La noche de este martes fueron encontrados los cuerpos de 10 personas ejecutadas en el cerro Machohua, en Tixtla, colindante con Chilpancingo, en el estado de Guerrero.
Viernes 2 de diciembre de 2016
Los cadáveres de los 10 hombres ejecutados ayer permanecen tirados sobre el estacionamiento del Servicio Médico Forense de esta capital (Semefo), que según las autoridades “simplemente porque los cuerpos ya no caben en las cámaras frigoríficas”.
En el último periodo, Guerrero ha sido uno de los estados más azotados por la ola de violencia que han dejado las propias autoridades en complicidad con los grupos del narcotráfico y las fuerzas militares; Ayotzinapa, ha sido un punto de inflexión a nivel nacional causando un gran cuestionamiento al gobierno y el régimen mexicano de conjunto, sin que la violencia logre frenarse para las mujeres, los campesinos, trabajadores y la juventud en ese estado.
Según las cifras de las autoridades locales, estos últimos meses la cifra de homicidios ha aumentado, siendo ya 17 homicidios dolosos registrados en los últimos días. En el Semefo de Chilpancingo, que depende de la Secretaría de Salud estatal, existen dos cámaras frigoríficas con capacidad para almacenar 100 cuerpos y ambas se encuentran a su máxima capacidad.
Según han mencionado diferentes medios locales y nacionales, la imagen de los cuerpos destrozados por las balas que están tirados sobre el concreto “se compara a la de una zona de guerra de Medio Oriente, pero es Guerrero y en esta capital los médicos legistas no se dan abasto con los trabajos forenses”.
Mientras tanto el gobierno de Héctor Astudillo Flores construye un proyecto denominado Panteón estatal forense al poniente de esta capital, donde autoridades ministeriales y de Salud anunciaron que van a depositar al menos 400 cadáveres que permanecen sin identificar en las unidades del Semefo de Iguala, Acapulco y Chilpancingo.
Estos hechos contradicen claramente las recientes declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepada, que en días previos había afirmado que “la incidencia delictiva en cinco de los principales municipios de la entidad ha disminuido ’de manera extraordinaria’, en lugares como Acapulco, pero que la percepción social distinta se debe a un problema comunicacional”.
Mientras el gobierno federal y la propia Sedena ha propagado un ”cambio en la estrategia de seguridad nacional”, a la luz del descontento social por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los propios informes de la Secretaria de Seguridad Pública estatal (SSP), ha tenido que reconocer la últimas cifras; en 2011 se registraron 2 mil 158 homicidios dolosos; en 2012, 2 mil 310; en 2013, 2 mil 87; en 2014, mil 514; en 2015, dos mil 16 y en lo que va de este año de gobierno de Héctor Astudillo la cifra supera ya los 2 mil asesinatos.
Frente a esta escalada de violencia en Guerrero, es necesario frenar la política represiva y de militarización en el país. Pero para ello, es fundamental la participación activa de los sindicatos que se reclaman opositores al gobierno y el conjunto de las organizaciones obreras, buscando fortalecer luchas como la que protagonizó el magisterio disidente el año pasado, al frente de los paros, bloqueos, tomas de escuelas, que además lograron mantener lazos de solidaridad y el apoyo de otros sectores de la población.
