Se retiran los tres ferrys que alojaban a los miles de guardias civiles y policías nacionales. Continúa la represión y los procesos judiciales en un escenario político aún incierto.
Jueves 4 de enero de 2018 08:37
Foto: Twitter - Crucero donde se alojó la Guardia Civil durante la represión y la ocupación de Catalunya
Después de un operativo policial sin precedentes que se prolongó durante más de 100 días, el 30 de diciembre se puso fin finalmente a la denominada “Operación Copérnico”.
Para ésta, el Ministerio de Interior llegó a movilizar tres ferrys abarrotados de miles de Policías Nacionales y Guardias Civiles de distintos puntos del Estado que atracaron en el puerto de Barcelona el 21 de Septiembre.
El ministro Zoido dio por concluido el operativo el pasado 30 de diciembre, un operativo que en un principio estaba previsto para unos 15 días, en especial para evitar el Referéndum del 1-O, pero que se extendió sucesivamente en el tiempo hasta finales del año.
Así, El “Moby Dada”, célebremente conocido como “el Piolín”, se retiró del puerto a mediados de noviembre mientras que el barco “GNV Azzurra” lo hizo los últimos días del año. Este martes pasado, la partida del “Rhapsody” del Port de Barcelona -el último de los cruceros- puso fin al polémico operativo conjunto comandado por un coronel de la Guarda Civil.
1-O
A pesar de que Diego Pérez de los Cobos, quien estuvo al mando del operativo, haya calificado el accionar desplegado por los Mossos de Esquadra como “inoperativo” e “ineficaz” y “orientado a aparentar el cumplimiento del mandato del TSJC" para impedir el referéndum los números indican otra cosa. Los Mossos cerraron 130 colegios mientras que la guardia Civil y la Policía Nacional hizo lo suyo en 92 puntos de votación. Con la particularidad de que en 26 de estos centros hubo violentas cargas contra cientos de personas apostadas pacíficamente para poder votar. Lo que hace difícil creer la afirmación de que “en ningún caso la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes” como sostiene de los Cobos. Estas violentas cargas dejaron un saldo de más de 1000 personas heridas que fueron atendidas por los Servicios de Emergencias Médicas.
Sin embargo, gracias a la movilización de centenares de miles, buena parte de los más de 2.300 puntos de votaciones siguieron funcionando y el referéndum pudo realizarse. Dejando a su vez una serie de estampas de brutal represión que tuvo repercusiones internacionales a pesar del silencio de los mandatarios Europeos.
Protestas, represión y procesos Judiciales
La población en Catalunya dio muchas muestras de protesta por el desembarco policial en el territorio. Protestas que discurrían también en los hoteles donde muchos de estos efectivos se alojaban. Incluso en Calella, policías de paisano y Guardias Civiles fuera de servicio cargaron contra estas protestas vecinales con porras extensibles. Varios hoteles que alojaban a los agentes, tanto en esa localidad, como en el Bruc, Pineda de Mar o Figueres les fueron negando la estancia debido a las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar los días posteriores al 1-O. Estas manifestaciones han llevado a más acciones por parte de la judicatura, las últimas, las detenciones de dos concejales de la CUP en Reus, que se suman a la larga lista de encausados, presos e investigados, que van desde profesores de colegio, hasta Puigdemont en su exilio en Bruselas.
Una realidad represiva que también tiene su reflejo en el resto del Estado en donde se acabó el año con un aumento significativo de la persecución y criminalización de periodistas, twitteros, artistas y activistas políticos y sociales.
Después de las polémicas actuaciones del 1-O los efectivos traídos quedaron en un segundo plano, quedando incluso el peso de las operaciones del 3-O y el 8N en manos de los Mossos d’Esquadra. Mientras los guardias Civiles y los Policías Nacionales estaban encargados de la custodia y protección de los edificios oficiales hasta su retirada escalonada.
Zoido comparecerá en el Senado el próximo 18 de Enero, donde deberá dar cuenta del operativo del cual oficialmente aún se conoce muy poco ya que, según el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, hacerlo ponía en riesgo la “seguridad de instituciones y personas” para lo que invocó la “ley de secretos oficiales” -que rige desde 1986- para no informar al parlamento de los detalles de la operación. Por lo que, hoy día, no sé conocen ni siquiera los datos oficiales del número de agentes movilizados o el coste total del operativo.
Por su parte, el Juzgado de instrucción 7 de Barcelona así como otros 8 juzgados más, han solicitado a la Policía Nacional, que identifique a los miembros de su cuerpo que tomaron parte del despliegue del 1-O ya que constan más de 130 denuncias por lesiones, entre las que se cuenta la de una persona que perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma, prohibidas en Catalunya. Incluso a pesar de que la fiscalía pidió archivar las causas para que no tuviera lugar el proceso. Lo que sin duda tendrá un largo recorrido en la, selectivamente lenta, justicia española.
Un actor político que si bien es difícil decir que es independiente del gobierno sin que se escape alguna risa, lo que está claro es que tiene sus propios intereses como casta que pervive a unos y otros gobiernos, y que en el régimen aún más represivo que se está prefigurando está llamada a cumplir un papel de primer orden.
Sin embargo, si como decía el General Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, a pesar de la “retirada de tropas” del Gobierno central, eso no significa ni mucho menos el cese de las hostilidades al movimiento democrático catalán por el derecho a la autodeterminación y la independencia.
Aunque se retiraron sin cumplir su objetivo -evitar el referéndum- y perdieron la “batalla del 1-O”, están ganando “la guerra” por la “sagrada” unidad de España producto de la desbandada de la dirección del movimiento, asustada por las fuerzas con las que ella misma había estado jugando hasta ese momento y no contar con una alternativa de clase.
Así como por el silencio de la dirección de Podemos en el resto del Estado que se ha negado a levantar un movimiento de solidaridad con el pueblo de Catalunya, contra la represión y por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la única manera de pelear consecuentemente por acabar con la monarquía en todo el Estado.
