CRISIS Y REPRESIÓN. Familias de víctimas de gatillo fácil rechazan la extorsión policial a la que cedió Kicillof

Horas antes de que el presidente Alberto Fernández (el miércoles a la noche) y el gobernador Axel Kicillof (el jueves a la mañana) cedieran a los reclamos extorsivos de cientos de policías bonaerense en las puertas mismas de la quinta de Olivos y en la Gobernación de La Plata, familiares de jóvenes asesinados o que sobrevivieron a las balas de la misma Policía cuestionaron el reclamo impune de la fuerza.

El martes, luego de declarar en la causa por la desaparición forzada de Facundo y en medio de las protestas callejeras de la Bonaerense, Cristina Castro dijo a este diario que “más policías es más represión, es más represión a la gente”. Si bien la madre del joven desaparecido el 30 de abril y hallado muerto el 15 de agosto no cree que “todos los policías sean malos”, afirmó que mientras si “ellos salen a reclamar y todo el mundo los respeta” espera “que cuando el resto de la población salga a reclamar por sus salarios y sus derechos ellos tengan el mismo respeto”.

Por su parte Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán y referente del Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata, dijo también a este diario que la verdadera inseguridad “es la Policía en las calles. No es una consigna, es la realidad. Cuando hay crisis en este país siempre lo quieren resolver con palos, en vez de darle trabajo y educación a la gente”.

La madre del joven de 17 años asesinado por el bonaerense Diego Flores en 2013 (crimen que sigue impune), detalló que “este año se puso peor con lo de la pandemia y la cuarentena”, ya que “para los pobres la cuarentena es hambre y represión”, como se vio claramente con numerosos “casos de gatillo fácil, más asesinatos por torturas o falsos suicidios en cárceles y comisarías, más dos desapariciones forzadas, las de Luis Espinoza y la de Facundo Astudillo Castro”.

Fernando Leguizamón tenía 31 años y cinco hijos. El 22 de junio el policía bonaerense Rodrigo Valdez lo acribilló en Quilmes acusándolo de un robo que el agente supuestamente había sufrido minutos antes. Walter, tío de Fernando, consultado por este medio sobre la protesta policial dijo que “las consecuencias de esto son terribles, por la crisis que estamos viviendo, por los muertos que va a traer. Antes de empezar la pandemia la prioridad, supuestamente, era la crisis alimentaria. Pero tenías frigoríficos parados como Penta, con 300 obreros sin trabajar, o Cresta Roja con 2.000 suspendidos, en ambos casos con el gobierno dejando correr a empresario amigos”.

El tío de Leguizamón afirmó que “ahora le aumentan a la Policía en lugar de darle prioridad a la alimentación del pueblo y trabajo a la gente. Esto se solucionaría dándole trabajo a la gente, que está desesperada por conseguirlo”. El caso de Fernando sigue impune. Luego de tres meses la Fiscalía 3 de Quilmes aún no respondió el pedido para que la familia pueda presentarse como particular damnificada, ni tampoco cual es la situación procesal del policía Valdez.

Lucas Verón fue asesinado por la Policía Bonaerense en La Matanza, la noche que festejaba sus 18 años. Charlamos con su familia y le consultamos sobre los dichos de los policías, que entre sus reclamos planteaban que dejen de perseguirlos y juzgarlos injustamente. Ante esto Cintia, la hermana de Lucas contestó que en cada caso están todas las pruebas, sólo que se encubren entre ellos junto con la "justicia" todas las pruebas que pesan tanto sobre los asesinos de Lucas como sobre quienes encubrieron. Y señaló tajante: “de la policía siempre pienso lo peor”.

Por su parte Cristian, el tío de Lucas, señaló qué siguen “manejándose como una de las organizaciones criminales más grandes del país, y encima quieren que le paguen más". Y prosiguió: "“¡encima piden sindicalizarse! ¿para qué? para que cada vez que se manden una cagada tengan un sindicato que los avale y puedan reclamar. Es una vergüenza. Para mí la policía bonaerense debería dejar de existir."

Alan Maidana tenía 19 años, estudiaba en la Escuela Media Nº6 del Cruce de Varela y estaba terminando el último año del secundario, cuando la bonaerense lo mató. Consultado sobre el Plan de Seguridad anunciado por el Gobierno ante el chantaje policial, Matías, su papá, sostuvo: "Para mí la política de poner más policías en las calles es igual a más desapariciones forzadas, más gatillo fácil, más causas armadas y más corrupción " y agregó “Las demandas de la Policía son para que puedan hacer más gatillo fácil al cual están acostumbrados y a la represión hacia la juventud y la clase trabajadora sin que se los juzgue. Que puedan hacer sus malos desempeños sin que se los condene por actuar con la impunidad a la que están acostumbrados, a dejar familias destruidas y que no les digan nada".

