La decisión corre a cargo del juez Roberto Gallardo. Es hasta que regularicen y equipen a sus empleados las empresas no podrán llevar pedidos. Erróneamente, el fallo no garantiza que los trabajadores cobren sus salarios.
Viernes 2 de agosto de 2019 18:06
Este viernes, el juez Roberto Gallardo ordenó la suspensión de las actividades de las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión establece una suspensión hasta que regularicen y equipen a sus empleados.
En el texto de su resolución, Gallardo marcó que existe un "palmario incumplimiento de la normativa de orden público vigente” por parte de apps dedicadas al delivery.
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El fallo no hace más que constatar lo que es una evidencia: la absoluta precariedad del trabajo en estas empresas de la llamada economía de plataforma. La resolución judicial surge luego de una presentación realizada por la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM).
El magistrado también ordenó a las Visa Argentina S.A., Mastercard Cono Sur S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y American Express Agentina S.A. que dispongan la inmediata suspensión y bloqueo de las operaciones de Rappi, Glovo y Pedidos Ya.
La precariedad y el maltrato al que están expuestos los trabajadores y las trabajadoras de las apps volvió a quedar expuesto hace menos de una semana. Ocurrió cuando un trabajador sufrió un accidente y la empresa solo se limitó a preguntarle por el estado del pedido.
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Suspenden actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en CABA by La Izquierda Diario on Scribd
En el fallo se exige que las empresas garanticen a cada conductor casco e indumentaria con bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjetos reglamentaria con sistema de ajuste al vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes, así como libretas sanitarias. Al mismo tiempo establece que las empresas no podrán obligar a los empleados a costear esos gastos.
A pesar de que el fallo cuestiona correctamente el accionar de las empresas, no establece ningún mecanismo para evitar que esta resolución termine perjudicando a los trabajadores.
Entre las resoluciones establece que la Policía de la Ciudad podrá incautar los productos que transporten trabajadores si las empresas incumplen la decisión judicial. Al mismo tiempo señala multas de hasta $ 10.000.
Pero no dice nada de los ingresos que los trabajadores y las trabajadoras dejarán de percibir en caso de que esta penalización se lleve a cabo.
La precariedad que golpea a quienes se desempeñan en empresas como Rappi, Glovo y Pedidos Ya es enorme. Esta resolución no puede profundizarla más. Las empresas deben garantizar los ingresos de los trabajadores hasta tanto regularicen su situación.
