Entre los 400 mil correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto filtrados por un grupo de hackers activistas, destacan informes donde se siguen los pasos de organizaciones políticas, principalmente de izquierda, organizaciones sociales y organizaciones mapuche. Posterior al Pacto Por la Paz y durante la pandemia continuaron informes diarios por parte de la PDI que detallan cada incidente o manifestación en el país. También figuran convocatorias realizadas por redes sociales y otros informes de ciberinteligencia donde hacen "análisis de redes sociales" de grupos de izquierda.
Gabriel Muñoz Licenciado en Historia
Sábado 24 de septiembre de 2022
Se trata de la información "ultrasecreta" que da conocer los correos entre autoridades del gobierno anterior y los Jefes de la Defensa Nacional, la preocupación en la intervención del caso Camilo Catrillanca junto a detalles de los gastos operacionales de la institución castrense, y deficiencias en las labores de Inteligencia.
Las FF.AA son instituciones que fueron mayormente cuestionadas por el mayor fraude al fisco de la historia (Milicogate con más de 50 mil millones de pesos chilenos contabilizados) y violaciones a los derechos humanos durante la revuelta de octubre del 2019. El jueves 22 el general Guillermo Paiva dimitió a su cargo como jefe del Estado Mayor Conjunto, luego que se informara que habría estado en conocimiento de la filtración de correos que afectó a dicho estamento.
Por otro lado, la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS) suspendió su gira a Estados Unidos, quien acompañaba a Gabriel Boric en la gira por Estados Unidos. Fernández señaló un sumario administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes.
El foco de investigación del Ejército no es la defensa nacional, ni la protección de fronteras, ni la ayuda a la sociedad civil, sino la persecución a la oposición política. En el sur destacan los correos donde se busca vincular el robo de madera con el movimiento mapuche destacando la colaboración con empresas madereras que cooperan con las fuerzas represivas. Durante la rebelión popular se siguió a organizaciones de izquierda y de los presos políticos dando a entender que tienen agentes que observan o infiltran eventos u orgánicas para dar información directa a los generales a cargo del Estado Mayor Conjunto.
Los correos también muestran el negocio que representa la militarización del Wallmapu. El Ejército gastó más de 690 millones de pesos durante seis meses de ocupación a través del Estado de Excepción que inició Piñera y ha extendido el nuevo presidente Gabriel Boric.
Esta información devela el verdadero carácter de las FF.AA en Chile: son protectoras del orden capitalista y represoras de toda oposición política que provenga de la clase trabajadora, los sectores populares y el movimiento mapuche. Se coordinan con empresas privadas saqueadoras, disponen de agentes para vigilar y seguir a organizaciones de izquierda. Este rol de las FF.AA tiene antecedentes en el pasado. En los años ’50 el imperialismo norteamericano educó a una capa importante de oficiales de los distintos ejércitos en Latinoamérica para entrenarlos en la Doctrina de Seguridad Nacional, basada en el uso de las FF.AA para sofocar levantamientos o revoluciones dentro del continente, sirviendo como garantes el orden capitalista. Esta doctrina es la que fundamentó el golpe militar de 1973 en Chile y la violación sistemática de derechos humanos a través del terrorismo de Estado.
El gobierno de Gabriel Boric lleva seis meses prolongando la agenda represiva del gobierno de Piñera. Pese a su pose progresista y sus palabras llenas de vacíos derechos, el gobierno vigente del FA y el PC ha blindado la acción represiva del Ejército. Esto se condice con los dichos del presidente ante la ONU pasándose directamente a la negación de los presos políticos como Héctor Llaitul y los presos políticos de la rebelión.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
