Desde el pasado domingo entró en vigor el decreto ley del Gobierno que obliga a todas las empresas a llevar un registro de los horarios de entrada y salida de sus plantillas. Una medida que está abriendo el debate sobre las condiciones laborales en el Estado español.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 14 de mayo de 2019
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Desde el 12 de mayo, es obligatorio por decreto que todas las empresas lleven a cabo un registro de la hora de entrada y de salida de sus trabajadoras y trabajadores. Los primeros días de entrada en vigor de la medida han ido acompañados de mucho debate, tanto por el desconocimiento como por la incertidumbre sobre el alcance de misma.
Para el Gobierno de Pedro Sánchez el decreto que obliga a fichar en el trabajo es una medida para hacer frente a la precariedad laboral y los abusos en las jornadas de trabajo, según ha señalado el Ministerio de Trabajo.
La medida, que fue presentada hace dos meses, ya cuenta con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual ha sentenciado que los Estados “deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajado”.
El alcance de la medida, por ahora totalmente incierto, difícilmente vaya a remover los profundos cimientos de la precariedad laboral que se vive hoy en el Estado español.
El gran robo: 2.36 millones de horas extras no pagadas por semana
El fraude con las jornadas laborales, la no declaración de horas de trabajo y el no pago de millones de horas extras, ha sido una constante de las condiciones laborales implantadas en el Estado español mucho tiempo antes de la crisis económica iniciada en el año 2008. No obstante, desde entonces esta situación se ha agudizado hasta el punto de que la mayor parte de la clase trabajadora sufre algún nivel de precariedad laboral.
Según distintas estimaciones, en el Estado español se hacen 2,36 millones de horas extra a la semana que no son pagadas ni compensadas con tiempo de descanso, lo que es a su vez otra manera de no pagarlas. Estas representan prácticamente el 50% del total de horas extras que se hacen a la semana (6,45 millones).
El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que con la medida logrará regularizar esta situación. Pero sería iluso pensar que un decreto vaya a alterar de forma profunda las condiciones de precariedad laboral que se viven en las empresas, las cuales se han visto intensificadas con las últimas reformas laborales que el propio Gobierno de niega a derogar.
Fraude laboral y precariedad, business as usual
En la mayoría de las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas, así como en sectores terciarios como la hostelería, la irregularidad de las condiciones de trabajo está completamente normalizada. Son décadas de precarización, fraudes y abusos laborales en las que las empresas han encontrado todo tipo de fórmulas para evadir unas inspecciones de trabajo que, por otro lado, se muestran del todo insuficientes.
Es evidente que fichar en el trabajo sea obligatorio puede ser una medida que beneficie a las trabajadoras y trabajadores, de igual manera que la existencia de convenios colectivos y el Estatuto de los Trabajadores, a pesar de sus penosas condiciones, establecen un límite a la sed de ganancias del capital.
Pero el problema es que, de entrada, ni siquiera se cumplen en muchos sectores y empresas. Difícilmente el control de los horarios va a reflejar la realidad: en la práctica, para muchas trabajadoras y trabajadores va a suponer tan sólo un trámite burocrático más que van a tener que hacer día tras día falseando sus jornadas.
Las situaciones de precariedad laboral y temor al desempleo empujan a muchas trabajadoras y trabajadores a aceptar condiciones laborales totalmente irregulares, siendo más grave en el caso de las mujeres y de las personas migrantes.
En este sentido, habría que analizar en profundidad muchos de los contratos a tiempo parcial, como es el contrato de veinte horas mensuales, porque en la práctica son fórmulas que permiten a las empresas tener a toda la plantilla dada de alta en la seguridad social, evitando así las inspecciones, pero pagando el mínimo de cotización y con personas trabajando jornadas completas o incluso más de forma absolutamente irregular.
Tras décadas de ofensiva neoliberal, con la terciarización de la economía, las privatizaciones de empresas, las subcontrataciones, las externalizaciones, las empresas de trabajo temporal, las reformas laborales y la adaptación de las grandes direcciones sindicales a esta dinámica, resulta un insulto a la inteligencia que el Gobierno diga que mediante un decreto administrativo se van a “regularizar” las relaciones de explotación que sufre la clase trabajadora.
Trabajar menos, trabajar todos
Para los capitalistas “fichar” es una medida que no encaja con estos tiempos de “flexibilidad y dinamismo laboral”. Pero en realidad donde no encaja es en la propia dinámica de la explotación capitalista, donde las irregularidades son un secreto a voces que todo el mundo conoce. Y lamentablemente, acepta por las presiones de las patronales y la complicidad de las direcciones burocráticas de los sindicatos mayoritarios, que han dejado pasar todos y cada uno de los ataques contra la clase obrera en las últimas décadas.
En una sociedad en la que la clase trabajadora es la única creadora de riqueza, los capitalistas buscan absorber hasta el último minuto de las vidas de las trabajadoras y trabajadores, librando una batalla cotidiana a muerte por los tiempos de trabajo para incrementar sus ganancias.
La escandalosa cifra de 2.36 millones de horas extras no pagadas por semana -muy posiblemente menor que la realidad-, a la que había que sumarles los millones de horas robadas mediante contratos de prácticas no remuneradas, y pasantías, dan cuenta de la realidad que sufre la mayoría de la población trabajadora.
Pero también indican que mientras muchos tienen que trabajar todo el día y aun así no llegar a fin de mes, viéndose obligados a hacer horas extras que la mitad de las veces no les pagan, otros millones están condenados a sobrevivir en el paro, la miseria y la asistencia social.
El capitalismo se roba las vidas. Por ello la medida del gobierno es una burla. Si verdaderamente se busca terminar con la precariedad, el fraude laboral y el paro, hay una medida sencilla para lograrlo: imponer la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas entre todas las manos disponibles, sin reducción salarial y con un salario acorde al costo de la vida. Por ejemplo, estableciendo una jornada laboral de 6 horas de trabajo, cinco días a la semana. De este modo se podría acabar de un plumazo con la precariedad, las irregularidades y la imposición de las horas extras, al mismo tiempo que se pone fin al flagelo del paro.
Que fichar sea obligatorio para que se paguen las horas extras, cuando en la práctica el robo de horas de trabajo seguirá siendo el pan de cada día, no puede ser la solución. En cada empresa hay que imponer mediante la organización y la lucha que todas las horas se paguen. Pero, en perspectiva, la clave pasa por otro lado: que nadie tenga que someterse a horas extras para llegar a fin de mes y que todo aquel que lo necesite y quiera trabajar una jornada completa, pueda hacerlo. La consigna tiene que ser trabajar menos, para trabajar todos.
Un programa así, en beneficio de los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares, sólo puede lograrse afectando las ganancias milmillonarias de la minoría capitalista del IBEX 35. Resulta obvio que no será el PSOE, ni las cúpulas sindicales cómplices de CCOO y UGT, quienes se lo propongan. La propia clase trabajadora tiene que tomar esta tarea en sus manos.
