Fue en respuesta al pedido realizado por la querella de Justicia Ya en relación a una causa por delitos de lesa humanidad. Días atrás, los dueños desalojaron de la zona a varias familias y la organización El Bosquesito vivero experimental, incumpliendo una medida cautelar.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Miércoles 7 de julio de 2021 00:01
Foto: Juan Cicale
El Juzgado Federal N°3 a cargo de Ernesto Kreplak hizo lugar a la presentación realizada por la querella para que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice una inspección al predio ubicado en la localidad de Hernández, donde funcionaba la fábrica de cal platense y que fuera denunciada en 2019 como centro clandestino de detención y tortura entre 1974 y 1979.
En el mes de marzo se había solicitado la intervención del EAAF con el fin de determinar la presencia de restos óseos. Desde la querella de Justicia Ya La Plata se aportaron los planos y un relevamiento del predio realizado durante tres años.
Sobre las hectáreas pesa una medida de no innovar que no fue cumplida por parte de la familia Larran, dueña de la propiedad, al ejecutar de la mano del juez Héctor Iacomini, titular del Juzgado Civil y Comercial n°21, el desalojo de las familias allí afincadas como del vivero El Bosquecito el pasado 1 de julio.
En la resolución que el juez Kreplak dictaminó este lunes, también solicitó a la Unidad Operativa Federal de La Plata que “se disponga de una consigna en el inmueble”.
¿Qué tendrán que esconder los Larran que, después de décadas de olvido de la fábrica, desalojan un colectivo vinculado al ambiente que durante diez años recuperó el espacio verde de Hernández y a familias que apostaron sus casillas en estos terrenos?
La colaboración civil en la última dictadura ya es de público conocimiento, principalmente, por parte del empresariado, aun así, muchos cómplices siguen sin ser juzgados y hasta ocupando lugares de poder.
Tal es el caso de los dueños de Fasacal: Jorge Larran fue funcionario municipal durante los años de la última dictadura. Hoy la familia sigue ligada al Estado, su hijo Germán Larran, integrante de la sociedad comercial de la firma, es subsecretario de Gestión Ambiental del municipio platense conducido por Julio Garro y quien solicitó el desalojo del predio.
La responsabilidad civil en los crímenes de la última dictadura sigue impune en la mayoría de los casos, quizás para la familia Larran comience otra historia.
