Familias de los jóvenes detenidos y golpeados en Alto Comedero, junto a organismos de DDHH, tuvieron audiencia con el ministerio de seguridad por los hechos ocurridos el 1 de enero.
Lunes 25 de enero de 2021 18:00
Las familias de los jóvenes golpeados brutalmente el 1 de enero y detenidos, fueron convocadas a una reunión en el ministerio de seguridad gracias a que se vienen organizando y movilizando frente a la violencia policial. Se reunieron con Adriano Morone, secretario de relaciones con la comunidad y Mirta Juárez, coordinadora de la red de seguridad ciudadana del distrito de Alto Comedero.
Ante el relato de los hechos, desde el ministerio iniciarán una investigación sumaria, reconociendo que el accionar policial estuvo "fuera de los protocolos". Se comprometieron también desde las áreas a reunirse con los vecinos del barrio, dónde estás situaciones de violencia policial son cotidianas. Sin embargo, defienden el código contravencional, y ante la consulta por las causas armadas respondieron que seguirán su proceso de investigación.
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Una de las mamás, comentó que el operativo policial fue a las 9.30 hs de la mañana, ella se acercó a la comisaría al medio día y le dijeron que los jóvenes estaban detenidos por averiguación de antecedentes, pero luego, cerca de las 18 hs le dijeron que estaban detenidos por una contravención, consumir alcohol en la vía pública y disturbios. Es decir, en cuestión de horas armaron una causa y siguieron golpeando a los jóvenes hasta las 23.30 hs noche, que los liberaron luego de que uno de ellos tuvo una convulsión.
"Llegaron y comenzaron a golpearlos, a sacarlos del auto a la fuerza. Les pegaron a los padres que intentaron socorrer a sus hijos, a los vecinos que se acercaban a pedir explicaciones, tiraron balas de goma. No les bastó con retenerlos y golpearlos para llevarlos a la comisaría sino que allí los siguieron golpeando, cuando los chicos pedían asistencia médica no se la dieron."
También sumo al testimonio la irregularidad que presentan las actas contravencionales, además de que no les hicieron ningún test de alcoholemia si no que son causas armadas para justificar el accionar policial.
Estos hechos no son aislados, como denunciaron varios vecinos, todos los días se ven situaciones de violencia policial en el barrio, y si alguien levanta la cabeza, quiere defender sus derechos la respuesta es más palos. Persiguen, criminalizan, por ser humilde, por estudiar, por trabajar y por ser joven, se amparan en un código contravencional nefasto que no permite que te puedas tomar una birra en la puerta de tu casa o que no puedas reclamar por el derecho a la educación como pasó con los estudiantes de los CEIJAS.
El código contravencional, está vigente desde enero del 2016 pero fue aprobado en diciembre del año 2014 por peronistas y radicales. Como se viene denunciando desde distintas organizaciones es un código inconstitucional que pone límites al ejercicio de los derechos democráticos del pueblo jujeño, a través de la regimentación, criminalización, judicialización y persecución de trabajadores, jóvenes, mujeres y los pueblos originarios.
Las familias continuarán el reclamo contra la violencia policial y por la anulación de las causas. Es necesario rodearlas de solidaridad y sumarse a este reclamo para que no quede impune, sumar fuerzas y continuar la pelea por la derogación del código contravencional, contra la represión y la criminalización hacia la juventud y todo el pueblo trabajador.
