SUELDO DE LOS POLÍTICOS. Feijóo se ríe de las clases populares y se sube el sueldo un 7,5%

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Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, verá aumentado su sueldo un 7,5% en 2017 alcanzando, los 73.000 euros anuales. Sus diez consejeros también tendrán una subida de sueldo, del 7% en su caso, alcanzando 67.500 euros y elevando el coste del ejecutivo autonómico a los 700.000 euros.

Se trata del segundo año consecutivo en el que Feijóo se sube el sueldo después de la subida del 1% del año pasado. Los 73.000 euros que cobrará suponen un 8,6% más que los que ganó en 2013 cuando decidió bajarse el sueldo un 7%. Pareciera que ahora ese sueldo no es suficiente, que ya hemos salido de la crisis o más probable, que después de las elecciones ya no necesita la búsqueda de legitimidad y se puede desenmascarar.

El sueldo de Feijóo no es un caso aislado sino mas bien la norma. El salario más bajo de un presidente autonómico es el de Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que se sitúa en los 59.500 euros. El más alto, con diferencia, el del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, con 145.500 euros, seguido por los 103.000 euros que gana Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hasta cuatro presidentes más cobran un sueldo mayor que Feijóo.

Que todo cargo público cobre como un maestro

El caso de Feijóo vuelve a mostrar sin tapujos el verdadero carácter de clase de esta democracia de y para ricos. Utilizando las herramientas que el Régimen pone a su servicio, se “cobra” mediante esta subida de sueldo (y sus sueldos previos), el trabajo realizado en favor de los grandes capitalistas y empresarios.

No hay que ir muy lejos, pues el pasado agosto el mismo Feijóo avaló a la patronal gallega con un préstamo de Abanca con valor de 600.000 euros, evitando así el concurso de acreedores.

Pero esto no es nuevo, ni se circunscribe al Estado español. Marx ya definía a mediados del siglo XIX que los Estados, junto a sus altos funcionarios no eran más que comités de administración de los negocios comunes de la burguesía. Y que duda cabe que tras la profunda crisis que aún hoy pagamos la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los inmigrantes, esta afirmación tiene tanta vigencia como entonces.

El sueldo del cargo público, en este caso del presidente de la Xunta, es un mecanismo central de la corrupción de las democracias burguesas. A través de estos sueldos se asegura que el “representante” político adquiera un poder adquisitivo, y por ende una realidad material bien distinta, bien diferenciada de la mayoría de la población. De este modo el cargo público responde, no a la mayoría de la población o tan siquiera a sus votantes, sino a aquel establishment que perpetúa el sistema que le otorga tal calidad de vida, es decir, los empresarios y banqueros.

Esta corrupción del sistema, legitimada y aceptada en el juego de las democracias burguesas, no es solo beneficiosa para el funcionario político. Todo lo contrario, es extensible a los diferentes aparatos estatales, pues todos cumplen una función en la tarea última del Estado burgués, el mantenimiento de los privilegios de la burguesía a costa de la opresión y la explotación sobre la clase trabajadora.

En este sentido, no solo los políticos, sino todos los altos funcionarios como los jueces y abogados del Estado, Inspectores, Generales militares, y un largo etcétera deberían pasar a cobrarlo mismo que un docente o trabajado cualificado.

Sus sueldos están totalmente alejados de la realidad, teniendo en cuenta que la mitad de la población gana menos de 19.200 euros anuales. Si 60.000 euros son los necesarios para vivir, ¿por qué no extenderlos a toda la población? Si con 19.200 es suficiente, ¿por qué no lo han de cobrar los políticos?

Por otro lado, es esencial el reparto del trabajo entre todos los trabajadores, tanto los ocupados como los desempleados para acabar con el paro. Respecto a la riqueza, la mitad de la que se genera va a pagar a los trabajadores y la otra mitad a los capitalistas.

Se trata entonces, no solo de que los representantes políticos y los altos cargos tengan una remuneración que sea la necesaria para vivir y no sea obscena, sino que las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares mejoren substancialmente.

Estas y otras demandas democráticas no podrán ser alcanzadas en los marcos de esta democracia burguesa. Es una utopía pensar en una democratización gradual del Estado capitalista, inclusive alcanzado puestos de gestión relevantes, véase el caso de Syriza en Grecia.

Tan poco adoptar esta consigna de forma interna y limitada a ciertos cargos públicos, como exige Podemos a sus diputados. La clave es pelear hasta el final por su aplicación. Es necesario exigir que esto se cumpla por parte de todos los diputados y representantes políticos, y hacer extensible esta exigencia al resto de altos cargos del Estado.