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Red Internacional
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“FUE MI PADRE QUIEN CERRÓ CON LOS MILITARES PARA QUE NO SALGAN”. Fernando Camacho y su padre son llamados a declarar en el Caso Golpe de Estado I

A más de un año y medio del inicio de los procesos contra Luis Fernando Camacho Vaca, su padre y otros en el “Caso golpe de Estado I”, vuelven a ser notificados para declarar en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. En octubre de 2021 fueron suspendidas sus declaraciones que debían realizarse en La Paz. Luis Fernando Camacho es el actual gobernador de Santa Cruz, ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los principales artífices del golpe de Estado de 2019, él declarará el martes 12 de julio. Mientras tanto los crímenes de lesa humanidad aún no llegan a los tribunales.

Sábado 9 de julio de 2022

Imagen: Luis Fernando Camacho muestra su cita a declarar (Foto: Patria Nueva)

Un día antes, declarará su padre, Jose Luis Camacho Parada, quien fue paramilitar en los 70 y tuvo un rol activo en la masacre de la UAGRM (Universidad Gabriel René Moreno) en el golpe de Estado de 1971 (Valverde: 2002, p.121) que instaló la dictadura de Hugo Banzer, luego fue presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz de 1981 a 1983. Han pasado más de 40 años de la masacre de la UAGRM y el golpe de Estado de Banzer, en los que participó Camacho Parada, y se mantiene la impunidad.

Según declaraciones de Camacho Vaca diciembre del 2019, fue su padre quien se reunió con policías y militares:

“Fue mi padre quien cerró con los militares para que no salgan; fue por esa razón justamente que la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos. La policia de la misma manera, fue mi padre, cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir fue que dimos las 48 horas, le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz, porque sabíamos que no iba a pasar nada...”

Ambos son de los principales denunciados en el proceso Golpe I, con cargos como conspiración y terrorismo. Este proceso es parte del caso Golpe de Estado, del cual Áñez ya tiene sentencia de 10 años por el proceso Golpe II, una sentencia insuficiente y que ya ha sido apelada.

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En las pasadas semanas ya fueron declarando por el mismo caso Jorge Tuto Quiroga, Carlos Alarcón y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, Samuel Doria Medina de Unidad Nacional y Marco Antonio Pumari de COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) que iba a declarar el viernes 8 de julio en la mañana desde la cárcel de Cantumarca, donde se encuentra con detención por la quema en 2019 del TED (Tribunal Electoral Departamental) de la ciudad de Potosí.

Se puede ver lo lento que ha ido avanzando los casos que implican a Luis Fernando Camacho que incluso luego de haber sido un actor central del golpe de Estado de 2019, hoy es gobernador de Santa Cruz como parte de la complicidad y negociación del MAS que ni ha iniciado los juicios que deberían ser los centrales por las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo que acabaron con la vida de 37 personas en noviembre de 2019. Tampoco se ha avanzado mínimamente en la investigación de las torturas ejercidas y las detenciones arbitrarias de finales del 2019. La falta de justicia ha venido siendo denunciada por las y los familiares de las víctimas del golpe en distintas protestas realizadas. Gloria Quisberth, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata ha manifestado anteriormente que “no hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes” y que “las muertes tienen que ser esclarecidas, esa es una obligación del Estado”.

El MAS viene negociando con los golpistas por un lado mientras por el otro se lava la cara con discursos exigiendo justicia, pero mantienen en impunidad a la basta mayoría de los responsables políticos y materiales del golpe de Estado del 2019. Mientras los golpistas hoy ejercen cargos en diversos niveles del Estado, los familiares de las víctimas de las masacres, las detenciones y la violencia estatal ejercida durante el régimen golpista siguen movilizados exigiendo justicia. Frente a eso, nos solidarizamos y llamamos a solidarizarse con las víctimas y sus familiares, porque la única garantía de justicia es la movilización del pueblo trabajador, del movimiento de mujeres y de la juventud.