Un acuerdo entre el FPV y la oposición patronal permitía anoche que Diputados apruebe la propuesta del oficialismo. El FIT presentó un proyecto alternativo por la nacionalización del sistema ferroviario bajo control de trabajadores y usuarios. Una patota de la Unión Ferroviaria estuvo presente en el recinto.
Jueves 9 de abril de 2015
Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación discutía el proyecto de ley para la creación de la sociedad de estado Ferrocarriles Argentinos. Al cierre de esta edición el debate continuaba en el recinto. Con los votos del FPV, UCR, PRO, Frente Renovador y otros bloques minoritarios, la norma se encaminaba a su aprobación. El Frente de Izquierda denunció que la estatización es una “nueva estafa” y defendió su propio proyecto de nacionalización integral de los ferrocarriles bajo gestión de los trabajadores y usuarios, proyecto elaborado junto a trabajadores del conjunto de las agrupaciones antiburocráticas del ferrocarril.
La sesión se había iniciado pasado el mediodía y, como es casi una costumbre, el kirchnerismo llevó a una patota amiga para el caso, que acomodó en la calle y en el interior del recinto. Si ya el SMATA había pisado los palcos de la cámara, la invitada del día fue la Unión Ferroviaria, cuyo Secretario General Sergio Sassia, es un aliado incondicional de Randazzo.
María Eugenia Zamarreño, diputada del FPV y randazzista de la primera hora, actuó como miembro informante del proyecto oficial, defendiéndolo a rajatabla. En su intervención confirmó que el proyecto sostiene la relación con los empresarios privados y señaló que “el Estado nacional va a poder reconvenir o renegociar los contratos o cancelarlos en caso de ser necesario”. La diputada reivindicó el llamado Open Acces que permite el acceso abierto a la red ferroviaria a los operadores privados. Añadió que, a propuesta del PRO, ese mecanismo se extendió al transporte de pasajeros, cuando el proyecto inicial solo lo contemplaba para el transporte de cargas.
No estuvo solo el Frente para la Victoria en la defensa del proyecto: contó con el apoyo de las bancadas de los bloques mayoritarios como el PRO, el FR y la UCR que acompañaron calurosamente al kirchnerismo. No es de extrañar ya que, como denunciamos en estas páginas, de ninguna manera implica una verdadera estatización sino una nueva estafa que, tras el manto de la “recuperación del patrimonio nacional”, esconde una nueva reprivatización y una amplia plataforma de negocios para las empresas nacionales y extranjeras. Como bien definió el diputado macrista Federico Sturzenegger, en una nota publicada en El Cronista días atrás, “el gobierno llama al proyecto ‘de Creación de Ferrocarriles del Estado’, pero bien podría llamarse ‘para Incrementar la Participación Privada en el Transporte Ferroviario‘ o ‘para Incrementar la Competencia en el Transporte Ferroviario Argentino’. No importa el título, lo relevante es el contenido”.
También durante la sesión de ayer Sturzenegger fue el encargado de reivindicar la iniciativa kirchnerista por presentar un sano “equilibrio entre la nacionalización extrema y la privatización absoluta”. Y afirmó que “tiene un balance y por eso, como dijimos, vamos a acompañarla”. Así quedó sellado el apoyo ferviente del PRO a esta ley.
Críticas desde la oposición
Las legisladoras Virginia Linares y Margarita Stolbizer hicieron uso de la palabra para defender su propio dictamen y señalaron que el proyecto del oficialismo se quedaba “a mitad de camino”, lo que dio lugar a suspicacias acerca de cómo actuarían durante la votación. También Claudio Lozano, de Unidad Popular, presentó un dictamen de minoría y denunció que el proyecto oficial era lo suficientemente ambiguo como para abrir paso a una nueva concesión del servicio. A pesar de estas críticas, tanto el dictamen de Lozano como el del FAP dejaban abierta la posibilidad a la participación empresaria en el sistema ferroviario.
Único proyecto alternativo
La izquierda, una vez más, fue la única que presentó un proyecto verdaderamente alternativo al del Gobierno (puede leerse acá). El dictamen del FIT fue defendido en primer lugar por Néstor Pitrola (PO), quien señaló que “empezamos con la foto de Mariano Ferreyra en nuestras bancas, denunciando que se trató de un crimen contra la clase obrera, contra los ferroviarios y a favor de la tercerización pergeñada entre la burocracia de Pedraza, las empresas y el gobierno”.
Además Pitrola defendió la ley alternativa de nacionalización del sistema ferroviario bajo control de los trabajadores y usuarios presentada por el FIT y denunció que el proyecto del gobierno "es literalmente un cuento chino" ya que crea una empresa que permite “barajar y dar de nuevo”, lo que profundiza la política de privatización.
A su turno Nicolás del Caño, del PTS en el FIT, denunció que "no es casual que la derecha del PRO y del Frente Renovador, junto a la UCR, voten al unísono con el Gobierno este proyecto, que abre las puertas para nuevas privatizaciones en esta área estratégica, como son los ferrocarriles. La presidenta Cristina Fernández reconoció en su último discurso ante la Asamblea Legislativa que las concesionarias se llevaron más de cuatrocientos millones de dólares anuales durante los últimos 12 años, y el proyecto de Randazzo no solo no les obliga a estas empresas vaciadoras a devolver lo que robaron, sino que les da nuevas prerrogativas, fundamentalmente en el sistema de cargas, al servicio de los sojeros y los capitales chinos".
El legislador por Mendoza agregó que “este proyecto está hecho para el beneficio de los sojeros y las grandes mineras” y denunció que “tiene el apoyo de funcionarios menemistas y el apoyo de esa burocracia asesina de Mariano Ferreyra de la Unión Ferroviaria que encontramos hoy en la puerta, una burocracia que va a seguir siendo parte de este negocio”. Finalmente Del Caño recordó los principales puntos del proyecto presentado por el FIT y rechazó la metodología que impera en el Congreso ya que “el reglamento de esta cámara nos impide votar nuestro proyecto y que adhieran otros diputados”.
Así la ley que el gobierno nacional presentó como una nacionalización del sistema ferroviario terminó siendo avalada por toda la derecha a la que el oficialismo acusa de noventista y neoliberal. Ese aval responde a que la nueva normativa no afecta la rentabilidad de los empresarios privados. Por el contrario, les abre nuevas oportunidades. Una confesión de que el proyecto, como lo definió la izquierda, es una verdadera estafa.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
