En medio de medidas económicas que favorecen a grandes empresarios, Fedecámaras exige más. Adán Celis, el nuevo presidente de la cámara empresarial, reclama privatización de las empresas. Se trata de un proceso que ya tiene años en curso, como ya aconteció con muchas otras empresas, solo que ahora piden aceleración.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Miércoles 30 de agosto de 2023
En una entrevista con Fedecámaras Radio, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) planteó el “respeto a la propiedad privada para generar confianza”, lo que se daría con la privatización de empresas que pasaron a la órbita del Estado en el pasado. Con todo un lenguaje empresarial, declaró que el Gobierno debe dar paso a que “esas 800 empresas que están en manos del sector público se puedan pasar de forma masiva a sus legítimos dueños”. Huelen el negocio a la vuelta de la esquina.
Si no es la entrega con la privatización completa, también afirma que “podemos encontrar modelos de encuentro, como el de Chevron, buscar una forma de trabajar entre el sector público y privado, en el cual el sector privado tenga garantías, mientras que el público tenga su retorno, perciba sus utilidades, sus impuestos”, argumentó. Justo buscan el ejemplo de una transnacional como Chevron que viene empeorando las condiciones de los trabajadores y haciendo los grandes negocios.
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Igualmente, el nuevo presidente de la cámara empresarial más importante del país, declaró que “queremos influir y tratar de conversar con todos los sectores del país e ir desmitizando el tema de las reuniones entre el sector privado y el Gobierno”. Es lo que da en llamar “una vocación para Venezuela”, en otras palabras, profundizar los acuerdos empresarios y gobierno, tal como ha venido aconteciendo, donde se garanticen sus intereses. Ni estas afirmaciones ni la mención de las más de 800 empresas, son casuales o en el aire, son negociaciones de un proceso que hace años viene en curso con respecto a estas compañías.
A inicios del 2021, desde las páginas de este diario decíamos: “Es sabido que en el sector el sector agroindustrial, supermercado y hotelería son decenas las empresas que desde hace mucho tiempo han pasado a manos de privados”. Y detallábamos en ese entonces las que al momento habían tomado relevancia noticiosa, como eran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) “donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A”.
Mencionábamos a Lácteos Los Andes (una gran procesadora de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) que la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) en ese momento en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa ya había pasado a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.
Como declaró también, en marzo de 2022, Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, cuando adelantó que desde el Gobierno se llevaba adelante un proceso que consistiría en la “devolución” de unas 50 empresas, pero que poco salía a la luz pública, pues las entregas se realizan en un contexto de silencio y hermetismo, amparados en la Ley Antibloqueo.
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Es sabido que esta cámara empresarial viene en entendimiento con el Gobierno de Maduro. Contentos con todas las medidas económicas, desde la liberación económica hasta una legislación laboral prácticamente esclavista y una política de total contención salarial y bonificación extrema del salario, a gusto de toda la patronal del país. Por eso es que declaran que el sector apoya las conversaciones que se están llevando a cabo entre Caracas y Washington, y se encuentran a la “expectativa” de que Estados Unidos pueda abrir “la flexibilización de las sanciones” a Venezuela. No piensan precisamente en alguna cuestión de soberanía frente a medidas coercitivas imperialistas, sino en los negocios y sus intereses económicos.
Recientemente se cumplieron cinco años del lanzamiento del paquetazo económico denominado “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”, luego de años de venir aplicando un brutal ajuste económico capitalista y antipopular. Medidas que durante mucho tiempo han beneficiado a los grandes empresarios nacionales y transnacionales, y descargando la crisis sobre la clara trabajadora y el pueblo, eliminando hasta los más elementales derechos y profundizando la desigualdad social en el país, como hemos explicado en un reciente video de Ángel Arias, integrante de la LTS.
Pero los empresarios exigen más aún, como es la privatización de las empresas que en su momento pasaron a la órbita del Estado, y que se las entreguen lisa y llanamente para su usufructo con el eufemismo de que se hace por el “futuro y recuperación” de Venezuela. Pero no es otra cosa que la recuperación de sus bolsillos con una de las manos de obra de las más baratas del mundo. Enfrentar todo este giro privatizador y entreguismo que lleva adelante el Gobierno de Maduro como también el que propone de la oposición patronal de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo.