Terminal 5. Fallo judicial: la lucha del Puerto de Bs. As. da un nuevo giro

La concesión del servicio de la Terminal 5 (T5) del Puerto de Buenos Aires a la empresa BACTSSA culminaba este 15 de mayo. En septiembre del año pasado, BACTSSA inició una demanda solicitando que se prorrogue la concesión hasta 2022 -como al resto de las empresas que operan las otras terminales- y pidió una medida cautelar para que se suspenda el inventario y la constatación, tareas previas al fin del contrato de concesión, argumentando que quedaría una parte del puerto sin operar y que penden de ello 1000 puestos de trabajo.

Según los abogados del CePRODH consultados, el juez de primera instancia rechazó la medida cautelar, todo parecía indicar que finalizaba la concesión. A 2 días de terminarse, el 13 de mayo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución de segunda instancia y entonces hizo lugar a la medida cautelar solicitada. Ahora debe continuar la causa judicial para resolver si corresponde o no la prórroga, al igual que las otras dos concesionarias,Terminal 4 (T4) y Terminales Río de la Plata (TRP), que tras un acta acuerdo a finales de abril, se extienden hasta el 2024. Mientras todo esto ocurría en tribunales, BACTSSA comenzaba a retirar sus pertenencias, herramientas y maquinaria del puerto a los ojos de todos los trabajadores.

En medio de marchas y contramarchas judiciales, 1000 puestos de trabajo, 1000 familias con la incertidumbre en su sostén de vida. En ese tiempo, los portuarios supieron mostrar la fuerza que tienen controlando un resorte estratégico de la economía, protagonizando distintas movilizaciones y medidas contundentes como el bloqueo que paralizó durante 12 días el comercio exterior en la primera etapa del conflicto que puso el grito en el cielo de las cámaras automotrices, de frigoríficos y ligadas al agro que salieron a alentar la represión y el desalojo en defensa de sus ganancias.

Los propios trabajadores y el cuerpo de delegados realizaron presentaciones en el expediente judicial, que la justicia en su resolución toma como argumento indicando expresamente: “(...) resultan cuanto menos ilustrativas de la magnitud, trascendencia y gravedad de la contienda las manifestaciones llevadas a cabo en el pleito por el Cuerpo de Delegados de la Terminal Nº 5 del Puerto de Buenos Aires y el Personal Fuera de Convenio Colectivo de Trabajo de la misma terminal —en representación de los trabajadores afectados por las medidas sub discussio—, que advierten sobre los efectos (altamente perjudiciales) del proceder administrativo en examen, que derivarían, a su entender y entre otros, en precarización laboral y/o despidos para un conglomerado de más de 1000 obreros portuarios, aun en el marco de la pandemia producida por el virus SARS COVID-19”.

También se refiere al acta-acuerdo de la FEMPINRA y el gobierno, el fallo da cuenta que fue firmada "en forma espuria y a contramano de la voluntad de los trabajadores" y es parte del "acuerdo fraudulento celebrado a sus espaldas entre las cúpulas sindicales de las terminales TRP y T4 y la AGP S.E. —que habría sido denunciado ante la autoridad ministerial correspondiente—.” tal como denunciaron el cuerpo de delegados y los trabajadores.

Recordemos que el acta fue firmada el 29 de abril con el Puerto de Buenos Aires militarizado y causas penales a varios delegados de base y trabajadores, fue una entrega total de derechos de los portuarios, que entre sus consecuencias directas, avala el despido de más de 200 trabajadores fuera de convenio, el traspaso del personal efectivo de T5 como tercerizado bajo la modalidad de prestaciones discontinuas y de forma jornalizada, salarios a la baja en muchos casos, un tope máximo de 10 años de antigüedad para contabilizar vacaciones, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.

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Al mismo tiempo que salió a la luz esta decisión judicial, la AGP y el Ministerio de Transporte, decidieron extender las concesiones correspondientes a las otras terminales TRP y T4 hasta el 2024, además se otorgaría a la mayor marítima del mundo APM Maersk que opera en T4, parte de los terrenos y la operativa perteneciente a la T5.

Más allá de lo que suceda en este contexto, la responsabilidad por los 1000 trabajadores es del Gobierno Nacional, que a través de la AGP y el Ministerio de Transporte son los organismos que se encargan tanto de la gestión de los puertos como de las concesiones y demás contrataciones. Tiene que hacerse cargo de garantizar todos los puestos de trabajo que fueron esenciales durante toda la pandemia, estén o no bajo convenio, así como la integridad de los salarios sin descuentos ni rebajas.

No está todo dicho, el poder de fuego lo tienen los trabajadores

Ante esta nueva situación, con una empresa que comenzaba a vaciar su operatoria pero ahora con un fallo judicial que suspende el fin de la concesión al menos por seis meses y vuelve atrás los traspasos y los despidos, los trabajadores tienen más tiempo para retomar la iniciativa y hacer valer los reclamos que dieron origen a su lucha y que aun la propia justicia debe reconocer en los fundamentos del fallo.

El tiempo es oro en estos casos y con este fallo a favor, hay que reorganizar las fuerzas propias rápidamente. No se puede esperar lo que haga la empresa, ni la justicia, pero tampoco el gobierno ni las cúpulas sindicales, que nada les importo o fueron responsables directos de los despidos y terciarización. Ante eso es importante retomar las asambleas resolutivas, convertirlas en asambleas permanentes que incluya al conjunto de los trabajadores hayan estado o no la primera parte de la pelea, para decidir entre todos para que sean los trabajadores los que hagan pesar la balanza a su favor.

Es importante poner en las calles nuevamente la pelea, con las medidas que se voten en asambleas. Soldar la unidad del conjunto de las y los trabajadores de la T5 y extenderlo al resto de las terminales, ya sean efectivos, tercerizados y en especial los fuera de convenio que eran los excluidos de las actas. Ningún despido, ni una familia en la calle, todos los puestos de trabajo con todo los derechos adquiridos, contra la precarización y la terciarización, no más causas por luchar. En primer lugar hay que exigírselo al gobierno que es el responsable directo, incluida la garantía de que se paguen los salarios a los trabajadores que no son los responsables de ninguna de las situaciones que han enfrentado a la empresa y al gobierno.

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Esta noticia hay que llevarla al resto de las terminales y buscar la solidaridad para empezar el camino de una pelea común contra el avance que ya quieren hacer las empresas utilizando la excusa de la automatización para avanzar en la terciarización. La pelea por no perder ni un derecho más, por el pase a planta y convenio único es una pelea que unifica al conjunto, así como vacunas para todos los esenciales. El ejemplo de los trabajadores de la T4 que se acercaron a solidarizarse y llevar donaciones a pesar de la persecución y hostigamiento de la empresa y la burocracia sindical muestra que es posible dar esta pelea en el resto de las terminales de cara a los próximos meses, que también enfrentan la tercerización.

Una de las lecciones del conflicto reciente es que los trabajadores de la T5 no estaban solos. Las muestras de solidaridad de los distintos sectores como docentes de Ademys, Camioneros y de trabajadores de TecPlata y del Astillero Río Santiago, son también un gran punto de apoyo. Así como la Comisión de Solidaridad que se puso en pie en la zona junto a estudiantes, trabajadores de LATAM, tercerizados de Aerolíneas Argentinas de GPS y ferroviarios tercerizados del San Martín y Roca que vienen coordinando en concreto dando pasos para impulsar campañas comunes. Hay que aprovechar esta nueva situación a favor de los trabajadores para reorganizar su fuerza para poner el reclamo en la calle nuevamente, no hay tiempo que perder.