Tras la movilización del 24 de octubre pasado, varias personas fueron detenidas arbitrariamente. Funcionarios macristas y del PJ pidieron la expulsión de cuatro detenidos extranjeros.
Martes 19 de febrero de 2019 21:15
El fiscal penal Federico Tropea archivó la causa por daños, resistencia y atentado contra la autoridad, que se abrió contra cuatro extranjeros y 22 ciudadanos argentinos, entre ellos referente de La Garganta Poderosa. Habían sido detenidos tras la represión de la Policía de la Ciudad contra quienes se manifestaban contra la aprobación del Presupuesto 2019.
La decisión de la fiscalía de cerrar la causa, se debe a que no encontraron ningún delito para imputarles a quienes fueron detenidos. Esto demuestra que las causas fueron armadas y que las detenciones solo tenían por objetivo criminalizar la protesta social.
Referentes políticos denunciaron las provocaciones policiales, y la cacería contra manifestantes. Incluso Myriam Bregman, diputada por el PTS-FIT, presentó pruebas que demostraron que agentes de la Policía de la Ciudad, rompieron vidrieras de un negocio para inculpar a manifestantes que se estaban desmovilizando.
Tal fue la puesta escena que montó el Gobierno, que horas más tarde funcionarios realizaron múltiples declaraciones sobre la necesidad de modificar las leyes migratorias, para deportar a los cuatro extranjeros detenidos.
En esta campaña el oficialismo no estuvo solo. Miguel Ángel Pichetto, quien lidera el espacio Peronismo Federal, sostuvo que "hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen".
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, horas después de la represión, salieron de una reunión de Gabinete, para confirmar ante la prensa que el Poder Ejecutivo impulsaría la expulsión de los extranjeros detenidos.
La ley indica que para la expulsar a un ciudadano extranjero, el Estado debe esperar al proceso judicial que indique la culpabilidad del acusado. El fiscal Tropea archivó esta tarde las causas por "inexistencia de delito".
Estas personas soportaron una larga serie de arbitrariedades, ilegalidades y atropellos contra libertades democráticas elementales. En consecuencia, el Poder Judicial debería investigar y juzgar a los efectivos policiales que llevaron a cabo estas detenciones. Vale aclarar que el accionar de las fuerzas policiales responde a definiciones políticas concretas, que en este caso intentan profundizar la criminalización de la protesta y la xenofobia.
El fiscal analizó la situación de cada uno de los imputados a partir de las cámaras de seguridad de la zona como principal elemento de prueba. El fiscal confirmó que no hay elementos que sostengan las imputaciones contra los 27 detenidos el 24 de octubre, tras la protesta contra el Presupuesto diseñado por el FMI, que horas más tardes recibió media sanción en el Parlamento con los votos peronistas, de Evolución Radical de Martín Lousteau, además del oficialismo y otros bloques provinciales.
