Se trata de los $619 millones que asignó el Ministerio de Justicia -vía trato directo- a la empresa privada de análisis de datos, Unholster, para el desarrollo de una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. Mientras que, las y los familiares de las víctimas de la dictadura exigen tomar decisión en la búsqueda de sus deudos.
Sábado 31 de agosto
Este 30 de agosto se conmemoró el día internacional del detenido desaparecido y diversas organizaciones sociales y políticas realizaron sus respectivos actos y encuentros para honrar la memoria de las víctimas de desaparición forzada en contexto de dictadura. El gobierno de Gabriel Boric también realizó un breve acto junto a la Agrupación Nacional de Detenidos Desaparecidos y anunció los avances del Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa del gobierno y que dio inicio en agosto del año pasado.
Sin embargo, para sorpresa del gobierno los familiares de detenidos desaparecidos fueron bastante críticos respecto al Plan Nacional de Búsqueda. “Hemos sido nosotros los familiares, quienes hemos buscado y luchado permanentemente para que se haga justicia en nuestro país, tanto en dictadura como en esta larga transición a la democracia. Hace un año atrás, valoramos y aprobamos el decreto del Plan Nacional de Búsqueda. Ese mismo día reconocimos el compromiso que este gobierno, por iniciativa de iniciar una política única en nuestra historia”, comenzó diciendo Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Gaby Rivera, señaló que “cuando se habla y se dice que la búsqueda es con los familiares, claramente no es concluyente que nos enteremos a través de la prensa de tomas de decisiones que son vitales“.
Se trata del reportaje de CIPER, el cual reveló que el Ministerio de Justicia adjudicó una licitación de $98 millones a Unholster para elaborar un anteproyecto de plataforma del Plan Nacional de Búsqueda. Cinco meses más tarde asignó directamente, sin concurso, otros $619 millones a la misma empresa para desarrollar la plataforma. La decisión del gobierno causó extrañeza en la comunidad de académicos especializados en desarrollos informáticos y también en profesionales de empresas del rubro. La reacción de las y los familiares también fue de sorpresa, ya que no han sido consultados durante este proceso.
En esa línea, Rivera instó a una “mayor transparencia, participación de los familiares y mejor comunicación en la toma de decisiones cuando hablamos del Plan de Búsqueda”.
“Exigimos que nada se haga sin nosotras. Resulta inaceptable que el Plan Nacional de Búsqueda se transforme en un ámbito de negocios”, agregó.
Mientras que, la situación de los sitios de memoria donde se honra la memoria de las víctimas de la dictadura, también está en una situación compleja: se han cerrado los proyectos por falta de financiamiento de fondos por poco presupuesto a este ítem.
