Jorge Abbott, fiscal nacional, declara frente a la actual tramitación de la Ley de “indulto”: “Hemos dicho desde hace tiempo que nos parece delicado, grave, que pueda amnistiarse en este caso delitos de especial gravedad." (...) Añade además que de aprobarse esta iniciativa, “no habría razón para que las personas no esperaran que en el futuro se dictara una nueva ley de amnistía y, en consecuencia, no se inhibieran conductas que han causado mucho daño a muchas personas, muchos perjuicios a las personas y también a la propiedad pública y privada”.
Jueves 20 de enero de 2022
Actualmente la Ley de Indulto, se encuentra en tramitación en la cámara de Constitución del Senado, donde tras la propuesta del Senador de la centroderecha Francisco Huenchumilla, ya se habría aprobado el cambio de terminología jurídica pasando a ser un proyecto de amnistía acotada.
¿Pero qué significa esto? Si bien este cambio de terminología implica que además de la pena, se elimina o “perdona” el delito; también restringe a quienes puedan ser beneficiados con esta ley al someter a trámite un catalogo de delitos, donde quedarían excluidos aquellos como incendio, homicidio frustrado, control de armas, infracción a la seguridad del Estado, entro otros. Y donde a su vez se podría incluir en dicho catálogo aquellos delitos cometidos por agentes del Estado y violadores de los derechos humanos, quienes podrían acceder a esta Ley y quedar sin cargos a pesar de haber mutilado, asesinado y torturado en época del estallido.
Respecto a esto, el electo presidente Gabriel Boric señala: “Puede ser la figura de la amnistía, del indulto, pero lo que importa es que esa prisión injusta y extendida que han tenido muchas personas pueda terminar (…) En esto se requiere la concurrencia de la derecha para lograr los votos”. Declaración que ignota las más de 400 de víctimas de trauma ocular, las decenas de muertes, y las sistemáticas vejaciones perpetradas por la institución represora del Estado; manteniendo y asentando la lógica de la completa impunidad del aparato represivo del estado.
El proyecto aún no se ha aprobado en su totalidad en la cámara de Constitución, y se espera que la siguiente sesión zanje este catálogo de delitos que involucraría la nueva ley, y el quorum que requerirá en el la cámara baja para su posterior tramitación, y en este sentido, de adoptar el carácter de Ley Orgánica Constitucional requeriría de un mayor quorum, donde se necesitarían votos de la derecha para obtener una votación favorable para la iniciativa.
Frente a esto, las palabras del fiscal nacional no sorprenden, ya anteriormente había manifestado sobre la ley de indulto que “normaliza la violencia y la delincuencia común”; ignorando y siendo cómplice durante su cargo, de todos los delitos cometidos por agentes del estado contra la población, desde la revuelta hasta la fecha.
Por su parte, la Senadora del oficialismo Luz Ebensperger, comparó los delitos como lanzar piedras a Carabineros, mientras oficiales disparaban balas, perdigones y lacrimógenas contra manifestantes. Reiteró su rechazo a la propuesta de indulto y al impulso que le ha querido dar el presidente electo Gabriel Boric.
Ante esto es que la tramitación se alarga mientras son 144 las personas privadas de libertad por manifestarse contra la herencia de la dictadura y el Chile de los 30 años, con juicios sobre extendidos, y donde en algunos quienes están privados de libertad ya llevan más de un año lejos de sus familias, sin tener ninguna prueba contundente en su contra. La vida de todos ellos no puede quedar a los tiempos de la derecha y la centroderecha. Por que además de alargarse la tramitación, se limitan cada vez mas el numero de beneficiados por esta ley. Mientras se favorece a los funcionarios de FFAA y de Carabineros, dándoles la posibilidad a aquellos que mutilaron y arrebataron la vida de decenas de personas durante el estallido, de quedar sin ninguna condena y en completa impunidad.
Es en este sentido que hace mas de una semana, desde la agrupación anticapitalista Vencer, junto a organizaciones y a más de 45 familias de presxs políticxs, se viene impulsado la “Iniciativa Popular de Norma por la Libertad de los presos políticos de la rebelión” Nº48.358, en torno a la que se busca levantar una gran campaña por la recolección de las 15 mil firmas necesarias para que esta iniciativa se discuta en la Convención Constitucional. Además de esta recolección, la campaña busca visibilizar y amplificar la lucha por la liberación de lxs presxs políticxs, y fortalecer la organización y articulación en torno a esta causa.
El camino para lograr cambios profundos y para conquistar la libertad de todos ellos y ellas, es a través de la movilización y organización de familiares, y amplios sectores de estudiantes, trabajadores y pobladores. Desde la agrupación Vencer hacen el llamado a que se siga difundiendo y apoyando la campaña para poder llegar al número de firmas necesario, y así demostrar que siguen siendo miles quienes aún a años de la revuelta, exigen la libertad de quienes salieron a luchar para vivir una vida que merezca ser vivida.
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