía referencia a que Facundo habría alcanzado la muerte ‘sin participación de terceros’”. Como se sabe, esa definición la dejaron planteada en su informe final los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un grupo de profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), designados como peritos oficiales por el Poder Judicial. Solo la perita de la querella, Virginia Créimer, firmó en disidencia ése informe.

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Para la CPM, la taxativa aseveración de la jueza Marrón “es producto de una lectura sesgada del informe de la autopsia, donde se insinúa que la muerte no fue homicidio. Según lo declarado por la médica forense Virginia Créimer, perita de parte de la familia de Facundo Castro, en el caso se descarta in limine el suicidio y, sobre las hipótesis de accidente que se plantean, el informe explica que no hay lesiones vitales que, si se hubiera accidentado en el lugar, el cuerpo las tendría que tener”.

La Comisión por la Memoria destaca que al informe final de la autopsia deben sumarse “las pruebas que se siguen volcando a la causa a nivel testimonial, pericial y documental, resultado del trabajo de los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes lograron avanzar y superar los obstáculos interpuestos por el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez”. Así, remarcan, se puede “sostener como hipótesis que Facundo fue víctima de una desaparición forzada seguida de muerte”. Y por eso exigen “profundizar la investigación”.

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En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció sobre el caso y acompañó el cuestionamiento de la familia de Facundo, de la CPM y de muchos organismos de derechos humanos sobre “la intervención de la Policía Bonaerense, la misma fuerza sospechada de la desaparición del joven, en la investigación”. La CIDH, en su resolución 43/2020, remarcó la “necesidad de acciones urgentes” y reclamó al Estado “una investigación exhaustiva” donde, además, se garantice “la protección e integridad de los familiares y sus representantes”.

Como se sabe, hasta el momento ni el gobierno de Alberto Fernández ni mucho menos el de Axel Kicillof (que banca a la Bonaerense en todo lo hecho hasta ahora en el caso), como responsables máximos de los estados nacional y provincial, respectivamente, hicieron nada en el sentido que le vienen exigiendo la ONU y la OEA a través de sus dependencias específicas.

Como parte del informe de la CPM se remarca también “la intimidación a testigos por parte de las fuerzas de seguridad, a la familia de Facundo, a sus abogados, amigxs y compañerxs de trabajo” que, lejos de haber cesado en estos meses, “se han agravado con el paso del tiempo”. De hecho la CPM presentó dos veces al Poder Judicial federal hábeas corpus para proteger la integridad de esas personas, “pero las resistencias y la insuficiente gestión de la jueza Gabriela Marrón hace que continúe en trámite. Un caso que tiene estrecha vinculación con una grave violación de derechos humanos, que está en investigación, el estado de temor de los y las afectadas, ameritaban el dictado de la protección convencional requerida”.

Según la información difundida por Andar, “simultáneamente la CPM presentará un informe de similar contenido (al presentado ante la ONU) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otra parte, requerirá información a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires respecto del estado de las actuaciones relativas al accionar de los policías involucrados en diversos tramos de los hechos que se investigan del Partido de Villarino, de la ciudad de Bahía Blanca y de la localidad de Gral. Daniel Cerri”.