TRAS EL LOCKOUT. Festejan las patronales: el Gobierno eliminó las restricciones a la exportación del maíz

En el segundo día del lockout patronal y tras una reunión con el Consejo Agroindustrial, el Gobierno levantó por completo las restricciones a la exportación de maíz que estableció el 30 de diciembre.

Este lunes el Gobierno dispuso flexibilizar la medida autorizando un cupo de 30 mil toneladas por día. Pero el sector presionó por más beneficios.

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La medida inicial no duró ni quince días y el oficialismo retrocede con más beneficios a las patronales agrarias. Un nuevo premio que se suma a la reducción temporal de retenciones a la soja, al retroceso de la estatización de Vicentin luego de la estafa empresaria al Banco Nación, y al pago de salarios a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) como recibió la Sociedad Rural Argentina (SRA).

José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial, que participó de la reunión como representante de la Mesa Intersectorial del Maíz y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires afirmó “quedamos que se levantan la restricciones a las cuotas diarias. Y acordamos también el compromiso de monitorear, el Gobierno y el sector privado, que haya saldos exportables suficientes para garantizar el abastecimiento. Con lo cual es una decisión inmediata. Hay un compromiso de ambos sectores de sostener el flujo de mercadería”, según publicó el sitio Infobae.

Este miércoles se reunirá la Mesa de Enlace para analizar el acuerdo. Todavía no se confirmó si se levanta el lockout.

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En tanto, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en un comunicado señaló que “para el gobierno nacional es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de los precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones. Desde el Ministerio trabajamos para encontrar las mejores herramientas que nos permitan crecer con ese doble objetivo”.

Según el comunicado del Ministerio de Agricultura se acordaron los siguientes puntos de acuerdo:

• Sustituir el límite de 30.000 tn diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado.

• Consensuar un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el Programa Nacional Precios Cuidados, en el que se habló como ejemplo de la constitución de un Fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz.

• Proveer de la herramienta FOGAR a los fines de garantizar la cobranza de los vendedores de maíz en tiempo y forma, lo que impactara en el componente riesgo.

• Proveer y fomentar la herramienta de Warrant.

De “proteger el bolsillo” a premiar a las patronales

El Gobierno decidió suspender el registro de exportaciones de maíz con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno y destinar el cereal a sectores relacionados con la producción de carne aviar, porcina y vacuna. Pero la medida se realizó cuando las ventas al exterior del maíz eran del 89 %.

La medida se dio en un contexto donde los precios de las materias primas escalaron. En el mercado local la tonelada de maíz pasó de 8.000 pesos a casi 17.000 pesos en sólo ocho meses.

Las ventas externas del maíz son operadas por pocas firmas. Cinco empresas concentraron el 62 % de las exportaciones, entre las que se destacan Cargill, ADM Agro, Cofco, Bunge, y LDC Argentina. Una medida elemental para atacar esta estructura concentrada y extranjerizada que incide en los precios, es el monopolio estatal del comercio exterior.

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En una entrevista, en relación al lockout del campo Alberto Fernández declaró “yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada.” Sin embargo, con la medida tibia (que no fue) no es posible contener la escalada de precios. Los precios de los alimentos y bebidas acumularon en 2020 un incremento mayor al nivel general de la inflación.

La inflación erosiona el poder de compra de los trabajadores. El consumo de carne vacuna por habitante cerró en 2020 en 49,7 kilos anual, el nivel más bajo en cien años, según comunicó la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra). La promesa electoral del Frente de Todos del regreso del asado no se cumplió.

En esta crisis no todos pierden. El Gobierno decidió no afectar los intereses de los sectores que siguen ganando como los bancos, las empresas privatizadas y las patronales agrarias. Las patronales siguen de fiesta, mientras empeoran las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Es necesario un programa de otra clase que incluya un salario mínimo equivalente a la canasta de consumos mínimos calculada en $ 78.800 por la Junta Interna de Ate Indec, y la actualización automática de salarios en función de la inflación, el desconocimiento soberano de la deuda, y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, entre otras medidas.

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