Ignacio Seijas tiene 17 años. El sábado 20 de junio perdió un ojo por los balazos recibidos por policías que entraron, por “equivocación”, a allanar su casa en Villa Albertina, en Lomas de Zamora. Marina, su madre, dijo a La Izquierda Diario que “no se entiende por qué van a sacar más policías a las calles. Los que vamos a sufrir somos los trabajadores. Los abusos van a aumentar mucho, el gatillo fácil, nuestros chicos muertos. Los policías odian mucho y estigmatizan a nuestros chicos del barrio, por la vestimenta deportiva, por la gorrita, por las zapatillas. Si bien la mayoría de los policías salen de los barrios humildes lo primero que hacen es hacerlos odiar al ‘negrito del barrio’”, graficó.

Tras una dura lucha por justicia para Ignacio, sus familiares lograron que el subteniente del GAD de Lomas de Zamora David Daniel fuera preso por “homicidio en grado de tentativa” ya que le había disparado directamente a la cabeza a muy corta distancia. Sin embargo, a mediados de agosto, la Jueza de Garantías Marisa Salvo lo excarceló tras aceptar el pedido de cambio de carátula hecho por su defensa, con el argumento de que al haber disparado postas de goma “no tuvo intención de matar”.

Esa decisión escandalosa, realizada sin ningún cuestionamiento ni de Kicillof, ni de Berni ni siquiera de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, llevó a que la familia presentara una apelación con el respaldo de personalidades de los derechos humanos (no cooptadas por el Estado) como Nora Cortiñas, Patricia Walsh, Marta Ungaro, María del Carmen Verdu y Carla Lacorte, junto a legisladores y dirigentes políticos como Myrian Bregman, Nicolás del Caño, Alejandrina Barry, Claudio Dellecarbonara y Fernando Chino Navarro.

Precisamente Carla Lacorte, sobreviviente del gatillo fácil de la Bonaerense (el oficial José Salmo le disparó por la espalda en Quilmes en 2001), fue quien habló con los familiares de Leguizamón y Seijas para este diario.

En otro artículo, referido al lanzamiento del viernes en Olivos del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires, Lacorte definió: “se opta por fortalecer a una fuerza asesina como la Bonaerense, sobre la que están posadas todas las miradas por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y la multiplicación de casos de gatillo fácil, se refuerza el conjunto del aparato represivo y carcelario, en lugar de combatir la miseria que los propios funcionarios reconocen que lleva a un sector de los pobres a robar y que muchas veces es aprovechada por la propia Policía para obligar a los pibes a delinquir”.

“Las organizaciones obreras y estudiantiles tienen que tomar la lucha contra la represión en sus manos, como estamos haciendo desde el PTS y el FIT-U, empezando por la solidaridad con los que hoy están tomando tierras porque no tienen otra salida y que son las primeras víctimas de este dispositivo que denunciamos. Los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales mayoritarios tienen que romper su vergonzoso alineamiento con el Gobierno y salir a la calle para denunciar esta escalada”, afirma Lacorte en esa misma nota.

El martes la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) emitió un comunicado en el que repudiaba el “acuartelamiento y manifestaciones policiales por fuera de las leyes que regulan su servicio”, acciones “que pretenden condicionar al gobierno”.

“Las políticas de otorgar mayor poder a la estructura policial, que se vienen produciendo desde hace varias gestiones, lejos de mejorar el funcionamiento de una institución atravesada por la corrupción estructural y la desprofesionalización, le da mayor poder que luego que utilizan para funcionar como grupo de presión”, continuaron desde la CPM.

La definición del organismo presidido por Dora Barrancos y Adolfo Pérez Esquivel sobre que “estos acuartelamientos y manifestaciones son ilegales y así deben ser tratadas” evidentemente no es compartida por el gobernador Kicillof. Por el contrario, este jueves a la mañana el mandatario provincial se deshizo en elogios a la Bonaerense, reconoció la legitimidad y las formas del reclamo y, actuando en consecuencia, les prometió satisfacer absolutamente todas sus extorsiones.