Derecho a la vivienda. Familias y organizaciones solidarias evitaron el desalojo en la toma de Cipolletti

En la mañana del miércoles se presentó el fiscal Gustavo Herrera con 50 agentes de Policía,entre ellos agentes del grupo especial COER, sin ninguna orden ni documento que dé respaldo legal al accionar, pero si con el respaldo político y material de la provincia y el municipio dirigido por Claudio Di Tella, por la que el fiscal dio órdenes a los efectivos y máquinas para desalojar a familias, muchas de ellas mujeres jefas de hogar que se encontraban solas con sus niños y niñas.

Las imágenes indignantes de las máquinas pasando por encima de las precarias casillas y la policía incendiando todo no tardaron en circular. Valientemente las familias resistieron el avance de este operativo criminal que pretendía destruir lo poco que tenían.

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Organizaciones sociales y políticas se hicieron presentes en el lugar para evitar el desalojo y en apoyo al reclamo por acceso a la tierra y su legítimo derecho a la vivienda. Ésta lucha se extiende por todo el país, como así también las amenazas represivas, como el ejemplo de Guernica, amenazado con un desalojo inminente respaldado por el gobernador Kicillof.

Quienes tienen la responsabilidad política de dar una respuesta al déficit habitacional, Juntos Somos Rio Negro y el Frente de Todos, muestran los dientes frente a la ocupación de tierras. Solo el Frente de Izquierda ha estado junto a las familias. Mientras quienes gobiernan, toleran todo tipo de provocaciones y exigencias de la derecha y los empresarios que especulan con terrenos para el negocio inmobiliario, garantizan la desigualdad social y que sea inaccesible para las familias trabajadoras acceder a un pedazo de tierra.

Un procedimiento signado por la ilegalidad y el atropello

El abogado de las familias, Martín Palumbo en declaraciones a La Izquierda Diario sostuvo que “el fiscal se presentó diciendo que iban a tomar posesión de los lotes ya que habían llegado a un acuerdo con las familias, sin embargo, no presentaron ninguna prueba de lo que decían, quienes eran las personas que habían firmado, cual eran los lotes, nada”. Las familias que se encontraban en el lugar del desastre son las mismas sobre las que hay una causa penal en curso y sobre la que la Jueza Martín, había desechado el desalojo el viernes pasado.

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“Fue un procedimiento totalmente irregular, el fiscal no actuó como funcionario judicial sino como un grupo de choque de la municipalidad llevando a la policía a ese lugar para criminalizar el problema de la vivienda y de la pobreza. Además, se puso en riesgo la integridad física de menores y sus familias”. Finalizó Palumbo.